La Columna Minera de Riotinto, símbolo republicano de Huelva, será declarada como Lugar de Memoria Democrática
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, ha incoado formalmente el procedimiento para la declaración de la 'Columna Minera de Riotinto' como Lugar de Memoria Democrática inmaterial, para lo que la ruta se prolongará en su trazado comprendido entre Nerva y Camas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la resolución, firmada el pasado 23 de octubre, e inicia un expediente que cuenta con un plazo máximo de doce meses para su resolución definitiva por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y que responde, entre otros antecedentes, a una solicitud presentada por el Ayuntamiento de Camas (Sevilla).
La iniciativa busca otorgar reconocimiento e inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria a un patrimonio inmaterial que se proyecta sobre diversos hitos territoriales de las provincias de Huelva y Sevilla. En concreto, abarca los municipios onubenses de Minas de Riotinto, Nerva, Valverde del Camino y San Juan del Puerto, así como la localidad sevillana de Camas y la propia capital hispalense.
“Defensa de la democracia”
El texto oficial destaca que la Columna Minera constituye “uno de los episodios más relevantes de la defensa de la democracia y la legalidad republicana frente al golpe militar de julio de 1936”. Formada por trabajadores y sindicalistas -principalmente vinculados a la UGT-, la expedición partió de la Cuenca Minera para frenar a las fuerzas sublevadas encabezadas en Sevilla por Gonzalo Queipo de Llano.
El 19 de julio de 1936, tras el cambio de bando del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras, la columna sufrió una emboscada en La Pañoleta (Camas) que se cobró la vida de nueve integrantes y derivó en la captura de decenas de supervivientes.
Posteriormente, los consejos de guerra sumarísimos desembocaron en la ejecución de 67 mineros el 31 de agosto de 1936 en emplazamientos como las murallas de La Macarena, Triana, Cerro Amate o Ciudad Jardín, siendo enterrados en fosas comunes como la de Pico Reja en el cementerio de San Fernando.
Investigaciones históricas elevan a 78 el total de miembros muertos por la emboscada y la represión posterior, de los cuales 12 procedían de San Juan del Puerto, 14 de Valverde del Camino y 52 de la Cuenca Minera de Riotinto, principalmente de Nerva y Minas de Riotinto.
“Profunda injusticia jurídica”
Recoge la resolución que, de este modo, “quienes habían acudido a defender el Gobierno legítimo de la República” fueron acusados del delito de rebelión y convertidos en responsables de unos hechos originados por la propia sublevación militar, “consumándose así una profunda injusticia jurídica y una completa inversión de la condición de víctimas y victimarios”.
Estas ejecuciones formaron parte de “una estrategia represiva que buscaba no solo castigar a quienes habían participado en la defensa de la legalidad republicana, sino también lanzar un mensaje de terror al movimiento obrero de Huelva y del conjunto de España”.
Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en los últimos años han permitido identificar entre los restos localizados en la fosa de Pico Reja a integrantes de la propia Columna Minera. Además, es necesario recordar que dos de los mineros fallecieron a consecuencia de las heridas.
Junto a la violencia física y judicial ejercida contra sus integrantes, la Columna Minera fue objeto de un prolongado proceso de deslegitimación y tergiversación histórica. La propaganda franquista presentó a los mineros como responsables de una supuesta amenaza contra Sevilla y difundió relatos destinados a criminalizar su actuación.
Durante décadas, quienes habían participado en la defensa de la legalidad republicana fueron presentados como rebeldes o responsables de la violencia, contribuyendo a ocultar los crímenes cometidos contra sus integrantes y a desvirtuar el significado de su actuación en defensa de la democracia.
Así, los municipios de Minas de Riotinto, Nerva, Valverde del Camino y San Juan del Puerto quedaron asociados a la movilización de trabajadores y voluntarios que acudieron en defensa del orden constitucional vigente el golpe militar de julio de 1936.
Medidas de protección y señalización
Con la publicación en el BOE, el bien queda anotado de forma preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, aplicándosele el régimen de protección provisional.
Entre las medidas propuestas por la Administración General del Estado se contemplan actuaciones de señalización, instalación de paneles y placas interpretativas, difusión de recursos audiovisuales en el portal de la Secretaría de Estado y la integración del enclave en circuitos internacionales de memoria democrática, evitando cualquier remoción de los vestigios erigidos en recuerdo de las víctimas.