La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido explicaciones al alcalde Francisco de la Torre por la información, desvelada por elDiario.es en Andalucía, de que un buen número de viviendas turísticas pueden seguir inscritas como tal en el Registro andaluz porque el Ayuntamiento, que inicialmente solicitó desinscribirlas por incumplir los requisitos municipales, dejó pasar el plazo para oponerse a las alegaciones que a su vez habían presentado sus propietarios. El resultado es la caducidad de todos esos expedientes y la consolidación de las inscripciones de viviendas. El Ayuntamiento ha pedido la baja más de un millar de viviendas turísticas en los últimos años, de modo que los expedientes caducados podrían ser cientos, según las fuentes consultadas.
Este martes, el PSOE ha exigido “explicaciones urgentes” a De la Torre por un “presunto caso de prevaricación” y le han pedido que “depure responsabilidades” por una posible “dejación de funciones” “en un momento crítico para el acceso a la vivienda en la ciudad”.. Con Málaga ha calificado la irregularidad de “muy grave”. “Es evidente que hay responsabilidades políticas, pero no sabemos si también puede haber responsabilidades de otro orden”.
Ahora, fuentes municipales explican que Urbanismo revisará caso a caso para remitir cada una de las VUT que no cumplan con las ordenanzas a la Delegación de Turismo de la Junta, con la finalidad de que esta vuelva a incoar el procedimiento de cancelación y pueda resolver la cancelación definitiva de “toda vivienda turística que no cumpla con la normativa vigente”. “Los informes de contestación de las alegaciones se van a elaborar uno a uno”, señalan, sin aclarar cuántas caducidades se han producido.
Fuentes de Urbanismo explican a este periódico que el problema era conocido, y se debe al empeño del Ayuntamiento por aplicar retroactivamente una instrucción aprobada en junio de 2024, después de que el alcalde anunciara la medida para paliar el descontento ciudadano en la víspera de la primera gran manifestación por la falta de vivienda asequible.
Esa instrucción prohibía inscribir nuevas VUT si no tenían acceso y suministros independientes al resto del inmueble, como prevé el artículo 6.4.2 del PGOU. El Consistorio, que aprobó la instrucción en junio, anunció que la aplicaría desde el 22 de febrero de 2024. Explicaba que podía hacerlo porque en febrero entró en vigor la norma autonómica que permitía considerar “hospedaje” a las VUT.
La asociación de propietarios y profesionales del sector, AvvaPro, ya anunció entonces que daría la batalla legal, por considerar que la aplicación retroactiva laminaba los derechos adquiridos de los propietarios que habían inscrito su vivienda como turística entre febrero y junio. Preparó incluso un modelo de recurso a los expedientes, iniciados masivamente durante aquel verano con la firma del Coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Quienes no recurrieron, vieron como la desinscripción que había solicitado el Ayuntamiento se convertía en firme. Pero muchos recurrieron ante Turismo, que dio seis meses al Ayuntamiento para contestar. El Consistorio pidió más tiempo, Turismo le dio otros seis meses, pero tampoco hubo respuesta, por lo que Turismo acabó declarando la caducidad de los expedientes iniciados por el Ayuntamiento porque este había evitado impulsarlos.
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha calificado los hechos como “extremadamente graves”. “Si el Ayuntamiento ha dejado prescribir expedientes que impedían funcionar a pisos turísticos ilegales, podríamos estar ante un caso de presunta prevaricación”, ha sugerido Pérez, citando el caso de Villas del Arenal, cuando caducaron miles de expedientes de infracción urbanística.
Según Pérez, Málaga es hoy “la ciudad de España con más viviendas de uso turístico por habitante” y frente a esta situación, que dificultaría el acceso a vivienda según un estudio de la UMA, las medidas del Ayuntamiento “han sido cosméticas, tardías e insuficientes, obligado por multitudinarias manifestaciones vecinales”.
Tanto el PSOE como Con Málaga sostienen que el Plan General de Ordenación Urbana de 2011 ya permitía limitar este tipo de alojamientos, contrariamente a lo que interpreta el Consistorio, que siempre subraya que no podía limitarlas hasta que el Gobierno andaluz modificó la normativa autonómica. Por ahora, no existe constancia de que un juzgado se haya pronunciado.
“El Partido Popular dejó que siguieran creciendo y creciendo, sin intervenir un mercado que hoy expulsa a los malagueños porque no pueden ni alquilar ni comprar”, ha denunciado Pérez, quien ha recordado que la vivienda turística tiene, según un informe encargado por el propio Ayuntamiento, un rendimiento del 400% más que el alquiler de larga temporada. Según Pérez, esto está detrás de que “más de 50.000 malagueños se han visto obligados a abandonar la ciudad por los precios de alquiler y compra de vivienda”.
Toni Morillas, portavoz de Con Málaga (IU y Podemos) calificó el lunes al PP de ser “el brazo político del lobby especulativo de las viviendas turísticas” y al Ayuntamiento de “engañar a los malagueños”: “Dijeron que se iban a producir toda una serie de cancelaciones derivadas de la aplicación del PGOU de 2011, de esa limitación para que no se autorizaran viviendas turísticas que no contaran con acceso y suministros independientes y han engañado a toda Málaga”.
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