La agonía de los ganaderos en Canarias ante una crisis sin final a la vista

Poder cubrir los costes de producción. Es algo básico en cualquier empresa. Pero en la ganadería destinada a la producción de leche es imposible de conseguir en Canarias. Al menos, en el contexto actual, en el que los litros del lácteo de cabras, ovejas o vacas ordeñadas en las islas se pagan en cantidades inferiores al desembolso que deben hacer los ganaderos y ganaderas para dar de comer cada día a sus animales y mantener sus explotaciones. Desde hace seis años, el número de explotaciones ha descendido un 25% en la provincia occidental y un 19% en la oriental. Ya mermados por el cierre de canales de venta durante la pandemia, el subsector sufrió los avatares de la especulación mundial en piensos y forrajes a partir de 2021, a lo que se sumó la guerra en Ucrania, que ha afectado al suministro procedente de uno de los principales países cultivadores de cereales. En las Islas, dependientes de la importación de estos recursos, ha golpeado con fuerza, obligando a algunos a echar el cierre y, los que sobreviven -sobre todo produciendo en exclusiva leche- se ven abocado a endeudarse o a sacrificar parte de sus animales para poder pagar sus facturas.

Acumular deudas y sacrificar animales para sobrevivir: el coste de piensos y forrajes asfixian a la ganadería en Canarias

Acumular deudas y sacrificar animales para sobrevivir: el coste de piensos y forrajes asfixian a la ganadería en Canarias

El programa de Televisión Canaria Informe Trópico, dirigido y presentado por Carlos Sosa, ahonda este 8 de enero en las causas y las consecuencias de la crisis de una actividad que es parte fundamental del patrimonio cultural y gastronómico de las Islas, que cuentan con tres denominaciones de origen de quesos, mundialmente reconocidos por su calidad. Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa, una de las principales empresas fabricantes de pienso de Canarias, explica la causa central que asfixia a los ganaderos y ganaderas.

“El precio de los cereales ha subido muchísimo en los últimos dos años. El millo lo podíamos comprar en torno a 100-110 euros la tonelada y ahora no lo compras por menos de 300-330 euros”, expone Marrero. Su empresa importa más de 180.000 toneladas de cereales, casi en exclusiva de Europa y a través del Régimen Específico y de Abastecimiento, que ayuda a que los productos importados tengan el mismo coste que en territorio continental. Y suministra de piensos transformados o sin transformar y forrajes al 59% de las explotaciones ganaderas de las Islas.

En términos económicos, el cereal es un valor seguro, detalla Marrero, de forma similar al oro u otros minerales y está expuesto a la especulación cuando hay incertidumbre económica. “Ahora hay una parte muy inflacionista en el cereal que viene por los movimientos bursátiles, que muchas veces son fondos que ni siquiera ven el producto”, añade. En este sentido, indica que lo primero que hizo que se incrementase ha sido la alta y creciente demanda que no ha podido cubrir la oferta existente, a lo que se sumó el coste de los transportes: “De Francia a Canarias costaba unos 24 euros la tonelada y ahora hemos llegado a pagar hasta 80 euros por tonelada”. Y, por último, la guerra de Ucrania ha asestado otra estocada a la actividad ganadera.

Para explicar como funciona, Marrero expone un ejemplo, señalando las montañas de millo que tiene guardadas en un almacén de Capisa. “El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que va a impedir que salga millo de Ucrania. Al día siguiente, el millo que yo tengo aquí sube 21 euros la tonelada. Pero al igual que sube este, sube el millo en todo el mundo. Subió 21 euros la tonelada solo porque el presidente Putin dice que se acabó y que no saldrá más millo”.

Las consecuencias de una decisión tomada en el Kremlin se perciben en una pequeña empresa familiar ubicada en el municipio de Tejeda (Gran Canaria), que cuenta con 500 cabezas de ganado. Las hermanas Natalia y Beatriz Mayor continúan la actividad de sus padres y abuelos, manteniendo la trashumancia y elaborando quesos que venden directamente. A pesar de que no dependen de la venta de leche y pueden alimentar al ganado con pastoreo, en solo seis meses de 2022, sus gastos duplicaron los de todo 2021. “Para mantener la actividad tradicional de trashumancia y pastoreo, es necesario complementar al alimentación con pienso y forraje, porque los animales no tienen suficiente, sobre todo por la escasez de lluvias. El problema es que los precios han subido una barbaridad. Ya estaba subiendo antes de la guerra en Ucrania. Llevamos con subidas desde hace dos años. Pero este último año han sido subidas semanales”, explica Beatriz Mayor.

Los maestros queseros de Fuerteventura Agustín Castro (Ganadería La Pared) y Rayco Ramos (Ganadería Caprarius) aguantan “apagando fuegos”. Castro, con más experiencia al llevar una cabaña de tradición familiar desde 1984, considera que actualmente vive “un proceso” y, cuando se estabilice, podrá valorar la magnitud de la crisis. Mientras que Ramos, que empezó a desarrollar la actividad en los albores de la pandemia, reconoce que “uno puede aguantar como joven emprendedor, con ganas de luchar por esto, si dicen que para el año que viene vamos a mejor, pues uno apechuga y va hacia adelante… pero como no sabes cuanto va a cambiar esto, ese es el problema y la incertidumbre mata a cualquiera”.

