Vox renuncia a la 'prioridad nacional' en las pagas a menores tutelados en Aragón y las reduce a incentivos por objetivos

El Gobierno de Aragón ha dado por cerrada la retirada de la paga semanal a los menores migrantes tutelados con una instrucción que renuncia a cualquier diferencia por nacionalidad y que extiende a toda la red pública de protección el sistema de incentivos que las entidades gestoras ya venían aplicando. Para respaldarla, el Departamento que dirige el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco (Vox), se apoya en un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo del que solo reproduce dos fragmentos, ninguno de ellos sobre el trato diferenciado a los menores extranjeros que llevó el caso ante la Fiscalía.

La instrucción, firmada el 11 de noviembre, deja sin efecto la entrega periódica y generalizada de dinero en efectivo en todos los centros de menores de la comunidad y consolida en su lugar incentivos individualizados vinculados a objetivos educativos. Los menores podrán seguir recibiendo dinero, pero condicionado a esos objetivos. La financiación de los centros no cambia y el dinero de bolsillo sigue incluido en el precio por plaza de los conciertos.

La Consejería pidió un informe a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que lo emitió el 9 de octubre, más de dos meses después de la primera instrucción. El nuevo escrito recoge solo dos pasajes, “entre otros extremos”. En el primero, los servicios jurídicos consideran ajustado a derecho que la Administración dé directrices a las entidades concertadas sobre cómo gestionar las asignaciones económicas. El segundo sostiene que restringir las asignaciones a los menores “atendiendo a motivos educativos debidamente motivados, por sí solo, no merece” objeción jurídica, “en la medida en que no se les priva de la necesaria atención material”. La instrucción no reproduce el resto de ese apartado ni recoge ninguna valoración sobre la distinción por origen que contemplaba la medida inicial.

Un relato sin nacionalidad

Los antecedentes de la instrucción repasan lo ocurrido desde julio sin mencionar en ningún momento el origen de los menores. El primero describe la instrucción del 27 de julio como una norma sobre cantidades “que venían siendo entregadas en determinados recursos residenciales”, aunque aquella medida retiraba los 17 euros semanales a los menores extranjeros no acompañados y los mantenía para los españoles.

El segundo atribuye su revocación, dos días después, a que se habían “advertido determinadas dudas interpretativas”. Para entonces, el Ministerio de Juventud e Infancia ya había trasladado el caso a la Fiscalía por una posible discriminación por razón de origen.

El texto justifica la suspensión por las incidencias en los centros, la seguridad y la convivencia, y añade la fiscalización del gasto de los centros, incluido el dinero de bolsillo, que la Cámara de Cuentas de Aragón inició en febrero de 2026. Concluye que la medida “ha alcanzado el resultado tuitivo pretendido” y que la suspensión se concibió “desde un principio” como una medida “de carácter transitorio”.

También cambia la firma. La instrucción del 27 de julio la dictaron la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) –que renunció posteriormente al cargo– y el director general de Desregulación, aunque fue Nolasco quien anunció la retirada. Sin embargo, la de noviembre la firma el propio consejero, que invoca un decreto que le atribuye la potestad de interpretar los conciertos.

El sistema que ya aplicaban los centros

La propia instrucción reconoce que no parte de cero. Explica que, mientras estuvieron suspendidas las asignaciones periódicas, las entidades gestoras “desarrollaron y trasladaron a la Administración” sistemas de incentivos individualizados y que los informes de los centros los valoran favorablemente. Esos sistemas se consolidan ahora en toda la red.

Los incentivos podrán consistir en el acceso a actividades, bienes o servicios y, “cuando proceda”, en la entrega de cantidades económicas para “finalidades concretas de ocio, cuidado personal u otras necesidades”. El documento no fija cuantías ni topes: cada entidad establecerá criterios objetivos previos y deberá registrar las entregas, comunicar al IASS las incidencias relevantes, informar cada mes de los resultados y justificar mensualmente el gasto.

Hasta ahora, en los centros convivían dos fórmulas: una asignación fija semanal y otras recompensas ligadas al cumplimiento de objetivos, como ir al cine u otras actividades de ocio. Ambas están previstas en los conciertos que el Gobierno de Aragón publica en el BOA. Por ejemplo, el del servicio de atención a la infancia migrante (CATIM) de Zaragoza, uno de los tres recursos afectados por la suspensión, incluye entre los gastos que debe asumir la entidad el “dinero de bolsillo de asignación semanal” y le obliga a contar con un “protocolo de dinero de bolsillo e incentivos”. Las mismas cláusulas figuran en otros conciertos de atención a menores migrantes y a menores con trastornos de conducta, y ninguno fija la cuantía de la asignación.

La instrucción suprime la parte fija sin modificar formalmente esos conciertos y deja solo la condicionada, que las entidades ya aplicaban. Lo que sí añade es control. Los conciertos obligaban a comunicar las incidencias significativas el mismo día, pero la justificación económica era anual, mediante una memoria y una auditoría externa sobre la aplicación de los fondos, además de los comprobantes que el IASS pudiera pedir en cualquier momento. El departamento de Desregulación impone ahora a las entidades dos informes mensuales que no figuraban en los conciertos: uno de resultados y otro de justificación del gasto.

El ahorro que no aparece

En julio, el departamento calculó un ahorro de 180.000 euros anuales a partir de una asignación de 17 euros semanales por menor, una cantidad que no aparece en los conciertos, porque ninguno fija el importe. La nueva instrucción no menciona esa cifra ni modifica el precio por plaza, pese a invocar la norma que permitiría hacerlo por razones de interés público. Como ya advirtieron las entidades durante el verano, ese dinero no se devolvía a la Administración, sino que debía destinarse a otros gastos del servicio. Con el nuevo sistema, además, puede volver a llegar a los menores en forma de incentivos.

La polémica comenzó el 27 de julio, cuando Nolasco anunció que los menores extranjeros no acompañados dejarían de percibir la asignación semanal, que se mantenía para los españoles. El 29 de julio, el departamento revocó esa instrucción y suspendió cautelarmente las asignaciones periódicas. Después limitó la medida a tres recursos en los que residían menores migrantes –Movera, Torrero y Peralta de la Sal– y la justificó por motivos de seguridad y convivencia.

La Fiscalía General del Estado abrió dos expedientes para estudiar si la retirada podía vulnerar el interés superior del menor o constituir un delito de odio, y el Justicia de Aragón inició una actuación de oficio para conocer los fundamentos y el alcance de la decisión.