El PSOE, tras un tenso debate, como todos los que se están produciendo en torno a la memoria histórica, ha logrado sacar adelante una Proposición No de Ley sobre la entrada de la memoria en las aulas (como recoge la ley) con el voto a favor de Adelante Andalucía y la abstención de los dos partidos de Gobierno, PP y Cs, en la Comisión parlamentaria de Educación. Un primer paso que supone su traslado al pleno del Parlamento andaluz, donde tendrá que volver a votarse.
Sin embargo, el voto contrario del partido de extrema derecha Vox ha venido acompañado de acusación al partido socialista de “hacer gamberrismo” con la Memoria Histórica. Alejandro Hernández, representante de Vox, culpa al PSOE de “adoctrinar”“ al querer sembrar ”esa visión sectaria“ en ”los corazones más tiernos, en los niños que todavía no tienen juicio“. Y han recordado a PP y Ciudadanos que tienen ”un acuerdo con nosotros“ para derogar el marco legal andaluz y dictar ”una ley de Conciliación“, aunque no mostraron su intención de forma clara de romper dicho acuerdo.
El partido de Abascal refierió además una supuesta realidad donde hay “ausencia de particulares activos” que busquen rescatar “cadáveres en las cunetas”. Y que, ante esta situación, el PSOE ha fomentado una suerte de chiringuito político: “una especie de asociacionismo memorialista que en realidad es el destinatario de las subvenciones y de cuantiosos fondos”.
La ley de memoria, ¿en riesgo?
Los socialistas han buscado “retratar” al Gobierno andaluz. Si es cierto que van a “cumplir la ley”, como mantiene la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico –donde está inserta la labor memorialista–, Patricia del Pozo.
Tanto PP y Ciudadanos aseguran que apoyan la búsqueda de desaparecidos en fosas comunes. Pero los populares piden “incluir a todas las víctimas”. Ciudadanos habla de “oportunismo” del PSOE y “tentación totalitaria” por “reescribir la historia”.
Adelante Andalucía, por su parte, ha apoyado la iniciativa para combatir el “negacionismo” y la “equidistancia”.
La propuesta del PSOE repite el artículo 47 de la ley andaluza sobre la entrada de la Memoria Histórica en las aulas. “Después de la declaración de la consejera y del acuerdo que firmaron con Vox para derogar esta ley, está en riesgo”, ha asegurado la portavoz socialista en la Comisión de Educación, María Márquez.
La parlamentaria ha defendido la exhumación de fosas. “Qué corazón humano puede oponerse a que una hija o una nieta entierre dignamente a su padre o su abuelo”, ha cuestionado. Y ha solicitado que la derecha no siga “alimentando el sufrimiento de tanta gente”.
El PP no se opondrá “nunca al cumplimiento de una ley”, según el portavoz popular, Miguel Ángel Ruiz. “Este partido condena la represión”, sostiene, aunque “lo que no compartimos es la carga ideológica de esta ley, porque buscan abrir heridas cerradas con la Transición”.
Para Ciudadanos, “la memoria es un concepto de patrimonio individual que solo cuando quiere ser colectivizado esconde detrás una tentación totalitaria de decirle a la gente cómo debe pensar”, ha apuntado Francisco José Carrillo. El portavoz naranja ha acusado a los socialistas de querer “reescribir la historia” y de que “no tienen derecho a imponer a familias que no quieren hacerlo –buscar a sus seres queridos en fosas y cunetas–, el tener que hacerlo”.
Verdad, justicia y reparación
Adelante Andalucía, por su parte, se ha mostrado “a favor del desarrollo normativo de la ley”, exigiendo “una financiación justa para alcanzar los derechos de verdad, justicia y reparación”. “Porque no tenemos más tiempo, llevamos esperando más de 80 años”, en palabras de la portavoz, Ana María Naranjo.
“La historia es una ciencia y hay un consenso historiográfico en torno a lo que ocurrió, la dictadura franquista y la represión. Eso es lo que debe estar en las escuelas y antes no estaba”, ha defendido. “Hemos estudiado más del Mesolítico que de la Segunda República, la dictadura y la represión franquista”, ejemplifica Naranjo.
“El negacionismo es también delito en otros países y la equidistancia no ayuda a nada ni a nadie, no podemos igualar a víctimas y verdugos”, ha afeado a las formaciones de derecha. “Tenemos un franquismo sociológicamente aceptado, que lo vemos por todos los lados, que no existe en el marco europeo, y con eso tendremos que lidiar también aquí en Andalucía”, explica.
Desde Ciudadanos han reiterado “el oportunismo que tiene ahora el PSOE conjuntado con la falta de acción que tuvo como Gobierno, sumado a una hipocresía, un cinismo y su habitual falta de transparencia”.
“Estamos de acuerdo con principios como la verdad, la justicia y la reparación” y “en que todas las familias puedan saber dónde están los restos de sus seres queridos”, según el PP. Pero los populares han exigido incluir enmiendas a la PNL, –no aceptadas por el partido proponente– como “incluir a todas las víctimas, recuperar la concordia. Y garantizar el respeto a un derecho fundamental, el respeto a la libertad de enseñanza”.
“Por supuesto que hablamos de libertades y derechos humanos. Y de respeto a todas las víctimas. Pero hay algo que se le escapa: que unas ya fueron reparadas y otras no, después de 40 años seguimos buscando a nuestra familia”, ha alegado la portavoz del PSOE en su turno de réplica. “Y no digan que están de acuerdo con la ley, han estado siete años en el Gobierno de España destinando cero euros a la Memoria Histórica”, ha subrayado María Márquez.
Andalucía es la región más castigada con el franquismo. Las cifras: al menos 45.566 víctimas arrojadas a 708 fosas comunes, más de 50.000 refugiados, 100.000 trabajadores esclavos o 60.000 expoliados y que sufrieron depuración profesional. Son las claves de la masacre andaluza, según historiadores, como contó eldiario.es Andalucía.
Andalucía supera en cifras la represión de la dictadura Argentina, que sumó unos 30.000 desaparecidos forzados. O la de Chile, con 3.500 ejecutados. En los últimos años, la región ha vivido el proceso más activo de exhumaciones de fosas y cunetas con más de 40 procesos arqueológicos y de 500 cuerpos recuperados.
Y aprobó el I Plan Andaluz de Memoria, dotado con más de 5 millones de euros para abrir fosas comunes. Una cifra sin precedentes, desde los 238 euros presupuestados en 2017 para estas tareas y 413.000 un año después. Una cuantía que está por ver si el Gobierno encabezado por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) acaba poniendo sobre la mesa.
España sigue manteniendo un “patrón de impunidad” sobre el franquismo, según Naciones Unidas. Es la anomalía española con el fascismo, apunta el Parlamento Europeo. Un informe del Consejo de Europa también abronca al Estado por abandonar a las víctimas de Franco. Y el país de la desmemoria necesita perseguir los crímenes franquistas, subrayan organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Women’s Link Worlwide.