El SOS del secretario de María de Huerva, obviado por el alcalde: la situación es de “total y absoluto colapso”, un “sindiós”

“Puede calificarse de absoluto y rotundo desastre y desbajaruste. Si se me permite la expresión, un auténtico sindiós completamente caótico, arbitrario y contrario frontalmente no solo con la legalidad vigente, sino con los principios más básicos de racionalidad y eficiencia en la gestión pública, con grave perjuicio para el interés público”. Esta es solo una de las frases con las que el anterior secretario municipal de María de Huerva trató de describir hace unos meses la situación en el Ayuntamiento de este municipio próximo a Zaragoza, que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y que, como atestigua el funcionario, mantiene la forma de trabajar del siglo pasado y prácticas muy polémicas.

Pese a su llamativo SOS, nada ha cambiado en este tiempo, tal y como denuncia la oposición. La petición del secretario de una comisión de investigación sobre la deriva municipal ha caído hasta ahora en saco roto. Según el alcalde, el popular Joaquín Calleja, no ha habido tiempo debido al baile de secretarios —el autor del informe se marchó el pasado de verano y su sustituta acaba de hacer lo mismo—: “Había que dotarla de documentación y tener acceso a los expedientes. Ahora tenemos que convocarla, pero para ello necesitamos a un funcionario público. La anterior secretaria dejó todo listo”, explica, pese a que ha transcurrido ya casi un año desde la petición original.

La llamada de alerta del secretario se plasmó en un prolijo informe suscrito en junio de 2025 en el que reconoció que “en 25 años de ejercicio profesional” no había vivido nunca “episodios tan lamentables” como los que había atestiguado en María de Huerva. Un mes antes ya había reclamado al alcalde, el popular Joaquín Calleja, de la necesidad de indagar el “potencial conflicto de interés” con las personas que ejercen como arquitecta y como aparejador, respectivamente, del Consistorio. Sin embargo, la única novedad por el momento... es que el funcionario habilitado tuvo que dejar su puesto.

Caos en el Ayuntamiento

El mencionado documento no tiene desperdicio. Néstor P. P., que llegó al puesto de secretario por comisión de servicios en junio de 2024, dedicó su informe de situación —fechado el 5 de junio— a describir con detalle lo que encontró al tomar posesión: una secretaría en “total y absoluto colapso”, cuyas funciones propias “prácticamente se habían dejado de desarrollar o se habían reducido a la más mínima expresión”. En su lugar, el personal había asumido tareas de gestión administrativa que no le correspondían, lo que pervertía “las garantías de imparcialidad, neutralidad y objetividad” exigibles a la Administración. El Ayuntamiento carecía, según su diagnóstico, de servicios técnicos propios, de un servicio de contratación, de personal para gestionar subvenciones, de un servicio de registro y de una administración electrónica que funcionase con arreglo a la normativa vigente desde 2015. Petriz llegó a consignar que la corporación había tramitado durante todos esos años apenas 9.000 euros en fondos europeos, una cifra que él tildó de “paupérrima”.

El cuadro que dibuja el secretario remite a una corporación sin estructura organizativa definida, con personal laboral realizando funciones que corresponden a funcionarios de carrera y con una atribución de tareas “absolutamente caótica y arbitraria”. En paralelo, las decisiones administrativas adolecen, según su informe, de “ausencia total de motivación” y de “falta prácticamente total y completa de documentación necesaria y fundamental”, lo que abre la puerta, a juicio del funcionario, a la existencia de “vicios de nulidad de pleno derecho” y a que los órganos de gobierno hayan podido adoptar resoluciones sin los elementos necesarios para formar correctamente su voluntad.

