Una coalición con la ultraderecha para incumplir la Constitución

Este miércoles, en la SER, Aimar Bretos me pidió el titular del día. Mi respuesta fue esta: “PP y Vox confirman su coalición con el primer objetivo de incumplir la Constitución para controlar la Justicia”.

“Luego lo desarrollo”, prometí en la radio. Pero la tertulia acabó por otros derroteros y me quedé sin tiempo. Así que lo explico hoy.

PP y Vox confirman su coalición, porque eso es lo que ha ocurrido esta semana. Su anuncio de un pacto para las candidaturas al Senado es la enésima prueba de que forman un bloque. Los electores del PP votan también por Abascal como vicepresidente. Y lo mismo ocurre al revés.

Incumplir la Constitución, porque ese es el primer objetivo de este acuerdo. Lo dejó entrever Feijóo en una entrevista en Onda Cero, donde aseguró que busca “una mayoría de tres quintos”. ¿Y por qué tres quintos? Porque esa es la mayoría reforzada necesaria para nombrar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que están pendientes de renovación.

Hace ya diez meses que estos cuatro magistrados deberían haber sido nombrados, como ordena la Constitución. Pero el PP ha bloqueado la renovación porque espera que las próximas elecciones le permitan alcanzar, con Vox, esa mayoría de tres quintos en el Senado. Así podrían elegir a los cuatro magistrados sin pactar con el PSOE. Una mayoría que hasta ahora no ha conseguido ningún partido, pero que el PP sueña con lograr.

Antes las excusas habían sido otras, siempre peregrinas: que no se puede pactar nada con Sánchez, que las comunidades autónomas donde gobierna el PP van con retraso y hasta la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida de Cantabria. Pero Feijóo ha dejado al descubierto el verdadero cálculo político: retrasar la renovación hasta después de las elecciones, por si entonces puede nombrar a los cuatro magistrados solo con los votos del PP y Vox.

Es un fraude antidemocrático. Porque la renovación tocaba ahora, con el Senado actual, no con el que sueña Feijóo. La Constitución establece plazos para renovar estos órganos, que no pueden quedar al arbitrio de cuándo le conviene a cada partido.

Este bloqueo del PP a la renovación de un órgano constitucional es la norma, no la excepción. Lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo hizo Casado y ahora lo hace Feijóo. Todos ellos incumplieron la Constitución.

¿Y para qué sirven estos bloqueos? Para controlar la Justicia. Es lo que históricamente han conseguido con el Consejo General del Poder Judicial. Y es lo que ahora quieren repetir con el Tribunal Constitucional.

No hay hoy una sola sala en el Tribunal Supremo donde la derecha no tenga una mayoría abrumadora. Y no me refiero solo a la orientación ideológica de sus magistrados –que también–, sino a cómo llegaron allí: la gran mayoría fueron elegidos por los vocales del CGPJ nombrados por el PP.

Los jueces del Tribunal Supremo no caen del cielo. Tampoco llegan allí por oposición. Los nombra el Consejo General del Poder Judicial, donde las mayorías políticas deciden de forma discrecional, sin un verdadero concurso de méritos. 

Los sucesivos bloqueos del PP a la renovación del CGPJ han permitido prolongar durante años las mayorías conservadoras en ese órgano. Buena parte de los actuales magistrados del Supremo fueron nombrados por un Consejo sin legitimidad democrática, con el mandato caducado.

Es como si un alcalde perdiera las elecciones, se atrincherase en su despacho y siguiera colocando a los suyos. Con dos agravantes: nadie ha pagado consecuencia alguna por estos bloqueos antidemocráticos y además los nombramientos siguen ahí. Los magistrados elegidos por un Consejo con el mandato caducado continuarán firmando sentencias en el Supremo hasta su jubilación. 

En las últimas tres décadas, la izquierda ha gobernado España durante 16 años y la derecha durante 14. Pero, en ese mismo periodo, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido una mayoría conservadora durante más de 22 años. Y un presidente conservador durante casi 28 años. 

Y no es solo una cuestión de bloqueos. También de cómo ha actuado cada partido cuando ha tenido la mayoría parlamentaria.

Durante los gobiernos progresistas, el PSOE ha aceptado el consenso. Zapatero, por ejemplo, pactó el nombramiento de un presidente conservador para el CGPJ: Carlos Dívar. Justo lo contrario que el PP, que cuando ha tenido mayoría parlamentaria ha recurrido al rodillo. Rajoy cambió la ley para que el Consejo pudiera aprobar los nombramientos del Tribunal Supremo por mayoría simple, sin necesidad de pactos amplios. Así, los vocales conservadores de los años de Carlos Lesmes podían decidir esos nombramientos sin contar con los progresistas.

Ni siquiera en el actual consejo, renovado en 2024, la izquierda manda gran cosa. La división del bloque progresista está permitiendo a la derecha seguir controlando la mayoría de los nombramientos. El vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto por Sumar, va por libre; igual que la presidenta supuestamente progresista, Isabel Perelló. La derecha controla las comisiones importantes del consejo.

Lo resumió muy bien Argelia Queralt, actual vocal del CGPJ, del sector progresista: “Los conservadores son una banda militar, nosotros una banda de jazz con tendencia a los solos y a la improvisación”.

