El PP desdice a Vox: los menores tutelados seguirán cobrando una paga en Aragón, ahora por buen comportamiento

Luis Faci

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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero (PP), ha desmontado este miércoles el mensaje con el que Vox anunció un día antes el final de las “propinas” a los menores tutelados. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha defendido que la nueva instrucción mantiene una asignación para los menores “que tienen un comportamiento correcto”, concebida como “refuerzo positivo”, y que “afecta a todos los menores tutelados, independientemente de la nacionalidad”.

El Departamento que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox) –la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia– había difundido el martes la instrucción con un titular rotundo: 'El vicepresidente Nolasco acaba definitivamente con las propinas que se repartían a menores tutelados en centros de acogida'. Pero, donde Vox anuncia el final de las pagas, su socio de gobierno alude a una paga por buen comportamiento. El texto de la instrucción, firmado el 11 de noviembre, y los conciertos que regulan los centros se acercan más a la versión del PP: los menores podrán seguir recibiendo dinero.

El martes, en una nota, la Consejería de Nolasco anunciaba “la supresión definitiva de esos pagos en metálico y la exclusiva aplicación de ‘incentivos educativos individualizados’”. Reproducía varios pasajes literales de la instrucción, pero no el que permite que esos incentivos incluyan dinero. El texto firmado por el consejero elimina la entrega periódica y automática de una cantidad fija, pero establece que los incentivos podrán consistir, “cuando proceda”, en la entrega de cantidades económicas destinadas a “finalidades concretas de ocio, cuidado personal u otras necesidades”. No fija cuantías ni topes.

Es lo que ha confirmado ahora Vaquero: “En lugar de una asignación sistemática o periódica, es una asignación que actúa como incentivo”. La vicepresidenta ha simplificado, eso sí, el criterio, porque la instrucción no vincula los incentivos al buen comportamiento en general, sino a objetivos educativos individualizados que fija cada entidad gestora.

Ni propinas ni gasto sin control

Desde julio, Desregulación llama “propinas” a esas cantidades. La nota del martes sostenía que se abonaban “con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma” y denunciaba “una preocupante falta de control” con estos pagos. Los acuerdos de acción concertada que el propio Gobierno de Aragón publica en el BOA dicen otra cosa: incluyen entre los gastos que deben asumir las entidades el “dinero de bolsillo de asignación semanal” y les obligan a contar con un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos”. Así figura al menos en el concierto del servicio de atención a la infancia migrante (CATIM) de Zaragoza, uno de los tres recursos afectados por la suspensión, y en otros conciertos de atención a menores.

Ese coste lo asume la entidad dentro del precio por plaza que paga la Administración, y estaba sujeto a control: las entidades debían presentar cada año una memoria económica y una auditoría externa sobre la aplicación de los fondos, y el IASS podía pedirles comprobantes de gastos en cualquier momento. En los centros convivían una asignación fija semanal y otras recompensas por objetivos, como salidas al cine. La instrucción suprime la parte fija y extiende a toda la red la parte condicionada, que las entidades ya aplicaban. Los informes favorables que invoca para 'vender' la medida como un éxito son los de esas mismas entidades.

Lo que sí es nuevo es el control. A partir de ahora, las entidades tendrán que informar cada mes de los resultados de los incentivos y justificar también con esa periodicidad el gasto. De esta forma, la consejería que lleva la desregulación en su nombre añade dos informes mensuales que no figuraban en los conciertos.

La nacionalidad, fuera del texto

El 27 de julio, Nolasco anunció la retirada de la asignación a los menores extranjeros no acompañados tutelados, que se mantenía para los españoles. Solo después de que el Ministerio de Juventud e Infancia llevara el caso a la Fiscalía, el Departamento revocó esa instrucción, suspendió cautelarmente las asignaciones y limitó la medida a tres centros. La Fiscalía General del Estado abrió dos expedientes para estudiar si la retirada podía vulnerar el interés superior del menor o constituir un delito de odio, y el Justicia de Aragón inició una actuación de oficio.

La nueva instrucción no menciona en ningún momento el origen de los menores. Sus antecedentes describen la del mes de julio como una norma sobre cantidades “entregadas en determinados recursos residenciales” y atribuyen su revocación a “determinadas dudas interpretativas”. Para respaldarla, el Departamento pidió un informe a la Dirección General de Servicios Jurídicos, fechado el 9 de octubre, del que la instrucción solo reproduce dos fragmentos, ninguno sobre el trato diferenciado por nacionalidad. Según el pasaje citado, restringir las asignaciones “por sí solo” no merece objeción jurídica si responde a “motivos educativos debidamente motivados” y “en la medida en que no se les priva de la necesaria atención material”.

Tampoco queda rastro del ahorro de 180.000 euros anuales que Nolasco anunció en julio, calculado a partir de 17 euros semanales por menor. Ni la nota ni la instrucción mencionan esa cifra, ningún concierto fija esa cantidad y el precio por plaza no cambia. Como advirtieron las entidades en verano, ese dinero no se devolvía a la Administración. Con el nuevo sistema, además, puede seguir llegando a los menores.