La Justicia de Aragón abre un expediente de oficio a la coalición PP-Vox por quitar la paga semanal solo a los menores extranjeros
Concepción Gimeno, la Justicia de Aragón –cargo equivalente al Defensor del Pueblo autonómico–, ha acordado abrir un expediente de oficio tras las informaciones publicadas sobre la decisión del Gobierno autonómico de retirar la asignación semanal que perciben los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Administración.
La institución ha adoptado esta decisión en ejercicio de sus competencias sobre la protección de la infancia y la adolescencia, con el fin de obtener la información oportuna sobre la medida y, en su caso, sobre su fundamento y su ámbito de aplicación.
La actuación se produce dos días después de que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), anunciara la supresión de la asignación semanal de 17 euros que reciben estos menores. El dirigente defendió que la medida permitirá ahorrar 180.000 euros al año —una cantidad que, según afirmó, equivale al coste de hasta siete plazas en residencias para mayores— y la enmarcó en el principio de “prioridad nacional” recogido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.
La decisión afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Aragón. Los menores españoles integrados en el sistema de protección continuarán percibiendo esta asignación. El Ejecutivo sostiene que la ayuda carecía de cobertura legal y que su retirada responde a un criterio de legalidad.
Este mismo miércoles, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha registrado un escrito ante la institución del Justicia de Aragón, en el que solicita su intervención para que investigue si la decisión del vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, de retirar la asignación semanal destinada a gastos personales de los menores extranjeros no acompañados cuenta con el respaldo legal y técnico exigible. Alegría ha calificado esta medida de “nueva política xenófoba y segregadora” del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón y ha considerado que supone un trato discriminatorio hacia los menores extranjeros bajo tutela de la administración autonómica.