Una vez más, en defensa de la educación pública por Carmen Bolaños Espinosa

Sí, me siento muy orgullosa de estar integrada en un colectivo, el de docentes, con el que he compartido “buenas escuelas”, en las que a pesar de no estar bien dotadas de medios materiales y personales suficientes, hemos proporcionado amplias experiencias educativas a nuestro alumnado, nos hemos preocupado por conseguir altos niveles de aprendizaje, hemos logrado implicar a la comunidad, y promover el desarrollo del propio centro y de su profesorado.

Y me siento impotente ante la desfachatez que la consejera de Educación, Milagros Luis, y su equipo están teniendo, ante las actitudes intransigentes, faltas de verdad y respeto hacia nuestra profesión y la escuela pública que estamos sufriendo por parte del Gobierno de Canarias.

Soy madre, tengo un hijo y una hija en la escuela pública, estoy muy satisfecha de los centros educativos y del profesorado que los ha formado a lo largo de sus años de escolarización (9 y 12 años, respectivamente), y me siento orgullosa de las AMPAS de los centros donde han estudiado, porque he vivido de cerca su preocupación y defensa valiente del servicio público de educación. Pero me ha entristecido ver el viernes 8 de mayo al presidente de la Confederación de APAs de Canarias, en rueda de prensa con la directora general de Promoción Educativa, bendiciendo las medidas puestas en marcha por la Consejería de Educación y haciendo declaraciones que atentan contra la imprescindible colaboración de docentes y familias para construir una escuela pública de calidad. En concreto, se refirió a las actividades extraescolares, de las que dijo que “no son función de las familias, sino que las hemos acogido por el incumplimiento de quienes tienen esa responsabilidad: el personal docente”. ¡De pena!. Quiero ser bien pensada, creer que le han engañado y que no se ha estudiado bien las órdenes, las resoluciones y los números que las acompañan. Pero, debo decirle, que con estas actuaciones muchas madres y padres vamos a dudar sobre su función representativa y vamos a pensar que no son conscientes de que están colaborando con el deterioro de las escuela pública a cambio de que “en la Mesa de Calidad incluso han aceptado algunas de nuestras propuestas”. Ya me gustaría a mí saber qué propuestas, porque no alcanzo a verlas en mi escuela, ni en la de mis hijos, ni percibo que usted represente y defienda mis intereses como madre de escuela pública.

Soy ciudadana canaria, contribuyo con mis impuestos a sustentar la Administración del Estado y los gastos públicos. Y entiendo que la responsabilidad de los políticos que son puestos en sus cargos con los votos de los ciudadanos y ciudadanas, que están planificando con el erario público y que se supone que son servidores públicos, es defender esos servicios. Y me siento indignada ante las declaraciones reiteradas de los miembros del Gobierno Canario, en las que recalcan su objetivo de privatizar la enseñanza. Como muestra, recordemos las declaraciones de Paulino Rivero a su llegada a la presidencia del gobierno, en las que argumentaba la necesidad de conseguir al menos un 50% de privatización de la educación en Canarias, como medida de calidad. Y las del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, durante su comparecencia en comisión parlamentaria esta semana, en las que aseguró que su departamento “sigue y seguirá” subvencionando a las escuelas privadas del Archipiélago, al tiempo que lamentó que no haya más fundaciones privadas en las Islas que impulsen “una educación de calidad”.

Si permitimos que estos señores, que declaran sin ningún tipo de rubor que defienden la escuela privada-concertada, en la mayoría de los casos garante de derechos para unos pocos, sean los que establezcan las medidas de calidad de nuestro sistema público de la educación, garante de derechos para todas y todos, podemos prever sin temor a equivocarnos, cuál va a ser el resultado final: desmantelamiento de la escuela pública.

Tenemos que parar el negocio que se han montado con la educación, con lo que no debería jugarse nunca, porque, como alguien dijo muy acertadamente, sólo apostando por la escuela pública y no por los negocios de la educación, invertimos en el conjunto de la comunidad, y sobre todo invertimos en un futuro igual para todas y todos.

