Nuestro autogobierno: ¿otra víctima del virus?

El presidente del Gobierno de Canarias, en la sesión del día 14 de abril de 2020 de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, planteó la necesidad de impulsar un gran acuerdo político, social y económico por la reactivación de Canarias que recogiera, de modo consensuado, medidas que garantizaran la recuperación de nuestra comunidad. Un pacto que promoviera un espacio de consenso vinculando a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias y a la sociedad civil. En definitiva, un gran acuerdo para la reactivación de Canarias tras el coronavirus que nos permita desarrollar una estrategia común para afrontar y salir de la profunda crisis económica y social que se avecina ante la mayor amenaza de salud publica que jamás hayamos vivido. Una Declaración institucional, con el Pacto como anexo, se firmó el pasado 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias.

El resultado del Pacto, siendo positiva la voluntad de consenso que ha tenido el Gobierno, no es del todo satisfactorio por distintas circunstancias. La primera de todas, las prisas con que se ha intentado zanjar, pues muchas aportaciones no se han visto reflejadas en el Pacto (aunque sabemos que su contenido está pendiente de que se convierta en un Plan a concretar en sede parlamentaria). La segunda, derivada de la anterior, es la ausencia de auténtico debate social y transparencia sobre muchas de las propuestas, lo que nos lleva a sospechar que este Pacto sea más una operación gubernamental de marketing y desvío de la atención que otra cosa.

Sin embargo, hay un tercer elemento que nos preocupa gravemente. Desde el Espacio para la Reunificación del Nacionalismo Canario (REúNA), como plataforma organizada de la sociedad civil, hemos contribuido haciendo distintas aportaciones en la línea de resaltar nuestro autogobierno como eje fundamental e imprescindible para nuestro desarrollo como sociedad a todos los niveles. En nuestra opinión, la premisa de partida debe ser una apuesta decidida por el autogobierno, ausente en todo el documento. Es realmente decepcionante que no se aproveche la ocasión del pacto para rearmarnos como pueblo y confiar en el autogobierno como verdadero motor de la reactivación y se opte una vez más por confiar en que las soluciones han de venir de fuera, cuando, históricamente, muy pocas veces ha sido así.

Sin ese eje trasversal que es el autogobierno no es posible alcanzar los principales compromisos y las líneas generales de consenso en la sociedad canaria, ya que es uno de los pilares imprescindibles para, como pueblo, abordar el proceso de recuperación y reordenación de la actividad económica y social en el archipiélago. En terminología constitucional y estatutaria, Canarias es una Nacionalidad cuyo Pueblo aspira a autogobernarse en democracia y libertad en un modelo que combine progreso económico y justicia social con la conservación del territorio, el paisaje y el medio ambiente.

Estos últimos treinta años, y la reforma del Estatuto del 2018 es una buena muestra de ello, nos han demostrado que el autogobierno es el único modo de conseguir soluciones eficaces a los retos que tiene hoy planteados el pueblo canario. Si no nos convencemos de ello, seguiremos dependiendo excesivamente de centros de poder exteriores en los que se tomarán, si no lo remediamos, las decisiones más importantes que nos afecten. A través del autogobierno, los canarios debemos ir asumiendo nuevos espacios de toma de decisiones que nos permitan por nosotros mismos dar respuesta a nuestros problemas. En suma, hemos de asumir que el autogobierno es irreversible e irrenunciable y que únicamente profundizando en él podemos aspirar a un futuro mejor.

En este sentido, abogábamos, y quizás pecamos de ingenuos, por que, ante la fatiga del modelo autonómico, la propuesta del Pacto hecha por el Gobierno de Canarias fuera una buena oportunidad para relanzar desde Canarias una próxima reforma constitucional del modelo territorial del Estado español, hacia un modelo federal y asimétrico que reconociera a las nacionalidades sus hechos diferenciales. Ese marco podría ser propicio para reconocer plenamente a Canarias sus singularidades y, por tanto, la necesidad de asumir un estatus tanto competencial como institucional adaptado a esas especificidades de archipelagidad y atlanticidad reconocidas ya estatutariamente (con muy poco éxito, por cierto) con proyección no sólo interna sino internacional.

También creíamos que este Pacto era un buen momento para consensuar el fin de la permanente indefinición de nuestro modelo institucional y adaptarlo a la realidad archipelágica a través de un modelo que garantice unas instituciones pancanarias fuertes que garanticen la cohesión ente las islas como un nivel mínimo en la calidad de la prestación de los servicios públicos esenciales a todos los ciudadanos con independencia de la isla de residencia, unos Cabildos que gestionen eficazmente las competencias cuyo ámbito territorial se estime que es la isla y unos Ayuntamientos más cercanos a la ciudadanía.

Sorprendentemente, en el documento no hay referencias a la necesidad de desarrollar el nuevo Estatuto de Autonomía, norma institucional que nos reconoce, aunque todavía sea tímidamente, nuestras especificidades y nos dota a los canarios de nuevos instrumentos y ámbitos -normativos, competenciales y financieros- que nos van a permitir mejorar la toma de decisiones. Pareciera que el Plan pudiera servir para una comunidad continental de cualquier Estado.

La asunción del autogobierno como eje trasversal o como prioridad estratégica que proponemos debería concretarse en la enumeración de determinadas medidas a especificar en el propio documento o en momento posterior (medidas como las competencias a transferir del Estado -puertos, aeropuertos, comercio y sanidad exterior, etc.-, la participación en las instituciones de la UE, los nuevos instrumentos financieros, etc.).

Asimismo, también propusimos que se debía fortalecer la bilateralidad tanto con el Estado como con la UE como fórmula idónea para hacer valer nuestras especificidades y problemáticas, por lo que habría que añadir un nuevo apartado en el Pacto con la finalidad de que se inste al Gobierno a que utilice la Comisión bilateral Canarias-Estado (art. 192 EAC) para exigir el cumplimiento de las políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, tanto del Estado como de la UE, que se deriven de nuestros hechos diferenciales.

Aunque es obvio que no hace falta ser nacionalista para defender nuestro autogobierno, se echa en falta un papel más proactivo al respecto tanto de los nacionalistas que están en el gobierno como de los que están en la oposición.

En fin, nada o muy poco de nuestras aportaciones aparece en la redacción final del Pacto, lo que nos hace temer el poco interés por el fortalecimiento de nuestro autogobierno, por buscar soluciones eficaces desde nuestras instituciones por parte de los firmantes.

Lamentablemente, no es la única percepción que tenemos al respecto. Así, los escasos niveles de cogobernanza durante el Estado de alarma o la propia negativa de nuestro Gobierno a la posibilidad de que podamos gestionar el ingreso mínimo vital (pese a que se ha creado uno similar hace pocas semanas y a que tenemos un sistema fiscal también peculiar -como vascos y navarros-) son ejemplos palpables de que nuestros gobernantes -y lo mismo la oposición- están más cómodos dependiendo del exterior esperando que las soluciones a nuestros problemas lleguen, como siempre, de fuera. Sin embargo, la experiencia histórica nos demuestra que a 2000 km. de nuestra tierra el desconocimiento sobre nuestra realidad es la regla. En nuestras manos está asumir nuestro futuro como pueblo maduro o seguir siendo un ente menor necesitado de tutela.