La Oficina del Censo Electoral ha remitido a la Mesa del Parlamento de Andalucía el visto bueno a los pliegos con mas de 50.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, a la que acompañaron el pasado 2 de septiembre los cuatro sindicatos más representativos en el sector y los partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía), para tratar de que se apruebe una ley en contra del modelo sanitario que abandera Juan Manuel Moreno en la Junta La Mesa del Parlamento, según fuentes de la coordinadora, tiene ahora dos meses para fijar fecha para el Pleno de debate.
En concreto, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Andalucía ha remitido certificación en la que garantiza que las firmas válidas presentadas por la comisión promotora de la Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía “superan el número de 40.000 electores andaluces establecido en el artículo 6.1 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos”.
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la mencionada Ley, la Junta Electoral de Andalucía, en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2025, ha acordado elevar a la Mesa del Parlamento de Andalucía certificación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para la válida presentación de la citada Proposición de Ley.
Son más de 57.000 firmas ciudadanas las que al menos van a conseguir llevar a la Cámara andaluza unas cuestiones que han sido apartadas del debate parlamentario pese a los repetidos intentos de los partidos de la oposición y que se han centrado en el aumento de plantilla sanitaria con empleo estable, la reducción de las listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a su “privatización”, contra la que han clamado “unas 5.000 personas” este mismo martes durante el registro de la Proposición de Ley elaborada por las Mareas, que vienen acusando a Moreno y a la Consejería de Salud desde plataformas territoriales de alentar “una sanidad para ricos”.
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