Expulsiones “definitivas” bochornosas

Estoy pensando en que, si no fuera un asunto muy serio --me refiero a la expulsión de los consejeros del PSC-PSOE del Cabildo de La Palma-- sería para tomarlo como una broma de humor negro.

Creo que el PSOE hace muy bien intentando la difícil tarea de reencontrarse con amplios sectores de la ciudadanía que han dejado de apoyarle. Pero ese objetivo es inalcanzable si no se rectifica el gran error, el que abrió las puertas de par en par a lo que está haciendo ahora el PP: la vergonzosa reforma del art. 135 de la Constitución, en mi modesta opinión todo un fraude de fondo y de forma a la propia Constitución y, lo que es crucial, al pacto de convivencia que la fundamenta.

Y si se mantienen dirigiendo el Partido personas que jugaron un papel principalísimo en esa decisión que desconcertó y desmoralizó a millones de personas de buena voluntad.

Aparentar distanciarse del PP con salvajadas como esta expulsión, no es distanciarse sino parecerse más a lo peor del PP, es decir a una mentalidad centralista-autoritaria y antidemocrática.

Pretender recortar las funciones primordiales de un cargo público representativo, como es la de control político del Gobierno y su corolario: la exigencia de responsabilidad política a través de la Moción de Censura, mediante la expulsión del Partido es jurídicamente un sarcasmo, aunque la expulsión fuera firme.

Pero denominar “definitiva” a una sanción frente a la que cabe recurso ante la Comisión de Garantías del PSOE y luego ante los Tribunales, es de traca.

La expulsión de un Partido no implica la pérdida del cargo de concejal, ni puede restringir el ejercicio de las funciones esenciales de su cargo. No lo digo yo; no lo dice el sentido común democrático; lo dice el Tribunal Constitucional, porque se quebraría el derecho fundamental del cargo público representativo y el de los ciudadanos a los que representa, que forman una unidad inseparable, expresión de la democracia representativa.

Y, además, porque quebraría la igualdad, que es valor superior del Ordenamiento Jurídico y un derecho fundamental, al establecer dos clases de concejales: los que pertenecen a un Partido y podrían ser expulsados y sus funciones institucionales recortadas, y los que no están afiliados, aunque hubieran formado parte de la candidatura presentada por un Partido.

Hace algunos meses, en esta misma página, mantuve que me parecían bien los pactos en La Palma del PSOE, tanto en el cabildo con CC como en la mayoría de los Ayuntamientos con el PP.

Simplemente, porque los habían decidido los socialistas palmeros y se referían las Instituciones de su Isla. Era para mi una cuestión de principios: defensa de la autonomía, dentro de la más genuina tradición federalista. Que es uno de los rasgos que más han diferenciado en España y en Canarias a la izquierda democrática de la derecha autoritaria.