Los beneficiarios frustrados de las VPO público-privadas de Málaga: “¿Para qué te ilusionan y luego hacen esto?”

Cientos de malagueños y malagueñas a los que les dijeron oficialmente que se les había adjudicado una vivienda de protección oficial se están encontrando en las últimas semanas con un muro imposible de franquear: una panoplia de papeles y requisitos que ha estrechado el embudo hasta tal punto que la inmensa mayoría de ellos se ha quedado, al menos por ahora, compuestos y sin la vivienda prometida. Unos cincuenta han constituido una plataforma de afectados que ya valora acciones judiciales.

El problema es aparentemente sencillo: con los alquileres más caros que nunca y la compra imposible, miles de malagueños y malagueñas ,que ya eran solicitantes registrados de VPO ante el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), se inscribieron para alquilar alguna de las nuevas viviendas en la zona de ampliación de la Universidad, repartidas en cuatro promociones; meses después el Ayuntamiento celebró un sorteo y varios centenares fueron agraciados; pero, cuando llegó el momento de acreditar el principal requisito (ingresos anuales no inferiores 23.500 euros para garantizar que podían afrontar el alquiler, ni superiores a 24.418 -un miembro en la unidad familiar- o 32.307 -dos miembros-), los beneficiarios se encontraron por sorpresa con que les pedían documentos que, según razonan, no acreditan en realidad su solvencia económica, que no se habían mencionado antes y que parecen más propias de un crédito hipotecario que de una promoción de vivienda pública.

Por ejemplo: la factura correspondiente a la compra de una silla de ruedas; el plan de amortización de la compra a plazos de un televisor; el actual contrato de alquiler; una sentencia de divorcio; o un certificado de deudas y aplazamientos de Hacienda, según explican. El catálogo de documentos exigidos es tan amplio como casuísticas particulares hay.

El resultado es que la inmensa mayoría no ha podido cumplir y las viviendas de Lagoom, listas para entrar a vivir y hasta con agua en las piscinas, siguen sin adjudicar, cuando ya debían haberse entregado. Todo el barrio sigue preparándose para el desembarco de miles de nuevos vecinos.

La gestión del alquiler está a cargo de Sogeviso (filial del Banco Sabadell), mientras que Lagoom Living fue la encargada de la construcción con dinero, en gran parte, público: el Ayuntamiento puso las parcelas, valoradas en 13 millones de euros; la Junta de Andalucía aportó una subvención de 25,5 millones de euros a cargo del Plan Vivienda, nutrido con fondos europeos; y la promotora recibió también un préstamo ICO con fondos Next Generation de 59,3 millones avalado al 50% por el Ministerio de Vivienda. Es decir, el suelo y cerca de la mitad del coste de la obra son públicos, pero la gestión posterior de los alquileres y los beneficios económicos que se obtengan son enteramente privados.

Acudieron a poner la primera piedra la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez (PSOE), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), y se echaron unas fotos pala en mano.

El concejal Francisco Pomares ya explicó a este medio que la responsabilidad del proceso era de Sogeviso, si bien IMV ha convocado a algunos afectados a una reunión este viernes.

“No miran la nómina actual”

“¿Para que te ilusionan diciéndote que te han adjudicado una vivienda y luego hacen esto?”, lamenta Nazareth Ruiz, a las puertas de la que iba a ser su casa. Ella su pareja desembolsan ahora 1.000 euros al mes en alquiler, así que ni se lo pensaron cuando se enteraron de la posibilidad de presentar una solicitud para alquilar una VPO de Lagoom Living por apenas 600, gastos incluidos. Los 400 euros marcan la diferencia entre poder plantearse nuevos proyectos de vida o vivir ahogados.

Llegaron a notificarle el número, la planta y la letra del que sería su piso. Y luego le pidieron papeles. “Muchos ya los habíamos subido a la plataforma”, asegura. A medida que iba entregando le iban poniendo pegas, según relata, incluyendo, según relata ella y media docena de afectados, un documento que Hacienda tarda al menos un mes en entregar.

Finalmente, les dijeron que no le darían la casa porque no acreditaban los ingresos suficientes. Les ha pasado a muchos. “No miran la nómina actual, que es la que refleja los ingresos netos”, protesta Laura Merchán, otra afectada. El requisito fijado en las bases de la convocatoria era “acreditar que la unidad familiar o de convivencia tiene unos ingresos económicos mínimos del año fiscal vencido de 23.500 euros”.

Sogeviso ha tomado como referencia la suma de las casillas de la renta que corresponden a la base imponible general (435) y a la base general del ahorro (460), amparándose en lo que dice el Decreto andaluz que regula el Plan Vive. Ocurre que la base imponible es muy inferior a la de las retribuciones (o ingresos), porque de esta última se restan una reducción general a los rendimientos del trabajo, gastos deducibles o, en el caso de personas con discapacidad, una reducción adicional sobre sus ingresos.

El resultado, protestan, es que les exigen una nómina mensual cercana a los 2.000 euros mensuales netos y se miran sus cuentas como si estuvieran pidiendo un crédito bancario, cuando se trata de una VPO financiada con fondos públicos. Además, se les obliga a entregar información en vulneración de la normativa de protección de datos, relativa al estado civil, su alquiler actual o los créditos por amortizar. Todo, en un plazo de cinco días.

