Las oposiciones a la Policía Local de Granada, cuya primera parte se realizó en marzo, siguen haciendo correr ríos de tinta. Según los sindicatos UGT y SIPAN, el Ayuntamiento ha vuelto a maniobrar para entorpecer el proceso y dilatarlo en el tiempo ante las dudas sobre un posible “amaño”. Ambas secciones sindicales denuncian que el Consistorio ha cometido una irregularidad al decretar una prórroga de 45 días del plazo que está previsto para que se realice la segunda parte de los exámenes para acceder al cuerpo. Algo que niegan desde el equipo de Gobierno.
El decreto, firmado por el concejal de Personal, Francisco Fuentes (PP), contempla una ampliación de tiempo que para los dos sindicatos mencionados supone una vulneración de la normativa y de las bases de la convocatoria de las oposiciones. Según UGT y SIPAN, esta decisión consistorial promueve una ampliación de plazo para que el actual tribunal pueda corregir la primera parte de las oposiciones antes de que se realice la segunda, con la excusa de que la fecha límite era el 20 de abril, cuando en realidad no es así.
No es así porque las bases de la convocatoria contemplan que el tribunal tiene entre 5 y 45 días hábiles para que se realice la segunda prueba una vez que ya se ha llevado a cabo la primera. Es decir, aún estarían en plazo para cumplir con lo acordado en las bases de la oposición ya que la primera parte se celebró el 6 de marzo y los 45 días hábiles no se cumplen hasta el próximo 10 de mayo. Sin embargo, el Ayuntamiento decreta una ampliación de este periodo por otros 45 días sin especificar si serán naturales o hábiles, lo que llevaría la realización de la siguiente parte hasta el mes de julio.
Para los dos sindicatos denunciantes también se produce otra irregularidad porque el concejal de Personal utiliza el argumento de que ya han transcurrido 45 días naturales desde la primera prueba, cuando las bases de la convocatoria hablan de días hábiles. Aunque el edil alude al Real Decreto 364/1995 que sí habla de días naturales, lo cierto es que la normativa de esta oposición concreta no utiliza ese término. Por eso, desde SIPAN y UGT sospechan que esta argucia legal es otro intento por tratar de arreglar las sospechas de “amaño” que pesan sobre la oposición.
Dudas sobre el primer examen
Cabe recordar que desde el momento en que se celebró la primera parte de la convocatoria el 6 de marzo, el sindicato SIPAN y varios opositores alertaron de que se había producido una presunta manipulación del examen en su apartado práctico. Según denuncian, los tres primeros supuestos prácticos, en los que los aspirantes han de aplicar sus conocimientos teóricos a la resolución de problemas, estaban dirigidos para personas que conocieran el cuerpo de la Policía Local de Granada, pero no para estudiantes que solo tuvieran el temario como fuente de información.
Una pregunta sobre un dron cuya normativa ya estaba en desuso y que no aparecía en los 40 temas de la oposición, otra sobre fraude fiscal que tampoco aparecería en esa relación y una tercera sobre el llamado “Código Alfa” que solo conocen los agentes que ya trabajan en la policía municipal granadina, fueron el detonante para que el sindicato y los opositores denunciaran el presunto “amaño” públicamente. Por eso y tras esta última irregularidad sobre la que hablan en SIPAN y UGT, ambas secciones sindicales creen que el nuevo decreto ampliando plazos busca evitar que la imagen del concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz (PP), salga perjudicada.
Ambos sindicatos creen que “en estas oposiciones existe un posible fraude y quieren evitar que salte el escándalo antes de un posible cambio de alcalde con el supuesto 2+2”. SIPAN y UGT sospechan que, como César Díaz es uno de los ediles populares que más se está postulando internamente para liderar el Ayuntamiento si el PP consigue que el alcalde de Ciudadanos, Luis Salvador, acepte la alternancia que supuestamente se firmó en junio de 2019, no quiere que su candidatura se pueda ver alterada por un halo de sospecha.
Retrasados por la pandemia
Sin embargo, el concejal de Personal que ha firmado este decreto, Francisco Fuentes, niega que se haya producido ningún enjuague normativo. Según el edil, “se le está dando una trascendencia que no tiene”. El concejal sostiene que como se han presentado 528 aspirantes, son muchos exámenes los que hay que corregir. De hecho, en el decreto de ampliación del plazo aclara que se hace porque la pandemia de la Covid-19 ha impedido al tribunal trabajar con celeridad para corregir el examen. Además, desde el Ayuntamiento aclaran que ha habido un “error de transcripción” y que el periodo se amplía por 45 días hábiles, aunque en un primer momento no se había señalado.
Por otro lado, Francisco Fuentes dice que, en 2018, cuando gobernaba el PSOE, hubo unas oposiciones a la Policía Local de Granada “se tardó entre el primer examen y el segundo 60 días”. No obstante, este medio ha consultado dicha convocatoria y ha podido comprobar que los exámenes se produjeron dentro de ese periodo estipulado de 45 días hábiles y que los resultados se hicieron públicos dentro de los plazos que marcaban las bases de la oposición, como sí está sucediendo en este caso. De hecho, a los 38 días hábiles ya se habían publicado los resultados de los dos exámenes.
La investigación bloqueada
Además de eso, el bipartito ha bloqueado temporalmente la creación del grupo de trabajo propuesto por el PSOE para investigar estas oposiciones. Según ha podido saber eldiario.es Andalucía, el concejal encargado de la comisión de Seguridad Ciudadana, César Díaz, trasladó este punto del día al apartado de “ruegos y preguntas” en el que los grupos políticos no pueden acordar que se convoque ese grupo de trabajo. No obstante, los socialistas volverán a llevarlo a pleno la semana que viene.