Si hay un mantra que se suela repetir es el de la que justicia en España va lenta. Los procedimientos se eternizan y la resolución de algunos problemas acaba tomando demasiado tiempo. En Órgiva, de La Alpujarra de Granada, los problemas con la lentitud judicial no están únicamente relacionados con la burocracia y los papeleos, sino también con la falta de recursos y la deficiente infraestructura con la que cuentan. Desde 2009, este municipio espera la construcción de un nuevo juzgado que solvente los contratiempos que afectan a Órgiva y a 25 localidades más. En 2020 la Junta de Andalucía iba a revisar el proyecto que aprobó 11 años antes, pero nada se ha sabido desde ese momento. Fuentes de la Consejería de Justicia afirman que se está trabajando en la promesa que hicieron hace dos años.
Mientras eso sucede, el día a día de este partido judicial es complejo. Según explican sus trabajadores a elDiario.es Andalucía, los dos principales problemas con los que se enfrentan tienen que ver con la dispersión geográfica de las sedes de los juzgados y con la falta de recursos y personal que sufren. Los juzgados de instrucción 1 y 2 están separados por varios centenares de metros lo que hace, por ejemplo, que el Registro Civil esté en el segundo, pero no en el primero, con los contratiempos que eso puede generar. “Esta dispersión implica tener los archivos judiciales separados teniendo las funcionarias encargadas del mismo que desplazarse con los expedientes de un inmueble a otro que ni tan siquiera es contiguo, todo ello sin contar las condiciones tan penosas en las que se encuentran los archivos”, afirma Silvia Martín, responsable de Justicia en CSIF Granada y que ha remitido un escrito a la Consejería de Justicia detallando los males que padece esta sede judicial.
Porque estos juzgados tienen todo tipo de problemas. “Sufren caídas del servidor desde hace mucho tiempo lo que impide que el trabajo fluya porque cuando no funciona bien internet, pues no pueden usar ni siquiera Lexnet -una herramienta de comunicación telemática entre juzgados-. Los compañeros no pueden trabajar de forma normal, sino estando entretenidos en resolver estas incidencias. Hasta hace poco contaban con unos medios materiales muy antiguos, recientemente han cambiado algunas impresoras y fotocopiadoras que estaban con un pésimo funcionamiento”. Unos contratiempos que se agravan porque estos juzgados atienden a una población de más 25.000 personas repartidas entre 26 municipios de una geografía tan peculiar y de montaña como la que tiene La Alpujarra.
La Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa varios proyectos a lo largo de los años para modernizar estas instalaciones. El último data de 2009 cuando se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Órgiva para la cesión de unos terrenos en las afueras de la localidad para levantar un único palacio de justicia que albergase las dos sedes judiciales que tiene asignadas este municipio. Con el paso del tiempo, el proyecto se quedó en un cajón y pareció caer en el olvido hasta que, en 2020, ya con el Partido Popular y Ciudadanos en el Gobierno andaluz, tras una visita en enero hubo un compromiso explícito por parte de la secretaria general para la Justicia, María José Torres, para desbloquear la llegada de este nuevo juzgado y poner en marcha una línea de presupuestos para tal fin. Según anunció la Consejería de Justicia entonces, se contaba con 515.469 euros para “revisar” y “adaptar” el proyecto original a las necesidades y al precio actuales. La inversión total prevista para este palacio judicial asciende a 2,9 millones, según Justicia.
Sin embargo, han pasado más de dos años y nada ha cambiado. No se ha movido ni un centímetro de suelo en la parcela adjudicada y el trabajo de los funcionarios de los juzgados de Órgiva sigue siendo tan tedioso como siempre. Manuel Tapia es uno de ellos. Cuenta que lleva 14 años trabajando en esta localidad y que, desde que empezó, ha escuchado que se iba a construir un nuevo juzgado sin que nunca haya llegado a ser una realidad. Tapia, que además de funcionario del Registro Civil es también sindicalista de CCOO, detalla que hay una larga lista de problemas. Para empezar, un asunto que podría parecer menor, pero que no lo es: “No hay ascensor. Para atender a las personas que nos visitan tenemos que bajar a la primera planta y como no tenemos un ordenador con el sistema de registro Adriano, tenemos que hacer la diligencia arriba y bajar abajo diciéndole a la persona que entre”.