Por ello, escribo estas reflexiones, desde el convencimiento de que si los docentes, las madres y los padres y la ciudadanía somos capaces de distinguir las falsas verdades, los datos encubiertos, las declaraciones grandilocuentes, de los hechos objetivos? seremos capaces de detener el importante giro que en la política educativa pública canaria; de puntillas y por la puerta de atrás, nos están tratando de imponer.

El giro se manifiesta en la consideración de la escuela y la educación pública como una mercancía más, en la manera de afrontar la calidad y la mejora de los rendimientos escolares. Llaman la atención, sobre todo, las declaraciones que hacen las autoridades educativas, que pretenden con el uso ambiguo de este término dar barniz de excelencia a las prácticas que realizan.

Hace tiempo que el discurso de los valores y la democracia en la educación pública ha sido sustituido por la ideología economicista de eficiencia, competencia y libertad de consumo. Se ha planificado, con toda intención, el abandono del modelo de escuela pública participativa y democrática sustituyéndola por la caricatura actual de una escuela gerencialista, entendiendo por tal y desde el modelo neoliberal, que el problema de la calidad de la enseñanza pública se encuentra más en la gestión pública de la misma que en otros aspectos como, por ejemplo, la desigualdad social de origen en el alumnado, los medios humanos y materiales con los que se dota a la escuela pública y a la privada, etc.

La realidad social nos muestra algunos elementos que invitan al desaliento a quienes tenemos tareas de formación, aquí y ahora, de personas responsables, críticas y maduras. El desánimo se afianza en quienes vemos que lo público, lo que es de todos y todas y para todos y todas, se privatiza o se utiliza al servicio de los intereses de unos pocos. Pero, es importante que este desánimo no nos bloquee y nos paralice.

La situación que estamos viviendo es muy dura, es de claro ataque a los importantes logros alcanzados en el avance de la calidad educativa de la escuela pública canaria.

La reducción de grupos, con la consiguiente creación de grupos mixtos; la falta de profesorado, de profesionales que nos ayuden a afrontar los problemas diarios que encontramos en nuestras aulas y que desbordan el ámbito de ésta, de auxiliares de comedor, de personal de administración?; las bajas sin cubrir del profesorado y de los equipos de orientación; la falta de atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; la falta de dotación de recursos materiales a los centros y el retraso en los ingresos de la asignación presupuestaria necesaria para hacer frente a los gastos imprescindibles para su funcionamiento; la supresión de una segunda lengua extranjera en primer curso de bachillerato, la eliminación de la oferta de algunas lenguas y de todos los cursos específicos en la Escuelas Oficiales de Idiomas; el drástico recorte experimentado en los recursos destinados al asesoramiento a los docentes, en los centros del profesorado, en los programas de innovación educativa y en los proyectos de mejora de los centros educativos; la práctica desaparición de los servicios orientados al alumnado en riesgo de exclusión social; la congelación de la oferta de plazas de comedor ? no cubriendo al alumnado de la educación secundaria obligatoria - y la asignación de cuotas atendiendo a las rentas de 2007, sin contemplar la grave situación económica que viven hoy las familias canarias; la sobrecarga de trabajo burocrático impuesta a las Asociaciones de madres y padres con la gestión de la acogida temprana y la obligación a adelantar de sus bolsillos el pago de este servicio a las familias durante siete de los diez meses del curso escolar, la rebaja en el nivel de cobertura de este servicio de cara al próximo curso; la falta de cobertura del servicio de transporte escolar al alumnado de infantil y de la ESO; el recorte encubierto de la financiación de las actividades extraescolares de tarde en los centros educativos públicos, derivándose parte de las subvenciones, por primera vez, a los centros privados concertados en las actividades dirigidas al alumnado y eliminando la convocatoria de subvención de actividades extraescolares de los centros gestionadas por los Cabildos; la supuesta gratuidad de los libros de texto para todo el alumnado de primaria, que ha conllevado, en la práctica, la entrega de una ayuda ? que no cubre todos los gastos - a todas las familias por igual: centros públicos y centros privados concertados, familias con pocos y con mayores recursos; la irresponsable reducción de los ciclos formativos, máxime en un momento de crisis económica como el actual ? Estos son, verdaderamente, algunos de los “logros” del actual equipo de la Consejería que dejan en evidencia la concepción de calidad educativa del gobierno de Canarias.

