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Margarita Martínez Escamilla

Margarita Martínez Escamilla es Catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid.

Autora de numerosas publicaciones, en los últimos años sus líneas de investigación y de intervención  han versado sobe justicia restaurativa y mediación penal y sobre la relación entre justicia penal y exclusión social. En la actualidad dirige el Proyecto de Investigación Iusmigrante, en cuyo marco se analizan diversos aspectos del uso del Derecho penal y administrativo sancionador en la lucha contra la inmigración irregular.

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La sentencia de la vergüenza

Por qué las "devoluciones en caliente" son radicalmente ilegales y vulneran los derechos humanos es muy fácil de entender. Si bien no toda persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, sí lo tiene a que su entrega se verifique a través de un procedimiento que permita constatar que no se encuentra en una situación que el Estado español se ha comprometido a tutelar, como es el caso, pero no exclusivo, de los menores de edad no acompañados, de los solicitantes de asilo, amén de la prohibición de entrega a un país donde la persona pueda sufrir malos tratos (principio de no devolución). Si a las personas interceptadas por la autoridad española, como ocurre en las "devoluciones en caliente", son devueltas sin permitírseles alegar su situación, sin darles la oportunidad ni de "abrir la boca", difícilmente el Estado español podrá cumplir con el respeto a los derechos humanos al que está obligado. 

En segundo lugar, el que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan actuar por la vía de hecho, al margen de cualquier procedimiento, supone, además, una quiebra indiscutible de los principios y garantías que han de regir la actuación de la Administración en un Estado de Derecho.  Desde el momento en que las devoluciones se practican sin ni siquiera identificar al sujeto ni dejar constancia de lo actuado, difícilmente el proceder de los agentes del Estado podrá ser objeto de impugnación. Así lo entendió la Sala 3ª del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en Sentencia de 3 de octubre de 2017, condenó por unanimidad a España por la devolución sumaria de dos migrantes que en 2014 lograron atravesar el entramado fronterizo que separa la Ciudad Autónoma de Melilla del Reino de Marruecos. En dicha sentencia se declaraban estas prácticas contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto vulneradoras del art. 4 del Protocolo 4º, que prohíbe las expulsiones colectivas, y del art. 13 del Convenio, que consagra el derecho a un recurso efectivo. 

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Tarajal, una amarga sensación de impunidad

Hace seis años, en la madrugada del 6 de febrero de 2014, un grupo muy numeroso de migrantes intentó entrar a nado en Ceuta, a través de la playa de Tarajal. La Guardia Civil se empleó a fondo para impedirlo, disparando pelotas de goma y botes de humo muy cerca de ⧿algunos testigos afirman que directamente sobre⧿ las personas en el agua, muchas de las cuales a duras penas se mantenían a flote. Además, se dispararon casi doscientas salvas de fogueo, lo que habría incrementado el pánico entre los nadadores, quienes sin duda pensaron que se trataba de fuego real. El resultado fue de quince muertos y numerosos heridos. 

Para que cualquiera pueda entender y valorar la actuación de la justicia penal, conviene recordar que, en el procedimiento abreviado aplicable en este caso, se distinguen dos fases: una primera de investigación, dirigida por el Juez de Instrucción, a quien corresponde ordenar cuantas actuaciones sean necesarias para la averiguación de los hechos y de sus autores. Terminada la instrucción, si el juez considera que no hay base para la acusación, decretará el sobreseimiento. Si, por el contrario, existen indicios racionales de criminalidad, se pasará a la fase decisoria donde otro órgano judicial, una vez practicadas las pruebas en juicio oral, decidirá la condena o la absolución.

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“Devoluciones en caliente”: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Con esta expresión se hace referencia a la actuación de la Guardia Civil consistente en la entrega a las fuerzas marroquís, por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de ciudadanos extranjeros interceptados en territorio de soberanía nacional o intentando acceder a él. Estas prácticas son habituales en las ciudades de Ceuta y Melilla, y están acreditadas a través de testimoniosnumerosas imágenes como las que se pueden ver a lo largo de este artículo.

Frente a la imagen de invasión que se nos trata de trasmitir, es necesario aclarar que no son miles y miles quienes esperan a saltar las vallas, sino siempre los mismos que desesperadamente lo intentan una y otra vez.

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