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La Fiscalía pide cinco años de prisión para tres empresarios por sobornar a concejales del sur grancanario

Los acusados compraron supuestamente la voluntad de dos ediles del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que tomaran ilegalmente decisiones favorables a sus intereses

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El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de cinco años de cárcel para tres empresarios de Gran Canaria por comprar mediante sobornos a dos concejales y varios empleados del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que tomaran ilegalmente decisiones favorables a sus intereses.

La Fiscalía de Las Palmas ha hecho público este viernes los cargos que dirige contra ocho imputados en el llamado caso Paraíso, una trama en la que se investiga si determinadas decisiones que adoptó el principal municipio turístico de Gran Canaria entre 2006 y 2007 fueron inducidas mediante cohechos por dos constructoras.

El concreto, el fiscal acusa a los empresarios Alejandro Navarro Miñón, de Mazotti SA, y Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Esteban Hernández Perera, de Construcciones Hernández Perera SL, de haber comprado la voluntad del concejal del PSOE Francisco Guedes García, con favores valorados en más de 243.000 euros.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que esas dos empresas pagaron las reparaciones que precisaba el barco de excursiones turísticas de Jonás Guedes, el hijo de concejal, y una obras realizadas en la casa de la familia Guedes (3.600 euros).

A cambio, Mazotti consiguió que se le adjudicara sin procedimiento ni publicidad una obra por importe de 261.742 euros y Construcciones Hernández Perera estuvo a punto de lograr que el Ayuntamiento desafectara, con informes hechos a la carta, un campo de fútbol municipal que estaba interesado en comprar, en un operación que solo se frustró porque acabó la legislatura y cambió el gobierno.

La Fiscalía sostiene que Francisco Guedes García contó con la complicidad dentro del ayuntamiento para llevar a cabo esos manejos del concejal de Contratación y Urbanismo de la época, José Juan Santana (NC); el arquitecto técnico municipal, Fernando Rivero; y el funcionario de Urbanismo y secretario accidental del Consistorio en aquellos momentos, Antonio Muñiz González.

A este último, el Ministerio Público le acusa de haber cobrado 24.040 euros de Construcciones Hernández Perera SL por encaminar el expediente que habría de facilitar a esa empresa la compra de los terrenos del campo de fútbol de Aldea Blanca, una vez desafectados.

El fiscal pide 11 años y nueve meses de cárcel para Francisco Guedes por dos delitos de cohecho, uno de prevaricación y otro de tráfico de influencias; ocho años de prisión para su hijo Jonás (dos cohechos); y siete años y dos meses de reclusión para José Juan Santana (prevaricación, falsedad en documento público e infidelidad en la custodia de documentos).

Para el arquitecto municipal Fernando Rivero, demanda cinco años y dos meses de prisión (falsedad y prevaricación), y para el funcionarios Antonio Muñiz, propone seis años y nueve meses (cohecho y tráfico de influencias).

Finalmente, los tres empresarios imputados en la trama (Alejandro Navarro Miñón, Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Esteban Hernández Perera) se enfrentan cada uno de ellos a posibles condenas de cinco años de cárcel por un delito de cohecho.

El Ministerio Público subraya que esta presunta compra de voluntades se produjo tras una moción de censura que desplazó al PP de la Alcaldía (2005) y que derivó en un gobierno de coalición de PSOE, Nueva Canarias y Centro Canario Nacionalista en el que "el voto de cada uno de los concejales era determinante para la aprobación de los asuntos llevados al pleno municipal".

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