En esta tierra llevamos muchos años realizando grandes esfuerzos para mantener una educación de calidad y defender la escuela pública. Es más, creemos que a pesar de no contar con demasiados apoyos, con medios necesarios, hemos avanzado de forma considerable, hemos concebido la escuela como un lugar donde todos colaboramos - profesorado, alumnado y familias -, donde aprendemos de la tarea colectiva, donde hemos ido creciendo desde la diversidad, dando hermosos frutos en nuestro alumnado, que nos enorgullecen. Las comunidades educativas hemos sabido diseñar, experimentar y poner en marcha múltiples proyectos educativos, exigiendo a la par las condiciones necesarias para desarrollar una escuela canaria de calidad.

Por ello, y ante la amenaza del presidente del gobierno de Canarias en su discurso sobre el estado de la nacionalidad de “seguir con el mismo ímpetu el resto de la legislatura” creo que es absolutamente necesario que todas aquellas personas y colectivos que estemos por la defensa de la escuela pública aunemos nuestras fuerzas en su defensa.

La página más negra de la educación en Canarias la está escribiendo este Gobierno. Y mientras el profesorado y las familias hacen esfuerzos denodados por hacerles entrar en razón, la única respuesta que encuentran es el desprecio, el descrédito y la total carencia de voluntad negociadora.

Nuestra escuela pública, la que tenemos en todos nuestros pueblos y barrios, a la que asiste la mayor parte del alumnado, en la que conviven niñas, niños y jóvenes con los iguales y los distintos, la única escuela que garantiza la calidad real y la igualdad efectiva y que sienta las bases de una verdadera cohesión social hacia un futuro más justo y equitativo, está en peligro.

Nuestra escuela, la que se construye mediante la participación colectiva de todas las personas implicadas: madres y padres, alumnado y profesorado, en la que enseñamos a los niños y a las niñas a leer y escribir, a razonar, a conocer su entorno, en la que nos preocupamos de desarrollar su amor por la lectura, de que conozcan bien las lenguas extranjeras, de que se alimenten de forma saludable, que cuiden su cuerpo, que practiquen deporte, que conozcan y valoren nuestra cultura canaria, que conozcan y cuiden su entorno, que sepan buscar información en libros, en internet?, interpretarla y reelaborarla, que sepan diferenciar una información de una opinión, que aprendan a investigar, que reconozcan el valor de la familia, sean respetuosos con los demás, que asuman valores de justicia social, de igualdad, de tolerancia, de solidaridad, que resuelvan sus conflictos de forma pacífica?, está recibiendo duros ataques.

Por eso, es imprescindible que hagamos llegar a la Consejería de Educación que no estamos dispuestos a aguantar más la ineptitud de este gobierno, que no estamos dispuestos a soportar que su gestión se base únicamente en parámetros economicistas, de contención del gasto, que decidan medidas importantes a golpe de ocurrencias, sin sopesarlas, con altísimas dosis de soberbia y sin contar con las comunidades educativas. Sólo pedimos dignidad y reconocimiento de nuestros derechos. Y eso pasa por el apoyo real a la calidad educativa en la escuela que ofrece igualdad de oportunidades a la población, a la escuela pública.

Nuestra práctica diaria deja claras evidencias de nuestro compromiso con la calidad e igualdad de oportunidades en la escuela. Otra escuela es posible y ya se está construyendo. Hay docentes, alumnado, padres y madres, que estamos haciendo realidad esta escuela en muchos sitios. El que deje de ser testimonial requiere voluntad política y compromiso social por parte de todas y todos.

¡No permitamos que se den pasos atrás!

La consecución de una escuela pública de calidad es incompatible con la actual práctica de la Consejería y, por ello, debemos intensificar nuestra lucha. Es imprescindible la unidad, la creación de un frente común de todos los agentes implicados en la Educación para defender la calidad y la dignidad del servicio público educativo y frenar la política de recortes de la Administración educativa.

La razón nos acompaña, la unidad y la planificación realista y certera de los pasos que debemos dar nos orientará el camino, y la implicación de cada uno de nosotros, desde su responsabilidad, posibilitará (o asegurará) que consigamos nuestros objetivos.

(*) Carmen Bolaños Espinosa es maestra y miembro del STEC-Intersindical Canaria

Carmen Bolaños Espinosa *