Va a dar mucho que hablar, como les hemos anunciado aquí, la reciente sentencia del TSJC anulando los permisos de urbanización para el parque marítimo de Jinámar, obra que ejecuta cada vez a mayor velocidad el empresario Ambrosio Jiménez. El Gobierno, que ha ganado el pleito, reconoce vergonzosamente su poco interés por ejecutar la sentencia, lo que significa que se consolidará una ilegalidad por la vía de los hechos consumados. Un estímulo fantástico para los miles de ciudadanos que cada día sufren la ejecución de sentencias por parte de las Administraciones públicas. No sabemos los nombres, ni tienen especial valor, pero ¿alguien puede explicarnos por qué los jueces no accedieron a la paralización cautelar de las obras en las dos ocasiones que tal medida se solicitó por el conducto reglamentario? ¿Descontarán de la nomina de esos jueces el importe de lo que los contribuyentes vamos a perder ahora? ¿Podrá acogerse cualquier ciudadano en lo sucesivo a la doctrina Jinámar cuando el Gobierno quiera ejecutar una sentencia en su contra?