Las personas acampadas ante una sucursal bancaria de Coria del Río (Sevilla) en demanda de la reestructuración de sus hipotecas han comparecido este lunes como imputadas en los Juzgados de Coria, merced a una denuncia promovida en su contra por la dirección de dicha sucursal, por presuntos delitos de desórdenes públicos, injurias, ocupación indebida, acoso y daños, según ha informado a Europa Press una de estas activistas de la Plataforma por la Hipoteca (PAH).
Los imputados, según esta portavoz del colectivo, se han negado a responder a las preguntas de los abogados del banco Santander, al que pertenece la sucursal, negando los cargos que pesan en su contra y defendiendo que la acampada en cuestión tiene carácter “pacífico” y está destinada a reclamar soluciones a familias en casos “extremos”.
Estas cuatro familias; una de Coria, una de Camas y dos de Sevilla, concertaron préstamos hipotecarios con la entidad financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), para la adquisición de sus viviendas, pero se habría tratado de hipotecas “basura” cuyo posterior impago como consecuencia del deterioro de sus economías domésticas ha revelado los “abusivos” términos de tales préstamos hipotecarios.
“Se han hipotecado en muchos casos más de una vivienda, por lo que ahora las familias no sólo perderían la vivienda por la que se hipotecaron (como consecuencia de los impagos), sino además las de sus familiares que pretendían ser sus avalistas y que ellos convirtieron en hipotecantes con sus famosas hipotecas puente o doble garantía”, enfatizaban.
En ese sentido, estas familias acusan a UCI, participada por el banco Santander, de “vender productos financieros tóxicos que muchas veces se han colocado a personas que no cumplirían los requisitos técnicos adecuados para contraer un préstamo”. “A estos afectados se les han concedido préstamos casi sin solicitarles información de su vida laboral ni documentación, requisitos por los cuales en otras entidades les habrían denegado préstamos”, avisan.