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Vía libre al inicio de las directrices de ordenación del suelo agrario en Canarias

El objetivo global que se plantea esa futura regulación integral, contemplada en la Ley del Suelo, consiste en que el sector agropecuario local sea cada vez más relevante dentro de la economía regional

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Consejo del Gobierno que tuvo lugar este lunes

Consejo del Gobierno que tuvo lugar este lunes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto de inicio de elaboración de directrices de ordenación del suelo agrario, documento que tiene como objetivo proteger y promover la actividad agraria en las islas y que será encargado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.

La redacción de esas directrices está incluida en la Ley del Suelo y ha de seguir tres criterios fundamentales: promover un desarrollo sostenible de esa actividad, proteger y promover las actividades agrarias tradicionales y conservar los suelos de interés agrario.

En este sentido, el plazo para su redacción y posterior aprobación es superior a 30 meses e incluye al menos cuatro periodos de consulta pública durante su desarrollo.

El archipiélago cuenta con una superficie agraria útil de 140.000 hectáreas, lo que supone el 18,75% de la superficie de las islas. De esa superficie, se cultivan unas 44.000 hectáreas, por lo que el objetivo es poner en uso agrario parte de ese espacio ahora baldío.

El consejero del área, Narvay Quintero, ha asegurado que lo que se pretende es que "el sector gane peso en la economía de las islas y genere nuevas oportunidades de negocio, aparte de crear empleo".

En la actualidad, el sector primario ocupa el 1,44% del Producto Interior Bruto de las islas y genera más de 20.000 empleos directos.

Las directrices de ordenación deben definir criterios de clasificación y categorización de los suelos agrarios detectados por el mapa de cultivos de Canarias, que está actualizando y publicando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, así como de las instalaciones ganaderas existentes.

Además, establecerá criterios de homogeneización de la normativa vigente y definirá criterios de proporción y adecuación de usos, actividades y construcciones complementarias, tal y como prevé la Ley del Suelo.

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