El comercio electrónico en la agenda política canaria

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El uso del comercio electrónico por las personas ha sido considerado, tradicionalmente, un indicador del proceso de digitalización de la sociedad y economía. Los países más avanzados en su transformación digital, cuentan con una fuerte base de usuarios de comercio electrónico. Por mostrar una evidencia originada en nuestro entorno más cercano, de entre los cinco Estados miembros que encabezan el índice de digitalización de sociedad y economía de 2021 de la Unión Europea, cuatro de ellos figuran también entre las cinco posiciones de cabeza en lo relativo al porcentaje de usuarios de comercio electrónico en los últimos tres meses.

Adicionalmente al papel que la extensión del uso del comercio electrónico tiene como elemento tractor del proceso de digitalización, aporta otros beneficios en el avance hacia sociedades y economías más resilientes y sostenibles. Así, por ejemplo, el Banco de España en su informe anual de 2018 subrayaba sus efectos beneficiosos para controlar la inflación, tan importante de mantener bajo control en el actual escenario geopolítico. También se considera que el impacto del comercio electrónico sobre el medio ambiente es globalmente positivo por reducir las emisiones de CO₂, aunque la irrupción de la COVID-19 haya hecho emerger comportamientos en el uso del mismo sobre los que se ha detectado la necesidad de introducir políticas de corrección (e.g. sobre empaquetado de productos, abuso de las opciones de entrega rápida, …).

La tendencia que señalan los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en los hogares, publicadas en noviembre de 2021, es un frenazo en la extensión del uso del comercio electrónico en las Islas Canarias. Mientras que en el periodo 2019-2021 Canarias ha continuado el proceso de convergencia hacia la media nacional en el uso de Internet, con una reducción del diferencial en medio punto porcentual, la variación del uso del comercio electrónico ha tenido un comportamiento muy diferente. No solo se ha producido casi un estancamiento en el porcentaje de aquellos que realizan compras online desde las islas entre 2019 y 2021 (35,2% vs. 36,5%), sino que este dato contrasta fuertemente con la evolución muy positiva del porcentaje nacional de usuarios del comercio electrónico en el mismo periodo (crecimiento desde 46,9% a 55,2%).

Existe un consenso entre los expertos en el carácter catalizador que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre el proceso de digitalización, acelerando las cuotas de todo tipo de uso de los servicios digitales. Cualquier desviación sobre esta tendencia global, especialmente en un indicador relevante como el uso del comercio electrónico, debería ser una señal de alarma para instituciones, gobiernos y fuerzas sociales de cualquier tipo. Si con el estancamiento del uso del comercio electrónico se estuviera ralentizando el proceso de transformación digital de Canarias, ello supondría en el medio plazo dificultades transversales en el desarrollo económico de las islas y un aumento de las posibilidades de exclusión social de un porcentaje relevante de la población.

De un modo práctico, todo residente canario que es a la vez usuario del comercio electrónico intuye, al menos, una de las razones que están detrás de los datos publicados por el INE. Realizar una compra electrónica desde las islas a comercios digitales establecidos en la Europa continental supone enfrentarse a un sin fin de trabas burocráticas derivadas de nuestro régimen aduanero. Existen pocas alternativas. De un modo simplificado, o se facilita la entrada de los bienes y productos adquiridos por los ciudadanos canarios en otros territorios por medios electrónicos más allá del límite de 150 euros, o se allana el terreno para la implantación en el archipiélago de centros logísticos y de distribución de los gigantes del comercio electrónico, probablemente con algún régimen arancelario especial para que el establecimiento sea eficaz. Cualquiera de las dos soluciones, o las dos a un mismo tiempo, parecen llamar a afrontar una tarea compleja: la actualización a la realidad digital del régimen económico y financiero específico de Canarias manteniendo el equilibrio de ingresos fiscales.

Pueden existir otras opciones para promover el uso del comercio electrónico basadas en impulsar las alternativas locales. No debe ser una opción descartable, según datos del INE un porcentaje mayor de empresas establecidas en las Islas Canarias realizan la recepción de pedidos o reservas online que la media nacional (24,39% frente a 19,52%). No obstante, este mismo hecho apunta a que los mercados de venta por medios digitales insulares no satisfacen al usuario de la Comunidad Autónoma, a pesar de la excepcional implantación de aplicaciones de comercio electrónico por las empresas canarias. Pueden influir en ello aspectos como la diferente experiencia de usuario o el menor rango y variedad de productos al respecto de los gigantes del comercio electrónico.

El desarrollo pleno del comercio electrónico ha actuado como motor del progreso tecnológico en los países y regiones. Las señales de agotamiento en el incremento del uso de las compras online desde Canarias respecto al conjunto de España conlleva el riesgo de la apertura de una nueva brecha digital entre nuestra Comunidad Autónoma y el resto del Estado, que tarde o temprano podría hacer metástasis en todo el tejido económico. Pero es solo un síntoma, el diagnóstico preciso requeriría un análisis más amplio de lo que permite este espacio. Tampoco la fase preelectoral a la que nos encaminamos, tanto en el Estado como la Comunidad Autónoma, aconseja una actuación inmediata. Por el contrario, es el momento de identificar modelos y alternativas de solución para superar este posible escollo para el crecimiento sostenible de las islas y su transición digital. Es el momento de incluir el comercio electrónico en la agenda política canaria.

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