Como tampoco hay un lugar habilitado para ello, reciben a la gente en la zona donde están los abogados y los procuradores. “La gente no sube arriba porque el juzgado está en la planta de abajo. Cada vez que viene alguien, nos llama el guarda de la puerta, bajamos, le atendemos, volvemos a subir para hacer la diligencia y les atendemos o en la sala de abogados o en la misma calle”. Tapia recuerda que la última vez que se intervino en este edificio fue hace 10 años, pero que no fue suficiente. Sin ir más lejos, el archivo está en malas condiciones. “Está fatal. Tenemos muy poco archivo. Está a tope, con cajas en el suelo y hay que andar incluso de puntillas. Desde 2012 en Civil lo tenemos aquí, pero desde ese año hacia atrás, lo tenemos en el otro juzgado. Cada vez que viene un abogado y me pide un procedimiento del año 2011 para atrás, o voy yo o me lo tienen que traer y llevarlo de nuevo al archivo”.
De fondo, todas estas incidencias diarias se agravan porque no tienen personal suficiente. Necesitarían, como poco, a alguien más que les echase una mano en el registro para que no estuviesen tan saturados y así tampoco tendrían todo resuelto. “Estamos a tope de trabajo. Desde que llegamos por la mañana es a piñón fijo. Tenemos Registro Civil y es verdad que, con respecto al otro juzgado, el número 1, tenemos un tramitador más, pero la gente no se puede imaginar la cantidad de trabajo que da un registro civil. Antes, hace 4 o 5 años, este registro lo llevaba el agente judicial, pero ahora lo llevan los funcionarios. Falta, por lo menos, un tramitador más. No paro de trabajar desde que entro a las 7 y media de la mañana”. Además, como cuenta Silvia Martín de CSIF, estos juzgados son los únicos que no tienen servicio común de notificaciones y embargos. “Es importante porque hay solo una persona que haga esa función y además tiene que salir a la calle a notificar expedientes”.
Este medio se ha puesto en contacto con el alcalde de Órgiva para conocer su postura sobre el juzgado sin que haya habido respuesta. Por el contrario, la Consejería de Justicia sí ha valorado en qué punto se encuentra el proyecto al que se comprometieron en 2020: “Órgiva es una de las sedes judiciales cuyas obras estaban contempladas por esta Consejería para acabar con la dispersión que sufren en la actualidad y que vienen sufriendo desde hace años. Y así se les hizo saber a los funcionarios en una visita a los juzgados por parte del equipo de Justicia en una a finales de enero de 2020. La nueva sede contaba con un proyecto de 2009 y sobre el que no se había ejecutado ninguna actuación por anteriores gobiernos. Dada la antigüedad del mismo era necesaria su revisión completa para adaptación a la normativa actual, nuevas necesidades de la oficina judicial y precios actuales”.
Sin embargo, explican fuentes de la Consejería, “en 2020, debido al confinamiento, los trámites administrativos se vieron paralizados y ralentizados lo que ha impedido continuar con los plazos previstos, pese a ello se licitó la revisión del proyecto y se adjudicó. Actualmente, ya contamos con la revisión del mismo y se encuentra en fase de supervisión por parte de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales”. Además de este anuncio, avanzan que “se están estudiando y programando qué actuaciones concretas se ejecutarán este año, tanto de este como de otros proyectos, para distribuir los fondos necesarios dada la situación de presupuestos prorrogados y los respectivos trámites administrativos”.
Por otro lado, desde Justicia aseguran que no hay problemas con el servidor de internet y que todo funciona correctamente. No obstante, dicen que si hay incidencias con Lexnet no es de su competencia, sino del Ministerio de Justicia. “Según el Servicio de Informática no ha tenido ni caída ni fallo. Funciona con fibra y los SAIS se renovaron. Es posible que las quejas se deban a la caída de alguna aplicación o página WEB, pero esto no depende de Informática ni tampoco es que exista un problema con el servidor”. Además, sobre la falta de personal aclaran que tampoco depende de la Consejería, sino que debe ser el Ministerio de Justicia el que establezca soluciones para esas necesidades.
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