En concreto, los cargos son por la licencia concedida al tanatorio promovido por la empresa PMC Servicios SL, que según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, se otorgó al margen de la legalidad y a pesar de las advertencias realizadas desde la Junta de Andalucía.
El Ministerio Público pide la inhabilitación durante ocho años de Lozano acusándolo de conceder al margen de la legalidad y obviando advertencias de la Junta de Andalucía. El escrito de la Fiscalía pide también ocho años de inhabilitación para el que fuera arquitecto técnico del proyecto.
Tras conocer la apertura de juicio oral, Lozano envió en noviembre del pasado año a la dirección regional y federal del PSOE un escrito pidiendo que no se le aplicara el código ético de su formación en el que se establece literalmente que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Un año después de esta petición por escrito cursada por Lozano, éste sigue ejerciendo como alcalde sin que hasta el momento ni la dirección regional ni federal del PSOE se haya pronunciado al respecto.