El compló(t)

¿Lo que está pasando tenía necesariamente que ocurrir? No necesariamente; pero era una posibilidad en un país, nuestra España, en la que el sustrato autoritario -especialmente entre los sectores más influyentes- tiene un arraigo inmemorial.

Y a lo largo de la historia ese autoritarismo ha venido pretendiendo y casi siempre consiguiendo lo que decía K. Marx desde el arranque del Manifiesto: convertir la estructura del Estado “en un comité para administrar” sus asuntos y sus intereses. Él escribía cuando el Estado Liberal no era aún un Estado democrático, sino un sistema político oligárquico instrumentado a través del sufragio censitario. Sólo votaban ellos.

Por eso no aceptan que las reglas de la democracia parlamentaria hagan posible la elección de gobiernos que afronten el gran reto, con sus aciertos y errores, de gobernar para la mayoría, que es la única forma de convertir al Estado en el hobbesiano “poder común”, y no mediante utópicas ensoñaciones revolucionarias de las que ya tenemos trágica constancia de lo que han sido y son, y de a quiénes acaban sirviendo.

Lo de estos días, como ha dicho Patxi López, se sabe cómo empieza pero no cómo termina. Me hizo recordar un memorable comentario de J. Elliot, a propósito de la Revuelta de los Catalanes (1640-52) en el que constataba que en estos procesos suele ocurrir que “los más decididos” se hagan con el timón. Así suele ocurrir y, por tanto, no es descartable que vuelva a pasar.

Los más decididos de entre los conjurados en este compló(t) de una derecha extremada son muy fáciles de identificar: los fascistas, neofranquistas... o como queramos llamarles.

Pero no nos engañemos: los actores políticos que parecen protagonizar esta conjura son actores de reparto: meras marionetas de quienes les patrocinan, les dirigen y ponen a su servicio una estructura mediática abrumadora. Una modalidad innovadora de censura. Censura contra el Gobierno legítimo de la última legislatura o contra el que pudiera constituirse si el candidato propuesto por el Rey supera la votación de investidura.

Toda la carne en el asador para impedir un nuevo Gobierno progresista y para ver cómo se las arreglan para colocar en el gobierno a los peones que retrotraigan nuestra democracia y el Estado Social de Derecho, y de paso a la España autonómica, a lo que les hubiera gustado como desembocadura del franquismo: que las Instituciones y los gobernantes siguieran siendo una mera agencia a su servicio.

¿Ustedes tienen alguna noticia de que un individuo  -que cometió traición a España y a los españoles, embarcándonos en una guerra de agresión ilegal, sustentada en mentiras, que exponía a la sociedad española a graves riesgos (como trágicamente acaeció) y en contra del abrumador rechazo de la opinión pública- hubiera participado en algún tipo de actividad o mantenido algún mínimo compromiso antifranquista? . ¿Y Esperanza Aguirre?.

Pero hoy el gran indultador se permite convocar a “rebelarse” contra la amnistía. En realidad, por adelantado y en plena tramitación de la decisión más importante del régimen parlamentario “racionalizado” diseñado por la Constitución: la investidura del presidente del Gobierno que no es un mero primer ministro, sino la figura central de nuestro sistema político.

¿A quiénes  están convocando a rebelarse? ¿Nomás a la sociedad civil? ¿A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… (por no ir más allá)?

Porque a la derecha judicial no hace falta que la convoquen. Está ahí para seguir las instrucciones de Génova, y de lo que está detrás de Génova, en primera posición de saludo.

¿No habrá entre todos los jueces de Madrid, hasta llegar al del Juzgado de Primera Instancia 104, ninguno que no haya sido inhabilitado por prevaricación continuada, expresión de su disparatada ideología conservadora, e indultado por Aznar a quien asignarle la tramitación de una demanda aberrante, de una inconstitucionalidad difícilmente superable, como una ramificación más de la estrategia de los conjurados? ¿Cómo podrá haberse aplicado el principio constitucional del juez predeterminado por la Ley, para dar lugar a tamaña “coincidencia”?. Porque esta maraña no da puntada sin hilo. Nadie me lo ha contado. Lo he vivido.

Lo de la Asociación conservadora de los jueces, a la que el PP quiere convertir en la que designe a los miembros del Consejo General del Poder Judicial de extracción judicial, olvidándose de que la soberanía popular es el fundamento de los poderes del Estado y no cualquier tipo de nuevo corporativismo o (tal vez) de “democracia orgánica” posfranquista, era más que previsible. Muchos de sus líderes deben estar en expectativa de destino y saben que el PP no admite insubordinaciones. Y si no, “a tomar por culo pa´ Ontinyent…”, como exigió el inefable sucesor de Aguirre, y a recuperar a cualquiera de los  esbirros judiciales (¿judiciales?) que estén disponibles. 

Por su parte, ocho vocales (no hace falta subrayar que designados por el PP) de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado por la derecha desde hace más de cinco años y carente de cualquier clase de legitimidad constitucional, tratan  de promover, con la misma desvergüenza, al margen  de sus competencias y, por tanto, sin el menor alcance jurídico,  un conflicto político con unas Cortes Generales, recién elegidas y en pleno disfrute de sus potestades constitucionales, que “representan al pueblo español” (art. 66 de la Constitución), “en el que reside la soberanía nacional” y “del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2 de la Constitución). Para cosas como estas, y para continuar nombrando discrecionalmente y  con carácter “vitalicio” a los miembros de los más altos tribunales, es para lo que han tenido secuestrado a ese órgano constitucional.

Por cierto y para que se sepa: el Consejo General del Poder Judicial sólo tiene competencias para emitir informe sobre un anteproyecto de Ley que verse sobre modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (561.1 de la propia LOPJ), mientras lo está elaborando el Gobierno; pero ninguna competencia para informar sobre la tramitación una Proposición de Ley, con la Constitución y los Reglamentos de ambas Cámaras en la mano. ¿A estas actitudes el PP las calificaría de rebelión, de aquel  delito  de sedición que tanto añoran, o de pre-golpistas tal vez? Pues si alguien cree que son jurídicamente menos graves que los acontecimientos del Procés, me lo tendrá que demostrar.

Hasta dónde estén dispuestos a llegar los conjurados no es necesariamente importante. Lo sería si hubiera garantías de que ellos controlan la insurgencia que están organizando. Pero no hay ninguna garantía. Así que los demócratas tenemos la obligación de no descartar los peores escenarios y aprestarnos a defender la democracia. Porque a la democracia española no la va a defender esta derecha.