Posible conflicto de interés

Pero el apartado más sensible del informe afecta a dos contratos de servicios que el Ayuntamiento de María de Huerva mantiene con una arquitecta y un aparejador: Petriz los calificó de “contratos de personal encubiertos”, una figura rechazada por la jurisprudencia, que estarían atribuyendo el ejercicio de potestades públicas —urbanismo, contratación, servicios técnicos— a personal externo, lo que vulnera la normativa que reserva esas funciones a funcionarios de carrera. Pero el secretario fue más allá: alertó de que ambos contratos podían estar incursos en situaciones de “potencial conflicto de interés” que, conforme al artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, obligan a prevenir, detectar y resolver.

Para investigarlo, Petriz abrió un expediente en el que solicitó a la Intervención General que recabara la relación completa de contratos y facturas abonadas por el Ayuntamiento desde 2009 hasta la actualidad a varias personas y entidades: el aparejador Tazio G. M. B.; la arquitecta María V. S. P.; su hermana Susana V. S. P.; la sociedad Villar San Pío Gestión de Proyectos SL —la empresa familiar, de la que esta última es administradora única y su hermana, apoderada solidaria—; un segundo arquitecto y una constructora, Carmelo Lobera SL. El secretario también propuso requerir a los contratistas de arquitectura una declaración de sus actividades profesionales externas durante el periodo en que prestaron servicios al Ayuntamiento, para acreditar la ausencia de conflicto de interés.

Tazio G. M. B. fue adjudicatario del contrato de consultoría y asistencia técnica del Ayuntamiento de María de Huerva desde 2022 —con un valor estimado de 72.000 euros y una única oferta presentada, la suya— y hasta la actualidad ha redactado proyectos y dirigido obras para el Consistorio, entre ellas la prevista renovación de la carretera de Valencia para su conversión en Avenida de Valencia, con un presupuesto de licitación de 85.071,90 euros. Los registros de la Plataforma de Contratación del Sector Público le ubican también trabajando simultáneamente para el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y para otros ayuntamientos de la provincia.

Contrario a la ley

La propia Secretaría del Ayuntamiento ya había advertido con anterioridad, en un informe desfavorable a la segunda prórroga del contrato con el aparejador, que el ejercicio de funciones urbanísticas y de contratación pública por parte de un privado es contrario a la ley. El documento, suscrito también por Néstor P. P., citaba el Estatuto del Empleado Público, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Urbanismo de Aragón para concluir que la dirección y el control de la actividad urbanística constituyen una “función pública” que debe recaer en funcionarios de carrera. Emitió informe desfavorable a la prórroga e instó a la corporación a convocar la plaza correspondiente o a solicitar asistencia a la Diputación Provincial de Zaragoza. El Ayuntamiento no siguió ninguna de las dos recomendaciones.

Pese a todas estas advertencias, el alcalde, el popular Joaquín Calleja, no ha impulsado ninguna medida correctora. Los contratos con la arquitecta y el aparejador siguen activos, la comisión de investigación solicitada por la oposición no se ha constituido y el secretario que lanzó el SOS ya no está en el puesto.

Cuestionado sobre la renovación del contrato con el aparejador, el primer edil asegura que fue previo a su llegada al cargo. Además, respecto de las aseveraciones del anterior secretario municipal sobre ambos técnicos contratados, Calleja explica que su sucesora ha emitido un nuevo informe en el que asegura que se trata de “insinuaciones” y “hechos no contrastados” y que no ve “incompatibilidades”. El alcalde matiza eso sí que no puede hacer público todavía este documento “porque hay que llevarlo a la comisión de investigación”.

La semana pasada, el PSOE de María de Huerva urgió al primer edil a poner en marcha el mencionado órgano. “Aunque la reciente posibilidad de los grupos de la oposición de acceder a la revisión de los expedientes sobre los que recaen las sospechas hizo concebir esperanzas sobre este instrumento de control, el cambio de secretario del Ayuntamiento deja de nuevo sine die la convocatoria”, lamentaron los socialistas. La comisión de investigación se constituyó en julio del año pasado, pero desde entonces no se ha convocado ni una sola vez, manifestó el PSOE, que indicó que “ha habido diversos intentos de dejarla sin validez tratando de incorporarla como un punto del orden del día en un pleno ordinario”.