No fue la sentencia del TSJC sobre Emalsa, aquella de 2010 que desandó el camino andado, aquella que dijo digo donde había dicho Diego, la única en la que se escamoteó a las partes la urgente sustitución de un magistrado. En los archivos del Consejo General del Poder Judicial hemos encontrado (y repescado) una llamativa denuncia presentada por el Ayuntamiento de Telde contra la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo por los grandiosos acontecimientos que rodearon la resolución de un recurso de apelación interpuesto por la empresa Hermanos Santana Cazorla. Corría el mes de julio de 2009 cuando Santana Cazorla recurría un auto de un juzgado de lo Contencioso que, en primera instancia, desestimaba unas medidas cautelares reclamadas por la empresa en una de sus sonadas pugnas con la institución municipal. Según el relato de hechos que hace el denunciante, la Sala que preside el magistrado Francisco José Gómez Cáceres fue capaz de resolver el asunto en el meteórico plazo de 24 horas. Pero veamos cómo.