El Ayuntamiento de Málaga, obligado a reiniciar la asignación de sus VPO público-privadas tras una avalancha de quejas
El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, va a revisar los criterios y procesos de adjudicación de las 530 viviendas de protección oficial en alquiler construidas en suelo público por la promotora Lagoom Living y gestionadas por Sogeviso, en el Distrito Universidad. Tras recibir decenas de quejas en las últimas semanas y escuchar cómo dos adjudicatarios relataban en el Pleno el rosario de problemas para cumplir los requisitos impuestos a posteriori, el equipo de gobierno ha acabado por admitir que las cosas no se han hecho bien. No es solo la falta de transparencia que denuncian los vecinos; es, también, que se habían impuesto unos criterios que exceden la prueba de solvencia económica y que, además, exigen una prueba documental casi imposible, como informó este medio hace más de un mes.
Ahora la rectificación es total, hasta el punto de que los concejales populares apoyaron en el Pleno una moción de Vox, y este viernes otra similar de los socialistas en comisión, algo muy inusual. Ambos textos salieron aprobados por unanimidad, y recogen que el Instituto Municipal de la Vivienda debe acometer una “revisión integral de todo el proceso de adjudicación”, incluyendo todas las adjudicaciones ya rechazadas o excluidas, independientemente de que las personas afectadas hayan presentado reclamaciones, alegaciones o recursos. Es decir, el compromiso de hacer borrón y cuenta nueva.
La revisión deberá priorizar ahora la “capacidad económica real y acreditable”, evitando que la aplicación estricta de una magnitud o una diferencia económica mínima excluya a nadie, como ocurría hasta ahora.
Entre tanto, todo queda paralizado: no habrá ni adjudicaciones ni entregas. Una medida que fue introducida en la moción de Vox por el PSOE para evitar situaciones “irreversibles” y que anticipa posibles escenarios de conflicto entre adjudicatarios concurrentes sobre la misma vivienda. “Nos hemos comprometido a revisar uno por uno todos los casos. Y no se van a revisar los aprobados hasta que no se revisen todas las reclamaciones presentadas”, anticipó el concejal Francisco Pomares.
La autoenmienda del equipo de gobierno es a la totalidad. Las mociones recogen el compromiso de sustituir de sustituir los “mínimos anuales rígidos” de ingresos por una “comprobación proporcionada y objetiva de capacidad de pago de la renta” y se elaborará un protocolo municipal común para las VPO de alquiler en suelo público con “reglas claras” sobre requisitos, documentación, verificación y reclamaciones. También se pretende comprobar anticipadamente los requisitos económicos, para evitar que haya quien resulte excluido después de haber sido adjudicatario de la vivienda.
“¿Para quién son estas viviendas?”
Aunque estaba previsto que las llaves se entregaran en octubre, el proceso ha encallado porque Sogeviso ha exigido documentación inaccesible o inesperada a cientos de personas a las que ya había adjudicado la vivienda en un sorteo. En el listado de solicitudes de Sogeviso no aparece ni un solo alquiler formalizado en Málaga, y sí 5.443 solicitudes denegadas. Este medio ha podido constatar que hay viviendas que van por el tercer suplente. Los afectados, que hace apenas unas semanas no podían ni contactar entre ellos, han constituido una plataforma que ya aglutina a más de cien.
“El IMV otorga mediante sorteo y Lagoom Living después deniega masivamente. El 97% de las viviendas asignadas están denegadas. ¿Es esta la Málaga que quieren? ¿Una Málaga que expulsa a las familias trabajadoras y excluye a las familias para las que se deberían diseñar estas políticas sociales? ¿Para quién son estas viviendas?”, preguntó Laura García, portavoz de la Plataforma, quien tildó el proceso de “absoluto desastre” y sugirió que la finalidad última era excluirlos a todos para acabar adjudicando “a dedo” las viviendas. “Somos familias que tenemos dos sueldos pero esto tampoco es suficiente hoy para acceder a una vivienda pública. Gastamos 1.200 euros en alquileres privados, ¿no podemos afrontar 500 al mes?”.
Una de las principales quejas de los afectados es que, cumpliendo el mínimo de “ingresos” exigido, habían sido descartados porque se había tomado como referencia las casillas del IRPF sobre base imponible, que es muy inferior porque resta de los ingresos la reducción general a los rendimientos del trabajo, gastos deducibles o, en el caso de personas con discapacidad, una reducción adicional sobre sus ingresos.
Además, Sogeviso exigía un informe de riesgos CIRBE del Banco de España, cuadros de amortización de créditos de consumo, facturas o acuerdos económicos de divorcio. Todo para comprobar la supuesta capacidad del futuro inquilino de pagar el alquiler, pero que acababa convirtiendo el acceso a la VPO en una prueba de obstáculos más propia de un crédito hipotecario.
8.000 demandantes por promoción
La falta de vivienda asequible, un problema generalizado en España, es especialmente acusada en Málaga, un polo de atracción turística y de empleos cualificados del sector tecnológico que han contribuido a encarecer el mercado hasta hacerlo inaccesible para muchos residentes. Los precios son bastante más del doble en una década: un 117% para el alquiler y el 141% para la compra, y la capital de la Costa del Sol es ya la segunda ciudad de España que exige un mayor porcentaje de los ingresos para alquilar, el 41%, tras Palma.
En este contexto, hay 35.000 demandantes de VPO en el registro municipal, pero esas viviendas llegan con cuentagotas. En 2025, el Ayuntamiento solo entregó dos, pero insiste que ahora está construyendo o tramitando otras 5.000. Pomares también aseguró que ya se habían adjudicado 1.200, de las enteramente públicas.
Las de Lagoom Living son de colaboración público-privada. Es la primera vez que se produce en Málaga esta colaboración en la construcción y alquiler de VPO, en la que el suelo y cerca de la mitad del coste de la obra son públicos, pero la gestión posterior de los alquileres y los beneficios económicos son enteramente privados. El Ayuntamiento aportó las parcelas en un nuevo barrio en la zona de expansión de la Universidad, valoradas en 13 millones de euros; la Junta de Andalucía aportó una subvención de 25,5 millones de euros a cargo del Plan Vivienda, nutrido con fondos europeos; y la promotora recibió también un préstamo ICO con fondos Next Generation de 59,3 millones avalado al 50% por el Ministerio de Vivienda.
El proyecto se dividió en cuatro promociones, cada una con entre 6.000 y 8.000 demandantes. La primera, de 62 pisos, se adjudicó por orden de llegada el pasado verano, y generó quejas porque exigía un poder adquisitivo alto para lo habitual en las VPO: se alquilarán entre 535 y 743 euros al año a personas con ingresos de hasta 53.000 euros brutos al año (una persona) o 71.000 (parejas). Hasta 5,5 veces el IPREM.
La promotora se defendió entonces alegando que las siguientes serían más asequibles, pero en esas ha pretendido garantizarse el cobro estableciendo requisitos muy duros y exigiendo a los futuros inquilinos documentos e información que, en algún caso, podría tratarse incluso de datos protegidos. A pesar de asumir que algo había fallado aquí, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, defendió a la promotora durante el Pleno, alegando que “a lo mejor”, Lagoom Living “pide solvencia” y “está en su derecho” porque la legislación, dijo, “ampara a la gente que impaga”.