Gobierno de Aragón y taxistas de Zaragoza crearán una mesa de trabajo para revisar la regulación de las VTC

El Gobierno de Aragón y el sector del taxi de Zaragoza crearán una mesa de trabajo para revisar la regulación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) interurbanas y preparar una nueva resolución interpretativa que aporte mayor claridad y seguridad jurídica a la aplicación de la normativa. El objetivo es mejorar la convivencia entre el taxi y las VTC y reforzar la capacidad de los agentes para actuar ante posibles incumplimientos.

Así lo ha anunciado este jueves, 27 de agosto, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón Octavio López, tras reunirse con representantes de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza. En el encuentro también han participado la consejera de Movilidad de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, y el presidente de la asociación provincial del taxi, Miguel Izaguerri.

López ha explicado que el Ejecutivo autonómico dictó en marzo de 2025 una resolución para regular la movilidad entre los distintos sectores del transporte y que transcurridos 18 meses, el encuentro ha servido para analizar cómo se ha desarrollado y aplicado esa norma. A partir de esta evaluación, ha avanzado que la comisión de trabajo se constituirá “de manera inminente” y permitirá preparar durante septiembre una nueva resolución.

El consejero ha señalado que la previsión es que esta nueva orden, “más aclaratoria” y “más eficiente en la gestión”, pueda publicarse en el Boletín Oficial de Aragón antes de que termine septiembre. La intención, ha añadido, es establecer con mayor precisión las reglas de convivencia entre el taxi y las VTC en Zaragoza, de manera que se respeten los derechos de ambos colectivos y se pueda actuar de forma contundente cuando se produzcan infracciones.

“Unas reglas del juego claras”

López ha insistido en que la cuestión no pasa por perseguir a las VTC por el hecho de serlo, sino por garantizar que cualquier operador cumpla las obligaciones establecidas. Ha indicado que las nuevas disposiciones deberán precisar las consecuencias de determinados incumplimientos y proporcionar a los agentes que intervienen en el control herramientas jurídicas suficientemente claras para imponer sanciones o adoptar, cuando corresponda, medidas como la inmovilización de vehículos.

El responsable autonómico ha subrayado que el sistema jurídico español es garantista y que quien recibe una sanción tiene derecho a defenderse, pero ha defendido igualmente que los agentes deben disponer de un marco normativo sólido para que sus actuaciones tengan seguridad jurídica. “Hay que darle carta de naturaleza a algunas normas para que se sepa cuáles son las sanciones que llevan acarreadas comportamientos que no están dentro del marco de la legalidad”, ha manifestado.

El presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Izagueri, ha agradecido la disposición del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para continuar trabajando con el sector, pero ha advertido de que el taxi no da “un cheque en blanco” al Ejecutivo. “Hay que seguir trabajando en este tema”, ha recalcado, después de precisar que en la reunión no se ha firmado ningún acuerdo, sino que se ha acordado mantener una mesa de trabajo.

Izaguerri ha defendido que la reivindicación del taxi no consiste en perseguir a las empresas o conductores de VTC por pertenecer a este sector, sino en exigir que se cumpla la legislación. “Nosotros no pedimos perseguir a las VTC por ser VTC, lo que perseguimos es que se cumpla la ley, nada más”, ha señalado. A su juicio, el taxi cumple diariamente sus obligaciones y las plataformas que realizan transporte de viajeros en la ciudad deben hacer lo mismo.

El representante del sector ha considerado que la regulación aprobada en 2025 “se nos ha quedado un poco coja” porque su aplicación durante estos meses no ha funcionado como se esperaba. Por ello, ha reclamado que la futura resolución permita a los agentes disponer de “más armas” para actuar con seguridad jurídica.

Por su parte, la consejera de Movilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha calificado el encuentro como un ejemplo de “trabajo y lealtad institucional” entre las dos administraciones y de escucha a un sector que considera fundamental para la dinamización económica de la ciudad. Ha señalado que el Ayuntamiento mantiene abierta la colaboración con el taxi para abordar sus distintas reivindicaciones.

Las demandas del taxi

Gaudes ha explicado que los asuntos relacionados con la movilidad y el taxi se están tratando a través de una mesa de trabajo municipal en la que se abordan cuestiones diversas, entre ellas el taxi adaptado y las afecciones derivadas de las obras que se están ejecutando en Zaragoza. La consejera ha defendido que este mecanismo permite estudiar las demandas del sector “una a una” y buscar soluciones para cada una de ellas.

La responsable municipal ha situado parte del origen de las dificultades actuales en el marco normativo estatal y europeo que afecta al transporte con conductor. En concreto, ha aludido a la denominada 'ley Ábalos', que, según ha señalado, fue tumbada por contravenir el derecho europeo, una situación que, a su juicio, ha dejado en ocasiones a ayuntamientos y comunidades autónomas “huérfanas” a la hora de afrontar determinados problemas de movilidad.

En este contexto, el Gobierno de Aragón considera necesario dotar a la Comunidad de una legislación propia que permita ordenar de manera más completa los diferentes escenarios del transporte. López ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pretende iniciar durante esta legislatura la tramitación de una nueva ley de transporte de Aragón.

López ha defendido que esta futura legislación permitirá ofrecer un marco normativo más claro ante situaciones que actualmente generan dificultades de interpretación y conflictos entre operadores. La intención es que durante la presente legislatura Aragón pueda disponer de una nueva ley que regule estos escenarios y contribuya a mejorar la movilidad de los ciudadanos.

La futura norma abordará, según ha detallado, cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible y con el conjunto del transporte en la comunidad, más allá de la problemática concreta de las VTC. El consejero ha vinculado su impulso a la necesidad de aportar seguridad jurídica a las administraciones, a los agentes que aplican las normas y a los propios colectivos profesionales.

Más seguridad jurídica

Gaudes ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá acompañando al sector del taxi y ha destacado la importancia de la coordinación entre las dos administraciones. A su juicio, la reunión celebrada con el Gobierno de Aragón demuestra que existe voluntad de diálogo y de buscar soluciones mediante la colaboración institucional.

El encuentro deja así dos vías de trabajo diferenciadas. Por un lado, la comisión que Gobierno de Aragón y taxistas constituirán de forma inmediata permitirá revisar la regulación de las VTC y preparar la nueva resolución que se pretende aprobar antes de finalizar septiembre. Por otro, el Ejecutivo autonómico iniciará en septiembre la tramitación de una nueva ley de transporte que aspira a establecer un marco general para Aragón.

De esta forma, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y sector del taxi afrontan los próximos meses con una agenda centrada en mejorar la regulación de las VTC, reforzar los mecanismos de control y avanzar hacia una legislación autonómica de transporte. El objetivo común es aportar mayor seguridad jurídica y ordenar la convivencia entre los diferentes servicios de transporte de viajeros que operan en la capital aragonesa.