La pareja que retuvo a sus hijos cuatro años en el 'chalé de los horrores' en Oviedo será juzgada la próxima semana
El matrimonio que retuvo durante cuatro años a sus tres hijos menores de edad en una vivienda de la zona rural de Oviedo por miedo al contagio del covid-19, bautizado en la operación policial como “el chalé de los horrores”, será juzgado la próxima semana. La Audiencia Provincial de Asturias ha dictado un auto donde acuerda que la vista oral del juicio se celebre los próximos días 10 y 11 a puerta cerrada.
El tribunal de la Sección Segunda argumenta en este auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que esta decisión responde a la necesidad de garantizar el bienestar de los tres menores de edad y ha valorado igualmente la entidad y gravedad de los hechos imputados a los padres.
Los delitos imputados
Las tres magistradas que integran el tribunal siguen así el criterio de la Fiscalía, que había solicitado que el juicio no fuera público “teniendo presente la naturaleza del delito enjuiciado, así como la entidad y gravedad del mismo con los perjuicios del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad”. Una petición que fue posteriormente apoyada por la Letrada del Menor.
Los acusados, el alemán Christian S., de 53 años y su esposa Melissa A.S. con doble nacionalidad estadounidense y alemana, están imputados como presuntos autores de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.
Proteger a los tres niños
En este auto, la Sala expone que el hecho de que se celebre a puerta cerrada es la forma de proteger a los menores, dos gemelos y un hermano que no superan los 11 años, y respalda su resolución en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).
“El derecho del acusado a un juicio público puede ceder ante exigencias entre otras de orden público, perjuicio de los fines de la justicia, protección de la vida privada de las partes o de personas menores y respeto a la persona ofendida o a su familia, y en el concreto supuesto de la propia naturaleza y entidad de los hechos se desprende la existencia de razones que motivan la excepción legitimadora de suprimir en este caso concreto la garantía constitucional de que el juicio sea público”, sostiene el tribunal.
El auto, dictado ayer miércoles, día 4, no es firme y frente al mismo puede interponerse recurso de súplica en el plazo de tres días.
Denegada la libertad provisional
El matrimonio permanece ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias desde que el pasado mes de abril los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaran a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana.
En esa llamada, aseguraba que a pesar de que en el chalé de sus vecinos apenas había movimiento y tan solo se veía al padre abrir la puerta a los repartidores, había podido observar a unos niños mirar al exterior desde una de las ventanas.
Todas las peticiones de las defensas para tratar de que la pareja saliera en libertad provisional a la espera del juicio fueron desestimadas por la Audiencia Provincial de Asturias.
Sin socializar
Las magistradas se basaron en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años -desde 2021 a 2025, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.
A todo ello se añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.
La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia
Reiteración delictiva
La Audiencia admitía que el riesgo de reiteración delictiva era, en ese momento, “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subrayaba que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.
Las elevadas penas a las que se enfrentan también jugó en contra del matrimonio. La Fiscalía solicita sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel a cada miembro de la pareja por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.
En su relato de hechos, la acusación pública expone que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.
Solo el padre estaba empadronado
La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.
Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.
Absoluto aislamiento de los menores
Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.
El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa.
Los niños estaban sin escolarizar, sin seguimiento sanitario y aislados de todo contacto con el mundo exterior. Los gemelos, a sus ocho años, aún no sabían leer, ni escribir
“No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”, recalca la Fiscalía.
Recuperarse de las secuelas
Un ejemplo claro de esa situación es que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir.
Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.
La búsqueda de familiares
Desde un principio, la idea del equipo de profesionales era lograr el equilibrio emocional de los menores y buscar a algún familiar que pudiera mantener un vínculo afectivo con ellos para que no tuvieran que seguir en un centro.
Inicialmente la búsqueda fue infructuosa y se llegó a contactar incluso con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos (EEUU) para ver si se lograba encontrar a familiares directos que pudieran incluso llegar a hacerse cargo de los menores.
La opción de la acogida temporal
Desde la administración regional barajaban como una de las principales opciones que los menores pudieran estar en acogida temporal si hubiera una familia que reuniera los requisitos, ya que en principio se descarta una posible adopción.
Inicialmente se pensó que dada la corta edad de los niños, este largo encierro podría acarrearles secuelas con el paso del tiempo.
Los abuelos regresaron a EEUU
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha ratificado que eso es exactamente lo que ha sucedido: “Están trabajando de una manera muy intensiva con los niños, tanto el personal educador como los psicólogos, porque realmente lo necesitan”, ha corroborado.
El Principado estudió las posibilidades de que los abuelos fueran quienes asumieran la custodia de sus nietos, una vez que el juzgado había retirado la patria potestad a sus padres, pero no es la opción más viable, dado que ya han regresado a su país de residencia, en Estados Unidos.