El V Congreso de Gentes del Derecho reclama poner fin a la “escandalosa dilación de la Justicia”

Oriol Solé Altimira

Barcelona —
23 de octubre de 2026 11:35 h

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Casi 40 años después de su primera edición, el V Congreso de Gentes del Derecho ha reunido a decenas de juristas progresistas en Barcelona para debatir y proponer la ampliación de los derechos de la ciudadanía y poner fin a la “escandalosa dilación de la Justicia”, en palabras de la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El debate que ha abierto el congreso lo han protagonizado dos de los protagonistas de su primera edición en Madrid en 1987, Carmena y el exfiscal superior de Catalunya, José María Mena, junto a la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Consuelo Chacartegui.

Mena ha pedido a todos los asistentes “no mirarse el ombligo”, en referencia a las discrepancias entre progresistas, y remar en la misma dirección para “volver a pensar que el derecho es un instrumento para el progreso social y el bien de la sociedad”. “Tenemos que hacerlo por obligación ética, convicción histórica y optimismo táctico”, ha apostillado.

El exfiscal superior catalán ha recordado que, frente a los juristas progresistas que abogan por el progreso social, hay otro sector de la profesión que está a favor “de un derecho de contención y conservación de derechos y privilegios”.

En la misma línea, Carmena ha destacado que la derecha “está en contra de la igualdad, entre otras cosas porque piensa que la desigualdad es buena porque crea estímulos”. “Pero nosotros sabemos que eso va en contra de los derechos humanos”, ha señalado.

“Muchos de los problemas que la sociedad está constatando con la Justicia vienen porque está escondida”, ha sostenido Carmena, que ha lamentado que las instituciones “no hicieran caso” de reivindicaciones del primer Congreso de Gentes del Derecho que hubieran contribuido a desatascar los juzgados, como facilitar que los antiguos secretarios judiciales pudieran pasar a resolver casos.

“Tenemos que volver a plantearnos en serio que la administración de justicia esté bien organizada”, ha insistido Carmena, que ha abogado por “una forma de actuar y una dinámica distinta”. “No puede haber justicia con esta dilación”, ha agregado.

El Congreso lo organizan la Asociación Libre de la Abogacía, ADADE, Xustiza e Sociedade de Galiza, la Asociación Derecho y Democracia, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Associació Valenciana de Juristes Demòcrates, la Asociación Iuslaboralista de Canarias y la Associació de Juristes de les Illes Balears.

En uno de los debates que han seguido a la apertura del Congreso se ha analizado la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para el exvocal Álvaro Cuesta “no ha habido un pensamiento estratégico” en todos los años de la democracia sobre la organización y gobierno de la justicia en comparación con otros organismos del Estado.

A juicio del abogado de José Mariano Benítez de Lugo, la situación del Consejo “es insostenible” y habría que buscar una fórmula “para impedir el mercadeo de candidatos” a los altos puestos judiciales. Para la actual vocal del CGPJ, Argelia Queralt, los nuevos vocales han devuelto “la normalidad formal” al Consejo. “Hemos avanzado, pero seguimos sin consolidar un proyecto común de gobierno del Poder Judicial”, ha añadido.

El magistrado jubilado y exdirector de la Escuela Judicial, Pascual Ortuño, ha destacado la “entente” de los primers CGPJ, pero ha lamentado el “ariete” contra los progresistas que empezó en la etapa del Consejo en los Gobiernos de José Luís Rodríduez Zapatero de la mano del vocal Enrique López, posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid. “Hay que cambiar el modelo”, ha concluido.

El resto de debates del Congreso abordarán la situación actual de la abogacía, la mutualidad y la jubilación, las novedades legislativas en relación con la pasarela al RETA, el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y la retribución del turno; el derecho a la información veraz y las fake news; el derecho internacional y la forma en que deben respetarse las decisiones del Tribunal Penal Internacional.