La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los que también se encuentra Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero éste se ha inhibido en favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, Cañamero ha considerado “lógica” dicha imputación porque la justicia “está al servicio del dinero, del capital y de la propiedad privada”. “Y cuando intentas por todos los medios que la propiedad privada cumpla una función social, llegan las multas, los juicios y las imputaciones”, ha apuntado.
El líder sindical ha destacado que Las Turquillas es una finca pública que al Gobierno solo le preocupa “para recibir las subvenciones”, lo que considera “triste y lamentable”. Sin embargo, no le preocupa que esté situada en una comarca con un 40 por ciento de paro, cuyos habitantes están “emigrando” para ganarse la vida.
Finalmente, Cañamero ha insistido en que las imputaciones y las multas que los miembros del SAT reciban no van a impedir que el sindicato siga ocupando fincas, tanto Las Turquillas como otras.