Y luego pasa lo que pasa. La injerencia del Tribunal Supremo en estas elecciones, donde decenas de miles de españoles, los nietos de los exiliados, no podrán votar. O la injusta condena al fiscal general. O que una ley aprobada por el Parlamento sea boicoteada por la Justicia, como ocurrió con la amnistía. 

Ahora van a por el Tribunal Constitucional, la única colina de la Justicia que hoy no es suya. La derecha perdió la mayoría del Tribunal Constitucional en 2023. Por la forma en que se renueva este órgano, lo razonable es que la actual mayoría progresista perdure al menos hasta 2032. Es algo que no pueden soportar.

No es una rareza: es cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional desde que nació. Tiene doce magistrados, nombrados por nueve años y renovados por tercios cada tres. Diez necesitan una mayoría de tres quintos para ser elegidos, lo que históricamente ha favorecido un reparto a partes iguales entre conservadores y progresistas. Los otros dos los elige el Gobierno sin necesidad de acordarlos con la oposición. Son esos dos los que suelen inclinar la mayoría.

Así ocurrió de forma pacífica en 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy logró esa mayoría por nueve años. Pero lo que rige cuando beneficia a la derecha se convierte en intolerable cuando favorece a la izquierda. Desde que el PP perdió la mayoría en el Constitucional –porque antes la había perdido en las urnas– la derecha ha cuestionado la legitimidad de esta institución. Lo acusan de ser un tribunal al servicio del Gobierno. 

Que la mayoría de sus magistrados la eligiera la izquierda o la derecha claro que importa: marca su orientación. Por eso es tan grave manipular los nombramientos. 

Pero la orientación no es obediencia. El Estatut catalán, impulsado por el PSC y aprobado por el PSOE, quedó irreconocible tras pasar por un Constitucional presidido por una progresista, María Emilia Casas, que además fue ponente de la sentencia. La amnistía fiscal de Rajoy la anuló por unanimidad un Constitucional de mayoría conservadora. Y esta misma semana, el actual Constitucional, de mayoría progresista, ha inadmitido por diez votos a dos el amparo del Defensor del Pueblo contra el veto del Supremo al voto de los nietos del exilio.

La legitimidad de un magistrado no depende de cómo vota. Pero sí importa cómo llegó allí. La justicia emana del pueblo, dice la Constitución. Por eso los puestos clave del poder judicial se nombran directa o indirectamente desde las mayorías parlamentarias, respetando los plazos y las reglas establecidos.

Los mismos que se han saltado esas reglas para controlar el CGPJ –y de ese modo el Supremo– ahora cuestionan la legitimidad de los magistrados del Constitucional, que sí fueron nombrados sin trampa alguna.

Y así llegamos a bochornos como el vivido esta semana, con la respuesta que le ha dado la Sala de lo Penal del Supremo, con Manuel Marchena como ponente, al Tribunal Constitucional.

Dice el Supremo que la sentencia del Constitucional a favor de la amnistía es una “injerencia” en sus funciones. También le reprocha su “grandilocuencia” y sus “sobrantes epítetos”.

Es un desafío inédito en el mundo judicial. Todos los jueces españoles están sometidos a la revisión de otros tribunales. Los de primera instancia, por las audiencias provinciales. Y estas, por el Tribunal Supremo. 

Pero el Supremo tampoco tiene la última palabra. No desde que se aprobó la Constitución y España se sometió a los tribunales europeos. Por encima del Supremo, en materia de derechos fundamentales, está el Tribunal Constitucional. Y por encima de ambos, la Justicia europea. Si a alguien no le gusta una sentencia del Constitucional, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Es común que el Supremo corrija o incluso desprecie argumentos de otros jueces sometidos a su decisión. Es lo que hizo Manuel Marchena con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cerco al Parlament catalán, que después revocó la Justicia europea en una sentencia para enmarcar. Lo que no se ha visto nunca es que un tribunal al que le dicen que lo ha hecho mal se revuelva de esta manera contra su superior.

Y no, no es cierto que el Constitucional esté rompiendo la separación de poderes al cuestionar una decisión del Supremo. En este caso concreto, quien se saltó la separación de poderes fue el Supremo, al inventarse una interpretación peregrina sobre la malversación sin lucro para boicotear una ley aprobada por el Parlamento. 

Incumplir la Constitución para controlar la Justicia no es siquiera el único objetivo antidemocrático con el que amenaza la coalición PP-Vox. En el programa de la ultraderecha también está la ilegalización de los partidos independentistas, la prioridad nacional, la eliminación del derecho a voto de los españoles nietos del exilio y la censura ideológica en la cultura, entre otros ejemplos de medidas completamente inconstitucionales. 

Para estos “constitucionalistas”, la carta magna se resume en la monarquía y la unidad de España. Lo demás les da igual.

P.D. Imagino que lo sabrás ya: el Gobierno de Israel ha vetado a nuestra periodista Francesca Cicardi, que este miércoles iba a viajar a Tel Aviv. Tenía el visado en regla, tenía la acreditación oficial para cubrir las elecciones generales en este país. Pero menos de 24 horas antes de volar, la embajada israelí nos comunicó que su visado había sido revocado. 

No lo dicen abiertamente, pero no se nos escapa la razón: al Gobierno de Netanyahu no le gusta la información que hacemos en elDiario.es. Su veto es una represalia por informar sobre el genocidio en Gaza. Pero también es una medalla: una señal de que hacemos las cosas bien.