Un empleado municipal de Cuarte lleva a Inspección de Trabajo al Consistorio por el presunto acoso de la alcaldesa
Otra polémica para el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. La Inspección de Trabajo investiga en estos momentos una denuncia interpuesta por un trabajador municipal contra el Consistorio por el presunto acoso laboral al que, según relata, le ha sometido en los últimos años la alcaldesa, la popular Elena Lacalle. La cuestión salió a la luz en el último pleno mencionado por la portavoz del PSOE, a quien la regidora acusó de ser “lo peor” que ha “conocido en esta vida”.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, lanza graves acusaciones contra la alcaldesa, que sustituyó al histórico Jesús Pérez (PAR) en 2023 en una localidad que ha experimentado un rápido crecimiento poblacional y que ya es el segundo con mayor renta per cápita de la comunidad autónoma.
R. M., el empleado municipal la acusa de “presiones por elaborar ”informes y propuestas“ que eran ”discordantes con los intereses del equipo de gobierno“, de apartarle de la instrucción de los expedientes sancionadores y de responsabilidad patrimonial o de haber ”agitado el ambiente laboral“ al ser ”instigador“ –según le habría afeado ella– de un recurso de reposición en febrero de 2025 ante una modificación de la plantilla (RPT) que la secretaria municipal y el pleno terminaron estimando. También le atribuye lanzarle ”gritos“, ”desautorizarle en público“, tratar de aislarle, retirarle la palabra –junto a otros empleados municipales supuestamente afines a ella– o filtrar datos personales suyos.
“La conducta reprochada ha escalado progresivamente desde el hostigamiento con efectos desfavorables en la autoestima del trabajador, hasta la culminación en un contexto laboral en el que el recurrente es apartado de casi la totalidad de sus funciones diarias, aislamiento relacional, y la negativa sistemática de comunicación verbal con su persona”, relata el trabajador. R. M. solicita a la Inspección que el Ayuntamiento aporte la evaluación de riesgos psicosociales del puesto de Técnico de Administración General y de la planificación preventiva al respecto, que levante acta de infracción si aprecia indicios suficientes y que ordene al Consistorio a adoptar “medidas preventivas inmediatas para garantizar la seguridad y salud del denunciante” mientras se sustancia la labor inspectora.
En respuesta a un cuestionario de este periódico, Lacalle dice desconocer la denuncia ante Inspección y niega que se haya producido acoso al empleado. Ante la pregunta de si hay influencia política en la gestión administrativa cuando los informes y los criterios no son acordes con los intereses del equipo de gobierno, asegura que “obviamente no”. Y la misma negativa en relación con otra cuestión: si, como comentó la oposición en el último pleno, la modificación de la RPT tenga por objetivo beneficiar a unos trabajadores municipales en detrimento de otros.
El último pleno
La primera noticia de esta denuncia se conoció en la mencionada sesión, celebrada el pasado martes. En el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del PSOE, la concejal Merche Pérez, pidió la palabra para dar a conocer una información “muy grave” y por la que pidió aclaración a la alcaldesa: la edil mencionó la denuncia a la alcaldesa ante Inspección de Trabajo por “presunto acoso laboral al técnico en derecho de la plantilla municipal”. “Estamos muy preocupados y dolidos” ante una situación “tan grave”, expuso Pérez, quien preguntó a la alcaldesa por las “medidas que va a adoptar” para terminar con el “mal ambiente” entre los trabajadores.
La réplica de la alcaldesa Elena Lacalle fue muy dura. Negó que hubiera llegado “ninguna denuncia de acoso laboral” al Ayuntamiento: “No mienta, ya sabemos que usted es torticera”, acusó a la portavoz socialista, a la que llegó a increpar: “Es usted lo peor que he conocido en esta vida, se le tendría que caer la cara de vergüenza”.
La regidora sí reconoció en todo caso que había en curso “una inspección laboral de trabajo en la que se han solicitado protocolos”. “No se lo invente, les encanta hacer acusaciones personales cuando no tienen a otra cosa a la que agarrarse”, afeó también la alcaldesa a la portavoz de la oposición.
A la denuncia, cuya existencia ha podido confirmar elDiario.es, se le dio curso hace ya más de tres meses, a finales del mes de junio. En agosto se presentó “por sorpresa”, según ha podido saber este periódico, un funcionario de la Inspección de Trabajo en el Ayuntamiento. Levantó acta y requirió ante Recursos Humanos la mencionada documentación, que no pudo recibir, tras lo que puso fecha en las siguientes semanas para que empleados municipales entregaran esa documentación.
Modificación de la plantilla
Antes se votó una modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento para redistribuir precisamente las funciones de cuatro puestos: el técnico en asuntos jurídicos y económicos, el oficial jefe de Policía Local, el arquitecto municipal y el ingeniero técnico industrial. “Lo que hacemos es ordenar estas funciones de instrucción de expedientes para vincularlas a la especialización de cada puesto. Así facilitamos una distribución que sea más equilibrada del trabajo”, argumentó la alcaldesa.
La portavoz del PSOE acusó a la regidora de impulsar “reformas” en la plantilla con las que genera “discriminación y agravio comparativo”, y respecto a la actual modificación criticó, en línea con lo expresado por un sindicato, que se atribuyen “funciones de instrucción de procedimiento sancionador y de procedimiento de responsabilidad patrimonial” a personas “que no cuentan con la formación específica”, cuando “sí que hay trabajadores que efectivamente cuentan con ese perfil.
También el concejal de CHA, Eduardo Fernández, afeó a la alcaldesa que “contase” también con “el grupo de trabajadores que mostró ese descontento” a través del mencionado recurso de reposición.
Esta no es la primera controversia que registra el Ayuntamiento desde la llegada de Lacalle, que se ha puesto el segundo sueldo más alto de un alcalde o alcaldesa en Aragón. Con anterioridad han sido públicos informes de Intervención que han mostrado el desbarajuste de las cuentas del Consistorio, cargos al erario de botellas de Moët Chandon, viajes para mayores organizados por el Consistorio pagados en metálico y ajenos a la contabilidad municipal, protestas por los problemas urbanísticos en cinco urbanizaciones o un parque reformado con dinero público para dar misas al aire libre por indicación del párroco.