“Nunca he visto que pidan unos requisitos así para una VPO”

“Nada de eso está en las bases, nos lo han ido solicitando cuando ya éramos adjudicatarios. Y a medida que aportas te van pidiendo más”, apunta Rocío Hernández. En su caso, la vivienda fue adjudicada a su hijo, con quien integra la unidad familiar y el problema ha sido, según dice, que consta en el CIRBE un crédito de 300 euros pendiente de amortizar.

A Iván Pedrote le adjudicaron una vivienda para una persona, lo que significa que sus ingresos (medidos con las casillas de la base imponible) debían caer en la estrecha horquilla que va de los 23.500 euros a los 24.418. Un euro menos, estás fuera por falta de solvencia; un euro más, estás fuera por “demasiado rico”. “Nunca he visto que pidan unos requisitos así para una VPO”, señala a elDiario.es.

Eva Moncayo también fue seleccionada, pero luego le denegaron la vivienda porque no alcanza el mínimo. Explica que su situación económica ha mejorado durante 2026 debido a una subida salarial. Cuando abrió el proceso, Sogeviso les envió un documento en el que matiza que los solicitantes cuyas circunstancias económicas hayan “variado sustancialmente” de modo que la información fiscal del año anterior no refleje “la realidad de sus ingresos actuales” podrán aportar “otras informaciones”, como nóminas o certificados. Pero no lo ha hecho, según Moncayo, que ha aportado sus nóminas y los ingresos por la pensión de manutención de sus dos hijos menores, sin que se los hayan validado. “Piden documentación que no revisan, o que si revisan, no validan porque sigue ”pendiente de validar“. Aporté en fecha 26 documentos, y solo han validado cinco”, protesta.

“¡Una experiencia organizativa inigualable! Te mandan un correo por la mañana diciéndote que te ha tocado una vivienda y que tienes que aportar la documentación, te ilusionas pensando que por fin hay suerte, ¿y cuál es el premio? Que a las 9 de la noche de ese mismo día te bloquean la página para que no puedas subir nada”, comenta Sergio Delgado en una reseña de Google.

“Falta de transparencia y ocultan información. Te piden infinidad de documentos para al final decirte que como faltan 2 o 3 documentos, queda denegada, ese mismo día se lo mandas con un recurso de reposición y no te hacen ni caso”, comenta Paola Luque, quien dice conocer a 30 familias a las que se la han denegado.

Todos ellos denuncian que Sogeviso ni siquiera les facilita una vía para alegar. La empresa les llama con número oculto, y su correo electrónico parece ofrecer respuestas automatizadas que no resuelven cada problema individual. Tampoco ha respondido a este medio. Otro afectado asegura que cuando han planteado la situación ante el IMV le han replicado: “Pues -la vivienda- no sería para ti”.

Plataforma de afectados

Los afectados acaban de constituir una plataforma. Anticipan que recurrirán ante los tribunales y se presentarán en el próximo Pleno para que el alcalde, Francisco de la Torre, los escuche.

El problema ha sido hasta ahora difícil de dimensionar. Los perjudicados no podían contactar entre ellos porque solo sus iniciales estaban publicadas, pero muchos han dejado constancia de sus quejas en las reseñas de Google. Son más de los que creían: este martes, Nazareth Ruiz se encontró con Natalia Quintero y ambas se llevaron la sorpresa de que les notificaron la adjudicación del mismo piso. Quintero, como adjudicataria original; Ruiz y su pareja, como suplentes número 138. Ni la primera ni la segunda han podido acreditar el mínimo de 23.500 euros.

Están llamando a suplentes de los suplentes, y la duda es qué hará Sogeviso cuando se les agote la lista de suplentes. Sogeviso ofrece un listado abierto de solicitudes, cuyo buscador no arroja ni un solo alquiler formalizado en Málaga, y sí 5.443 solicitudes denegadas, además de 60 rechazadas y 15 desistidas por el solicitante.

Los afectados creen que, con el consentimiento tácito del Ayuntamiento y la Junta, la promotora ha diseñado unos requisitos que impiden el acceso a quienes tienen rentas modestas. En las promociones que gestiona el propio IMV en el mismo barrio, el ingreso mínimo para un piso de dos dormitorios es de unos 15.500 euros, y no se pide informe CIRBE ni consulta de morosidad. En cambio, en las de Lagoom Living el mínimo sube a 23.300-34.600 euros, y se exige CIRBE, certificado de deudas de Hacienda, cuadro de amortización de préstamos y autorización para consultar ficheros de morosidad.

Málaga es una de las capitales españolas donde resulta más difícil acceder a una vivienda asequible. Con los precios de compraventa y alquiler al alza desde hace más de una década, y los salarios en la franja baja del país, una familia destina una media del 41% de sus ingresos al alquiler, según un reciente informe de Idealista, que sitúa la capital de la Costa del Sol como la segunda ciudad que mayor esfuerzo exige, tras Palma.