El Gobierno de Moreno recurrirá ante el Constitucional el decreto Maricarmen que suspende los desahucios a personas vulnerables
El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha decidido, finalmente, recurrir ante el Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la semana pasada para evitar desahucios como el que sufrió Maricarmen, la anciana de 87 años, con una discapacidad del 50% de su cuerpo, que falleció tras ser desalojada en una camilla de su casa, adquirida por un fondo inmobiliario, pese a llevar 70 años pagando el alquiler.
Los llamados decretos Maricarmen fueron tumbados en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Tres días después, tras testar las movilizaciones masivas por el derecho a la vivienda en el conjunto del país, el presidente Sánchez disolvió las Cortes, adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre y, en la primera reunión de la Diputación Permanente, volvió a aprobar los citados decretos.
El Gobierno de Moreno, que ya había recurrido la Ley estatal de Vivienda ante el Constitucional, ha madurado unos días si seguía el mismo camino contra el decreto Maricarmen, calibrando el impacto que tiene ahora el debate público de la vivienda en las calles y en plena precampaña electoral. Finalmente, la consejera andaluza de Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que la Junta va a iniciar los trámites para recurrir los dos decretos, alegando “invasión de competencias” y “vulneración del derecho a la propiedad privada”, recogidos en la Carta Magna.
“El gabinete jurídico piensa que puede prosperar un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias y puede existir la vulneración de derecho a la propiedad privada”, ha dicho Díaz, en una entrevista con Europa Press. El decreto Marcicarmen que fue aprobado en la Diputación Permanente -órgano que vela por los poderes del Congreso en periodo inhábil- amplía de 2028 a 2030 la prohibición de compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, y también amplía las excepciones a todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social.
El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo.
El Gobierno andaluz de coalición PP-Vox argumenta que la mera publicación de los decretos ha provocado una retirada de viviendas del mercado y ha tildado su aprobación, con las Cortes disueltas, de “trampa democrática”. Una vez esté preparado el acuerdo por la comisión general de viceconsejeros el recurso de inconstitucionalidad será elevado al Consejo Consultivo para su aprobación finalmente por el Consejo de Gobierno.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya había calificado de “fraude” y “trampa a la democracia” la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente, pero en su entorno no tenían claro que la estrategia fuera acudir a los tribunales contra una norma antidesahucios que ahora están demandado miles de personas acampadas en la Puerta del Sol y manifestándose en muchas otras ciudades de España, incluido en Andalucía.
Finalmente, dado que las comunidades tenían un plazo limitado para presentar recursos ante el TC, Andalucía ha optado por unirse a la estrategia política y jurídica del PP de Alberto Núñez Feijóo. Moreno, en una entrevista previa, había argumentado que “la mayoría de los parlamentarios elegidos democrática y legítimamente por los españoles” ya habían rechazado los decretos en el Congreso, y que Sánchez no podía recurrir a la Diputación Permanente -donde la aritmética le era más favorable- para “hacer trampas”.
Tras la aprobación del decretos de vivienda, los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos.