Cuatro secretarios y una comisión de investigación bloqueada un año en el ayuntamiento zaragozano de María de Huerva
El Ayuntamiento zaragozano de María de Huerva ha necesitado un año para poner en marcha la comisión creada para investigar unas presuntas irregularidades detectadas en dos informes municipales, algo eporlo que la oposición denunció reiteradamente al alcalde de obstaculizar su funcionamiento. Lo hace en un Consistorio marcado por la inestabilidad administrativa, con cuatro secretarios municipales durante el mandato del popular Joaquín Calleja, y por una delicada situación económica, con presupuestos prorrogados, subvenciones millonarias devueltas y expedientes que siguen pendientes de resolución.
Después de casi un año bloqueada, la comisión creada para investigar posibles irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de María de Huerva celebró este jueves su primera reunión efectiva. El órgano, constituido tras los informes de un secretario municipal que alertaba de deficiencias en contratación, urbanismo y organización administrativa, inicia ahora una investigación que pretende determinar si existieron actuaciones contrarias a la legalidad en varios expedientes municipales.
La comisión ha comenzado sus trabajos sin fijar un calendario de cierre y con el compromiso de prolongarse “el tiempo que sea preciso” para analizar toda la documentación y practicar las comparecencias necesarias a partir del próximo 7 de julio.
La sesión constitutiva ha servido para organizar el funcionamiento de la comisión y acordar las primeras diligencias.
La primera línea de trabajo se centrará en las obras ejecutadas en la calle del Río, uno de los expedientes que originó la creación de la comisión tras los informes que alertaban de posibles irregularidades en la gestión municipal.
Las obras de reparación de dicha calle, dañada durante la construcción del pabellón deportivo, se ejecutaron de forma acelerada para permitir la inauguración de la instalación municipal. Según denunció la oposición, el Ayuntamiento optó por una “solución de maquillaje” que, además, adjudicó a la misma empresa constructora sin mediar contrato. La actuación no resolvió el problema de fondo: en lugar de sustituir las tuberías rotas, que presentaban pérdidas de estanqueidad, se repararon mediante fundas de resina introducidas en su interior para sellar las grietas, sin corregir el hecho de que discurren sobre un lecho de escombros, provocando filtraciones en viviendas próximas.
En 2023, el PSOE advirtió en pleno de la necesidad de actuar el vial por el deterioro las obras y también alertó que presentaba una cota inferior respecto al resto de la zona. Aquella circunstancia quedó de manifiesto con la crecida posterior del río Huerva, cuando la calle terminó inundándose. Un año después, en 2024, el mismo edil volvió a registrar preguntas sobre los desperfectos que seguía presentando la vía.
La próxima reunión de la comisión ha quedado fijada para el 7 de julio, cuando previsiblemente comenzarán las primeras comparecencias y el análisis detallado de la documentación solicitada.
El PSOE ha pedido la presencia del exsecretario municipal que redactó el informe con advertencias sobre distintos expedientes, así como del aparejador municipal y del vecino que alertó de los problemas que presentaba la calle tras las obras del pabellón deportivo. La formación Por María ha solicitado también la comparecencia del interventor municipal, mientras que el alcalde no ha propuesto, por el momento, ningún compareciente.
La comisión ha acordado además que podrán incorporarse nuevas comparecencias conforme avance la investigación y surjan nuevas necesidades durante el análisis de la documentación.
Entre los expedientes requeridos figuran también los contratos de la arquitecta y del aparejador municipales. En el caso de la arquitecta, los grupos quieren aclarar las circunstancias de un contrato que, según se apuntó durante la sesión, podría remontarse a 2009 y cuya documentación no aparece en el expediente.
Una accidentada cronología
La comisión de investigación creada para analizar posibles irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de María de Huerva fue acordada hace un año. El órgano fue promovido por el PSOE tras conocerse la existencia de informes internos que cuestionaban la tramitación de diversos expedientes municipales y advertían de graves carencias organizativas en la administración local.
El detonante fue un informe elaborado por un secretario municipal que alertaba de posibles irregularidades en diferentes áreas de gestión. Entre ellas figuraba la actuación realizada en una calle deteriorada durante las obras de construcción del pabellón municipal. Según la documentación, la reparación se habría adjudicado sin concurso público a la misma empresa que ejecutó la obra principal, acumulando además reparos de Intervención que habrían impedido su pago. La ejecución de la obra tampoco habría solucionado el problema de fondo, ya que las conducciones dañadas se repararon mediante fundas de resina sin sustituir unas tuberías asentadas sobre rellenos de escombros, circunstancia que habría provocado filtraciones y afecciones en viviendas cercanas.
Ante estas sospechas, el PSOE impulsó la comisión de investigación para facilitar la transparencia. Su constitución requirió dos acuerdos plenarios y finalmente quedó integrada por todos los concejales del consistorio. Sin embargo, la primera reunión prevista para septiembre de 2025 nunca llegó a celebrarse. La oposición acusó entonces al alcalde, Joaquín Calleja, de emplear “subterfugios” para evitar su puesta en marcha, mientras que posteriormente denunció nuevos intentos de limitar su actividad, fijarle una fecha de caducidad o integrarla como un simple punto dentro de los plenos ordinarios.
La paralización de la comisión se prolongó durante meses. En marzo de 2026 la situación seguía prácticamente igual: los grupos de la oposición habían conseguido acceder a determinados expedientes considerados sensibles, pero el relevo de la Secretaría municipal volvió a dejar sin fecha una posible convocatoria. Desde su constitución, la comisión no había celebrado ni una sola sesión de trabajo efectiva.
La controversia gira en buena medida en torno a los informes emitidos por uno de los secretarios municipales. Uno de ellos, fechado en marzo de 2025, cuestionaba la prórroga de un contrato de servicios de arquitectura técnica. El documento concluía que el expediente carecía de documentación esencial y sostenía que determinadas funciones urbanísticas y de control administrativo estaban siendo desempeñadas mediante contratos de servicios cuando, por su naturaleza, deberían corresponder a funcionarios públicos, lo que podría constituir una fórmula de personal encubierto contraria a la normativa. También advertía del posible conflicto de intereses derivado del ejercicio simultáneo de actividad privada por parte del contratista.
Más contundente resultó el informe de situación firmado en junio de 2025 por el entonces secretario Néstor Petriz Pérez. En sus 35 páginas describía un Ayuntamiento que había crecido desde los 700 habitantes de los años ochenta hasta superar los 6.400 vecinos sin adaptar su estructura administrativa a esa nueva realidad. El documento denunciaba una organización obsoleta, la ausencia de servicios especializados de contratación, subvenciones o urbanismo, la acumulación de funciones impropias en la Secretaría y una deficiente tramitación administrativa que podría comprometer la validez de numerosos acuerdos municipales. Este modelo, además, habría impedido la atracción de fondos europeos. E ayuntamiento solo ha gestionado unos 9.000 euros en fondos europeos, frente a municipios más pequeños que superan el millón de euros.
El informe también señalaba graves retrasos en la implantación de la administración electrónica, incumplimientos en materia de protección de datos, deficiencias en la gestión de la videovigilancia municipal y la inexistencia de estructuras administrativas adecuadas para una población del tamaño de María de Huerva. Asimismo, cuestionaba los contratos utilizados para cubrir funciones urbanísticas, calificándolos de posibles contratos de personal encubiertos, y lamentaba que las propuestas de modernización trasladadas a la Alcaldía no hubieran sido atendidas.
Cuatro secretarios y un contexto económico difícil
La inestabilidad en la Secretaría ha sido otro de los factores que han marcado la legislatura. El Ayuntamiento ha contado con cuatro secretarios distintos desde el inicio del mandato. Javier Garulo fue cesado tras discrepancias con el equipo de gobierno; su sustituto, Néstor Pérez, también abandonó el puesto después de que la relación con la Alcaldía se deteriorara; posteriormente llegó María Eugenia Gabás, cuya gestión provocó enfrentamientos con varios grupos municipales y motivó incluso quejas ante el Justicia de Aragón. Tras su marcha, el consistorio cuenta actualmente con una cuarta secretaria.
Otro problema añadido es la creciente tensión política desde el inicio del mandato. El gobierno municipal nació del acuerdo entre PP y Vox, aunque la relación se rompió pocos meses después con el cese del concejal de Servicios Generales y cabeza de lista de Vox, Jorge Sádaba. A ello se sumaron varias renuncias dentro del grupo popular por desavenencias con el alcalde, hasta el punto de que actualmente solo permanecen en activo dos de los cinco concejales del PP además del alcalde. Ha llegado incluso al turno a la actual vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero y ex alcaldesa de la localidad durante 12 años, que iba en una posición residual en las listas.
La oposición atribuye a esta situación parte del bloqueo institucional que vive el municipio.
El contexto económico tampoco contribuye a aliviar la situación. El Ayuntamiento sigue funcionando con presupuestos prorrogados desde 2024, mientras que la devolución de subvenciones del Plan Plus de la Diputación Provincial de Zaragoza por importe superior al millón de euros, junto con sus correspondientes intereses, reducirá la capacidad de gasto municipal en ejercicios futuros. Además, el agotamiento de la partida destinada a las indemnizaciones por asistencia de los concejales, por gastársela en otros capítulos como la contratación de gabinetes de comunicación externa y viajes de hermandad a Irlanda, obligó recientemente a aprobar el levantamiento de un reparo para poder afrontar esos pagos.
La comisión inicia así unos trabajos largamente reclamados por la oposición tras un año de retrasos, cambios de secretarios municipales y discrepancias sobre el funcionamiento del órgano encargado de esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento.
El promotor de la comisión, José Luis Lorenzo, ha mostrado su satisfacción por el inicio de la labor de investigación cuya comisión lleva solicitando desde hace más de un año “y espero que se produzcan las aclaraciones necesarias a las dudas existentes”.
De momento, todos los grupos han accedido a firmar un acuerdo de confidencialidad durante el curso de la comisión, si bien Lorenzo estima que las conclusiones se remitan al pleno, que es público.