Las VTC llevarán a los tribunales la nueva orden de Aragón y denuncian el bloqueo de licencias en Zaragoza
La nueva regulación del transporte urbano en Aragón ha abierto otro frente judicial entre las administraciones y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). La patronal UNAUTO ha anunciado este miércoles que recurrirá ante los tribunales la Orden VFL/1445/2026 del Gobierno de Aragón y solicitará su suspensión cautelar inmediata por considerar desproporcionadas las medidas que contempla, entre ellas el precinto de vehículos durante un plazo máximo de un año por operar sin autorización municipal. El conflicto tiene uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde la asociación denuncia que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la concesión de 59 nuevas licencias mientras exige disponer de ellas para prestar el servicio.
La orden autonómica, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 9 de octubre y en vigor desde el día 10, endurece las medidas de control sobre la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de turismo. Según denuncia UNAUTO, la regulación permite inmovilizar y precintar vehículos, imponer sanciones económicas y retirar o revocar autorizaciones en determinados supuestos de reincidencia.
“Estamos ante unas medidas absolutamente desproporcionadas, de efectos prácticamente confiscatorios, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas y miles de puestos de trabajo”, sostiene el presidente de UNAUTO VTC, José Manuel Berzal, quien considera “inadmisible que las administraciones amenacen con precintar vehículos mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias que exigen para operar”.
La patronal sostiene que esta situación genera una contradicción entre las obligaciones impuestas a los operadores y las posibilidades reales de cumplirlas. Por ello, además de solicitar la suspensión cautelar de la orden, anuncia que estudiará las responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, incluidas las personales.
La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde asegura que únicamente existen 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce prácticamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis.
Esta limitación está en el origen de una controversia jurídica que alcanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia dictada el 8 de junio de 2023 sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona, el tribunal consideró contraria a la libertad de establecimiento una restricción cuantitativa de estas características cuando no está suficientemente justificada por objetivos legítimos y criterios de proporcionalidad.
La resolución europea, sin embargo, no eliminó la posibilidad de exigir autorizaciones adicionales para prestar servicios urbanos. Admitió que las administraciones pueden establecerlas cuando respondan a necesidades específicas de gestión del transporte, del tráfico, del espacio público o del medioambiente, siempre que sus condiciones sean objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.
UNAUTO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de continuar aplicando de facto la proporción 1:30 pese a conocer esta jurisprudencia. También cuestiona el procedimiento mediante el que se concedieron las 59 autorizaciones existentes, que, según sostiene, fueron otorgadas sin convocatoria pública ni suficiente transparencia.
La patronal reclama que se publiquen los expedientes administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios. Asimismo, denuncia que empresas que ya operaban en Zaragoza quedaron fuera del reparto y que sus solicitudes posteriores fueron desestimadas mediante silencio administrativo, sin recibir una explicación expresa.
El Ayuntamiento reconoció que no concedía nuevas autorizaciones
La controversia sobre las licencias ya había llegado al debate municipal meses antes de aprobarse la nueva orden autonómica.
En febrero de 2026, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, explicó en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no estaba prevista la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta disponer de una regulación autonómica que permitiera establecer las condiciones aplicables.
La cuestión había sido planteada por Vox, que solicitó explicaciones sobre las 59 licencias existentes, el procedimiento seguido para su concesión y la posible aplicación del límite de una VTC por cada 30 taxis.
El responsable municipal defendió entonces que las autorizaciones se habían concedido conforme a la normativa vigente y vinculó la tramitación de nuevas solicitudes al desarrollo de criterios relacionados con la protección medioambiental, la gestión del transporte y la circulación urbana.
La entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno de Aragón introduce ahora un elemento adicional en este debate, al aprobarse la regulación autonómica a la que el Ayuntamiento había hecho referencia para justificar la ausencia de nuevas concesiones.
Un conflicto de intereses con el sector del taxi
El endurecimiento de las medidas de control también responde a un escenario de enfrentamiento entre las VTC y el sector del taxi, que lleva meses reclamando una actuación más contundente contra los vehículos que, a su juicio, prestan servicios urbanos sin disponer de las autorizaciones exigidas.
Las organizaciones del taxi han defendido la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que las empresas de VTC cumplan las mismas exigencias administrativas que les correspondan para desarrollar su actividad. Desde este sector se ha denunciado la existencia de centenares de vehículos que consideran irregulares en Zaragoza.
La nueva orden autonómica se sitúa así en medio de dos reivindicaciones contrapuestas. Mientras los taxistas reclaman que se impida operar a quienes carecen de autorización, las empresas de VTC sostienen que las administraciones no pueden endurecer las consecuencias de incumplir un requisito cuando, según denuncian, mantienen restringido el procedimiento para obtenerlo.
“No se puede impedir a una empresa obtener una licencia y después precintar sus vehículos por no tenerla. Vamos a acudir a los tribunales para defender los derechos de nuestros asociados y exigir responsabilidades por las consecuencias de estas decisiones”, advierte Berzal.
UNAUTO reclama al Gobierno de Aragón la revisión inmediata de la orden y al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga fin a las restricciones que considera injustificadas. La asociación confía en que los tribunales suspendan cautelarmente las nuevas medidas por entender que vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libertad de establecimiento.
Consumidores y empresarios alertan de más esperas tras las colas del Pilar
A las críticas de las empresas VTC se han sumado organizaciones de consumidores y representantes de sectores económicos y sociales integrados en la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que consideran que las nuevas restricciones agravarán los problemas de movilidad de Zaragoza. La alianza señala como ejemplo las largas colas registradas durante las Fiestas del Pilar, especialmente por la noche y a la salida de los grandes acontecimientos, cuando numerosos ciudadanos tuvieron dificultades para encontrar transporte de regreso a sus domicilios.
La plataforma, de la que forman parte la Unión de Consumidores de Aragón, organizaciones vinculadas al ocio, la restauración y el turismo, así como empresas de movilidad como Bolt, sostiene que la demanda de servicios de transporte bajo demanda ha aumentado un 600% en Aragón. A su juicio, limitar la actividad de las VTC reducirá las alternativas disponibles y perjudicará especialmente a quienes se desplazan de noche, residen en barrios peor comunicados o asisten a eventos multitudinarios.
“Lo que hemos visto estos días en el Pilar no es una anécdota, es un síntoma. Cuando miles de personas tienen que esperar en la calle para volver a casa, el problema es que la oferta no está a la altura de la demanda”, afirma José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.
Oliván defiende la convivencia de todos los medios de transporte y advierte de que la solución no pasa por restringir la actividad de uno de ellos. “El taxi es una pieza esencial y el transporte público la columna vertebral de la ciudad, pero Zaragoza necesita que todas las soluciones convivan y se complementen”, sostiene.
La alianza reprocha además al Gobierno de Aragón que haya aprobado la orden sin escuchar previamente a los usuarios, pese a que, según asegura, las organizaciones de consumidores habían solicitado reuniones con los responsables autonómicos de movilidad. Por ello, reclama a las administraciones que cumplan su compromiso de equilibrar la oferta y la demanda y elaboren planes específicos de refuerzo del transporte para acontecimientos multitudinarios como las Fiestas del Pilar, coordinando los servicios públicos, el taxi y las VTC.