Ambos consideran que la actividad ganadera no es viable sin las ayudas públicas, al igual que el resto del sector primario, pero las subvenciones no son suficientes. “Yo no creo que los ganaderos debamos vivir con ayudas, sino que se debe mejorar el sistema para que los ganaderos podamos dedicarnos a una actividad rentable. Yo no quiero vivir de ayudas. Pero nos tienen que dar herramientas para ser rentables”, señala Ramos. Al respecto, Castro recuerda que un kilo de plátanos se pagaba a 80 céntimos y recientemente, vio en el supermercado que había ascendido hasta los 2,30 euros el kilo “y la gente sigue comprando”, ante lo que se pregunta: “¿Por qué un queso no puede costar 25 euros?”.

Esta es una de las principales reivindicaciones del subsector, que en mayo de esta año confluyeron en un encuentro entre el Gobierno de Canarias y la cadena alimentaria, desde todos representantes de los productores a los industriales y las superficies de venta al consumidor. Se acordó subir el precio que recibían los ganaderos dedicados a la producción de leche: pasar de 50 a 60 céntimos por el litro de leche de vaca y de los 70 a entre los 90 céntimos y un euro el de cabra y oveja. Sin embargo, un mes después volvieron a reunirse, pero no acudieron los industriales. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoró que se subiera “ligeramente el precio”, pero al mismo tiempo reconoció que aún estaba lejos de las demandas de los ganaderos.

Para el director general de Capisa, que también se dedica a la ganadería, la solución para poder salir adelante de la crisis de la actividad es que “el ganadero pueda vender al precio, como mínimo, que le cuesta producir”. Para ello recuerda que existe la Ley de la Cadena Alimentaria, “que exige que no se le pueda comprar a un ganadero por debajo de su coste de producción”. Pero lamenta que “se está incumpliendo porque en estos momentos se calcula que la leche de vaca cuesta 72 céntimos producirlo, pero no conozco a ningún ganadero que cobre más de 55 céntimos por litro”.

Informe Trópico refleja durante el programa que contactó con varias empresas de la industria lechera, pero todas declinaron la invitación para participar en el programa. “Las cuentas de explotación de los intermediarios y el vendedor final de la cadena de valor del producto ganadero no han sufrido lo mismo que las cuentas del ganadero”, indica Marrero. El quesero Agustín Castro lo dice más claro: “Los industriales se están beneficiando de un sistema que no les pertenece” y, en lugar de una crisis, considera que “ahora lo que hay es una especulación de cereales”. 

En este punto, María del Carmen Pérez, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Productores Ganaderos (COAG) en Canarias, recuerda que los precios de la leche de venta al público están establecidos para los consumidores y no tienen mucho margen para subirlos, “y de ahí se agarran las industrias”. Además, incluso “la pueden sustituir por leche en polvo, que está subvencionada en el REA”. Pérez considera que en el subsector ganadero hace falta mucha más unión “porque solo así podemos conseguir muchas cosas más”, como por ejemplo, presionar para que el Gobierno de Canarias haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria e intervenga con inspecciones en todos los eslabones, desde el productor al supermercado, para vigilar que no se pague por debajo del coste de producción.

Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, se escuda en que “es muy complejo intervenir los precios” para que los ganaderos y ganaderas reciban un pago que cubra sus costes. Sobre la Ley de la Cadena, cita lo que ha repetido durante la legislatura: “Llevamos meses intentando arrancar con la Ley. Hemos hecho muchos trabajos previos, como el Observatorio de Precio Agrarios, también hemos estimado costes de producción…”, pero en este punto advierte que son los propios productores quienes deben realizar ese estudio, pues así viene reflejado en la normativa, para que se sepa cuanto les cuesta producir.

“Hay cosas básicas de la Ley que no se cumplen, por ejemplo, que exista un contrato entre las dos partes, que en ese contrato haya un precio pactado, que hayan unas ciertas condiciones de pago y que no se puedan hacer cambios en el contrato de forma unilateral”, enumera Vanoostende. Por otro lado, también cita la creación de la estrategia de soberanía alimentaria que anunció al inicio de la legislatura. “Está prácticamente culminada y está enfocada a estudiar el sistema agroalimentario canario, a encontrar factores de riesgo, de oportunidad y de éxito para establecer líneas de trabajo, con acciones específicas para que seamos más autosuficientes, porque es la única forma que tenemos de competir con otros productos”.  

En lo que sí actúa la Consejería es en mitigar la crisis de la ganadería a través de ayudas, que se complementan con fondos de los cabildos o del Ministerio. Las subvenciones que el Gobierno canario ha destinado a la actividad ascienden a los 23,5 millones de euros durante los dos últimos años. “En el Gobierno lo que podemos hacer es compensar los sobrecostes, porque entendemos que la situación no va a ser tan corta en el tiempo”, concluye Vanoostende.

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