Preguntado sobre por qué la Junta concedió a UGT-A una subvención de 3,6 millones de euros para el Plan Orienta, a pesar de que se habían detectados irregularidades, Vázquez ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la actuación de la administración andaluza está “ajustada a derecho” y ha indicado que no se puede establecer paralelismo con la actuación de la Comisión Europea en relación con las ayudas al sindicato.
Ha indicado que mientras la subvención a UGT que paralizó Bruselas aún no se había abonado, en el caso de las que está investigando la Junta, hay un procedimiento abierto de reintegro o de otras características porque las ayudas ya han sido abonadas y se ha descubierto, con posterioridad, las posibles irregularidades.
“No es que la Junta de Andalucía actúe de manera diferente a la Unión Europea, sino que la ley es una garantía tanto para la administración como para el administrado”, según Vázquez, quien ha indicado que hay que respetar la ley y que el procedimiento es fundamental “en este y en todos los casos”.
El portavoz del Ejecutivo ha manifestado que sobre la subvención para el Plan Orienta existe una investigación, pero no una conclusión, de manera que nadie está “inhabilitado a participar en esa subvención, que fue mediante concurrencia competitiva”. En ese sentido, ha recalcado que la Junta está obligada a cumplir la Ley de subvenciones.
Cuestionado sobre por qué un plan como el Orienta termina financiado bolsos o mochilas, el portavoz ha señalado que existe una investigación y hay que esperar a una conclusión.
Vázquez ha indicado que cuando haya conclusión, la respuesta será, sin lugar a dudas, la defensa del dinero público y recuperar cualquier euro que haya sido “mal usado” o se haya empleado “en un tipo de partidas que no estaba previsto”.