El PP aragonés evita criticar a Vox por quitar la paga a los menores extranjeros tutelados y apela al pacto de gobierno
El Gobierno de Aragón ha evitado este martes entrar a valorar la decisión de Vox de retirar la gratificación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad mientras la mantiene para los menores españoles que residen en los mismos centros de protección. La medida establece un trato diferente en función de la nacionalidad y ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a denunciar el caso ante la Fiscalía por una posible discriminación. Pese a ello, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha evitado cualquier crítica al socio de coalición y ha enmarcado la actuación dentro del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox.
La instrucción dictada por la Consejería de Bienestar Social elimina la gratificación semanal de 17 euros para los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. Según precisaron fuentes del departamento a este diario, la supresión afecta únicamente a este colectivo, mientras que los menores españoles tutelados por la Administración seguirán percibiendo estas gratificaciones, cuya gestión recaerá en las direcciones de los centros de acogida.
La medida choca además con el discurso que el PP sostuvo cuando presentó el acuerdo de gobierno con Vox. Entonces defendió que la denominada “prioridad nacional” no implicaría discriminar por razón de nacionalidad y subrayó que todas las actuaciones se desarrollarían dentro de la legalidad y con los correspondientes informes jurídicos. La instrucción anunciada ahora distingue, sin embargo, entre menores tutelados en función de su nacionalidad.
Preguntada por la medida, Vaquero ha insistido en varias ocasiones en que se trata de una decisión adoptada por la consejería de Vox y ha remitido a las explicaciones ofrecidas por ese departamento. “Es una decisión tomada por la propia consejería y nos remitimos a los términos en los que esa instrucción queda definitivamente redactada”, ha afirmado. La portavoz también ha señalado que será la Vicepresidencia la que “comunique los términos en la redacción definitiva de esa medida”.
La portavoz ha defendido que el Ejecutivo respaldará las decisiones que adopten los distintos departamentos. “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”, ha asegurado. Asimismo, ha insistido en que “el Gobierno de Aragón es único, apoyado por dos formaciones” y que “el respaldo a todas las medidas es la deriva de ese acuerdo”. También ha recalcado que “no es una cuestión que se someta a votación en el ámbito del Gobierno”, sino que forma parte de las competencias de la Consejería de Bienestar Social.
Vaquero ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la decisión y ha centrado su defensa en la necesidad de que la instrucción cuente con respaldo jurídico. “Cualquier actuación que llevemos a cabo en el ámbito de nuestras competencias siempre tiene que tener los informes jurídicos”, ha señalado, al tiempo que ha recordado que “los límites de las acciones llevadas a cabo por cada consejería son el cumplimiento de la ley”. En este sentido, ha apuntado que la medida todavía podría modificarse antes de su aplicación definitiva: “Cualquier medida, a la hora de materializarse, implantarse y ejecutarse, tiene que llevar estos informes. A veces tienes que adaptarla si hay algún condicionante jurídico; con esta medida se hará lo mismo”.
Respecto a la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de acudir a la Fiscalía, la portavoz ha asegurado que el Ejecutivo autonómico todavía desconoce el contenido de esa actuación. “Tendremos que conocer los términos de la reacción que fue conocida ayer a través de los medios. No tenemos conocimiento de ningún documento”, ha indicado. En cualquier caso, ha reiterado que “cualquier actuación del Gobierno de Aragón irá respaldada siempre por esos informes jurídicos”.
El Ministerio de Juventud e Infancia anunció este lunes que ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que investigue la decisión del Gobierno de Aragón al considerar que la retirada de la gratificación semanal únicamente a los menores extranjeros no acompañados podría vulnerar sus derechos fundamentales. En el escrito sostiene que la medida establece “una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen”, lo que podría suponer una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales, además de ser contraria a los artículos 14 y 39 de la Constitución y al principio del interés superior del menor. El Ministerio recuerda además que las administraciones que tutelan a menores están obligadas a garantizar su atención e integración “sin discriminación alguna” y que estas asignaciones contribuyen a fomentar su autonomía y su transición a la vida adulta. Por ello, ha solicitado a la Fiscalía que estudie los hechos y adopte las medidas que considere oportunas para garantizar la protección de los menores.