Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Denuncian a España ante la ONU por ocultar crímenes del franquismo

Cuatro mujeres rapadas por los franquistas en Oropesa (Toledo) por ser familiares de republicanos. |

Juan Miguel Baquero

Denuncian a España ante la ONU por ocultar crímenes del franquismo. Las ONG Trial International y Women's Link Worldwide, en colaboración con la asociación local Memoria de Mallorca, han presentado el “primer caso” relacionado con crímenes del franquismo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la desaparición forzada de un matrimonio, Margalida Jaume y Antonio Alomar.

Las organizaciones señalan al Estado español “por dibujar un velo” que tapa los delitos cometidos en “la era franquista”, desde el golpe de Estado a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Y “desean incitar a las autoridades españolas para que finalmente arrojen luz sobre los delitos pasados”.

A Margalida Jaume Vandrel y Antonio Alomar Mas nadie volvió a verles desde agosto de 1936. Un grupo de falangistas los detuvo en Manacor (Mallorca). Quedaron detenidos de forma ilegal y sufrieron humillaciones y tortura durante su cautiverio.

Días después, Antonio y Margalida fueron ejecutados. Hoy siguen desaparecidos. Nunca aparecieron sus restos óseos. Y su hija y su nieta, Francisca Alomar Jaume y Bartolomea María Riera Alomar, los siguen buscando.

Al presentar el caso ante la ONU, las ONG apelan al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que “España es parte”. Un texto que obliga a los países firmantes a “organizar la búsqueda exhaustiva de sus ciudadanos desaparecidos, castigar a los autores de violaciones masivas de derechos humanos y reparar efectivamente a las víctimas”.

La impunidad del franquismo

“44 años después de la caída de la dictadura, familiares y sobrevivientes aún esperan justicia: ya es hora de que España arroje luz sobre los crímenes de su pasado”, señalan los colectivos en un comunicado. Son “décadas de incertidumbre para miles de víctimas”, subrayan.

“La Ley de Amnistía española de 1977 impide la investigación de los delitos cometidos durante la Guerra Civil”, apunta la abogada de Women's Link Worldwide, Teresa Fernández. Esta ONG logró que la justicia argentina investigue la represión específica del franquismo contra las mujeres.

Este muro tapa los crímenes del franquismo y garantiza la impunidad del régimen de Franco. “Como resultado”, continúa, las víctimas “solo pueden volver a los mecanismos supranacionales para buscar la verdad y la justicia”. La letrada afea también el compromiso del país en la apertura de fosas comunes: “El presupuesto para la búsqueda de los desaparecidos también es ampliamente insuficiente”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado la partida dedicada a Memoria Histórica en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 con una cifra récord: 15 millones de euros, después de dos legislaturas marcadas por el “cero euros” de Mariano Rajoy. Las cuentas, que deben ser aprobadas por el Congreso de los Diputados, destina 3 millones a abrir fosas comunes.

Las desapariciones forzadas, “práctica sistemática”

Las “desapariciones forzadas” fueron “una práctica sistemática durante la Guerra Civil española y bajo la dictadura de Franco”, explican las organizaciones denunciantes. Y las mujeres tenían un tratamiento 'especial' en la ejecución de estos crímenes contra la humanidad.

“Las mujeres estaban particularmente en riesgo de sufrir esta violencia, ya fuera para sofocar su propio activismo o en represalia por las opiniones políticas de sus familiares”, sostienen. Quienes osaron romper “el modelo femenino tradicional sostenido por el nacionalismo católico también corrieron el riesgo de represalias, que generalmente consistieron en violencia sexual”.

Como ocurrió con Margalida Jaume, detenida en agosto del 36 junto a su marido Antonio Alomar. Ella estaba embarazada de siete meses. Un testigo vio cómo al menos uno de los falangistas la violó: “Nunca me había gozado a una embarazada”, dijo.

Antonio y Margalida tenían dos hijas, Antonia (11 años) y Francisca (8). La hija más joven de la pareja, ahora con 90 años, “todavía no sabe lo que les pasó”. Ninguna institución pública informó jamás sobre el paradero de sus padres.

El caso también está denunciado en la conocida como Querella Argentina junto a otros episodios de represión específica del franquismo contra las mujeres. Ahora, junto con su sobrina, y con el apoyo de dos ONG, “ha decidido llevar su lucha al siguiente nivel: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH)”.

stats