Educación deja en manos de los centros las decisiones sobre las extraescolares en Aragón y los sindicatos lo rechazan
El primer texto con el que el Gobierno de Aragón pretende regular las actividades complementarias y extraescolares ha abierto un nuevo frente con los sindicatos docentes. CCOO y CGT consideran que las instrucciones, que se debatirán este jueves en una mesa técnica, no responden al problema que motivó su elaboración —la falta de protección jurídica del profesorado tras la muerte de un alumno durante un viaje escolar en Bélgica— y, por el contrario, dejan en manos de los centros nuevas decisiones organizativas e incrementan la carga burocrática.
El borrador, remitido esta semana a los agentes implicados en el proceso participativo, establece un marco común para la organización de las actividades fuera del aula. Entre otras cuestiones, atribuye a las direcciones de los centros la valoración individual de aquellos alumnos que requieran medidas específicas para participar en una actividad, la elaboración de protocolos para viajes con pernocta o intercambios, la designación del profesorado responsable y la adopción de medidas organizativas cuando concurran circunstancias especiales. También contempla la posibilidad de contratar seguros complementarios de accidentes o asistencia en viaje cuando el centro lo considere conveniente.
Para CCOO, el texto supone una “coerción involutiva” y no resuelve el problema que dio origen al conflicto. El sindicato sostiene que, en lugar de reforzar la protección jurídica del profesorado, “incrementa el control sobre el profesorado, la burocracia y la carga de trabajo de los centros”. Además, critica que la responsabilidad de las actividades “recae en última instancia sobre la dirección de los centros educativos”, que se atribuyan nuevas funciones a los equipos docentes y que todas esas obligaciones se planteen “sin delimitar ratios adecuadas” ni asumir el coste económico y el personal necesario para desarrollarlas.
CGT ha ido un paso más allá y ha anunciado que no acudirá a la mesa técnica convocada para este jueves al considerar que se trata de un “simulacro de negociación”. El sindicato califica el documento de “tomadura de pelo al profesorado aragonés” y asegura que es “una mezcla de recopilatorio de normativa ya existente, de un documento que anima a privatizar estas actividades con empresas colaboradoras y seguros privados y una nueva muestra de dejación de funciones de esta administración”.
Según su portavoz, José Luis Ruiz, el texto “no mejora las condiciones en las que el profesorado participa en estas actividades, ni en cuanto a su seguridad jurídica, ni en cuanto a ratios, ni en cuanto a compensaciones por las horas extras realizadas”. También denuncia que aumenta la burocracia, amplía la responsabilidad de los docentes y recomienda la contratación de seguros, lo que, a su juicio, podría incrementar el coste para las familias y dificultar el acceso del alumnado a estas actividades.
Entre las novedades que recoge el documento figura también que todas las actividades fuera del recinto escolar deberán contar, como mínimo, con dos docentes responsables. A partir de ahí, se fijan ratios orientativas de un responsable por cada 15 alumnos en Infantil, 23 en Primaria y 30 en Secundaria, aunque el texto insiste en que los centros podrán reforzar el acompañamiento en función de las características de la actividad o del alumnado. Asimismo, prevé que las familias puedan excluir a sus hijos de los tiempos libres programados durante un viaje, en cuyo caso el alumnado deberá permanecer bajo la supervisión del profesorado.
Las instrucciones también contemplan que, cuando no sea posible garantizar mediante medidas organizativas la seguridad de un alumno o del resto de participantes, la dirección del centro pueda acordar motivadamente su no participación en la actividad, previa comunicación a la familia siempre que las circunstancias lo permitan. Además, incluyen modelos de autorizaciones, protocolos de actuación, planes específicos para alumnado con necesidades organizativas concretas y orientaciones sobre seguros y responsabilidad civil.
Desde el Departamento de Educación defienden, sin embargo, que se trata de un documento de carácter transitorio elaborado tras un proceso participativo en el que han intervenido sindicatos, FAPAR, la Inspección Educativa, los Servicios Provinciales y las asociaciones de directores. Sostienen que las instrucciones permitirán que los centros dispongan desde septiembre de “un marco común de actuación” que aporte “seguridad, homogeneidad y respaldo organizativo” mientras se continúa trabajando en la regulación definitiva.
Fuentes del Departamento subrayan, además, que el texto no está cerrado. Todos los agentes implicados recibieron el martes el borrador y pueden trasladar sus observaciones antes y durante la mesa técnica prevista para este jueves, en la que los sindicatos tendrán ocasión de plantear sus propuestas.
A las críticas sindicales se ha sumado también Chunta Aragonesista (CHA), que ha reclamado la retirada del borrador y la apertura de una negociación “real” con la comunidad educativa para consensuar un protocolo que garantice la protección jurídica del profesorado. La formación considera que el texto “elude los problemas estructurales de la educación pública” y mantiene la “indefensión jurídica” de los docentes, al tiempo que incrementa la carga burocrática sobre los claustros y equipos directivos.
La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Isabel Lasobras, ha anunciado el registro de preguntas parlamentarias para que el Gobierno de Aragón explique el contenido de la propuesta. Además, ha advertido de que la posibilidad de que los centros recurran a seguros privados o empresas externas para organizar estas actividades puede aumentar los costes para las familias y “acentuar la brecha social”, al tiempo que ha criticado que el borrador no contemple mejoras en las condiciones laborales ni compensaciones para el profesorado que participa en viajes y actividades fuera del horario lectivo.
La regulación de las actividades extraescolares se convirtió en una de las principales reivindicaciones del profesorado aragonés después de que decenas de centros suspendieran viajes y salidas escolares tras la imputación de dos docentes por la muerte de un alumno durante un intercambio en Bélgica. Desde entonces, sindicatos y docentes han reclamado al Ejecutivo autonómico un marco que refuerce su protección jurídica y les dé garantías para organizar este tipo de actividades.