Formación Profesional, masters en soberbia por Carmelo Jorge Delgado

Frente a quienes sostienen la ausencia de valor de la autoridad moral, desde CC.OO consideramos que cargarse de este valor añadido le da a uno capacidad para opinar desde la solvencia, sobre las acciones de los demás y sobre las estridencias que desde la autoridad educativa, se aportan al sistema público de enseñanza de la comunidad autónoma.

Viene a cuento toda esta introducción, porque la sociedad canaria vuelve a vivir con cierta zozobra el conflicto que se va generando sobre el sistema de formación profesional, desde la experiencia que supone haber vivido un conflicto en la enseñanza pública en la que la incapacidad para el acuerdo que han mostrado determinadas organizaciones sindicales y el gobierno, ha terminado por cerrar en falso el conflicto y dejado en las autoridades una sensación de triunfo frente al profesorado, que los hace peligrosamente soberbios e irresponsables.

Cincuenta ciclos formativos, casi todos de grado medio de formación profesional regladas han sido suprimidos unilateralmente por el gobierno y casi podríamos decir que con premeditación y alevosía. Irresponsable, peligrosa decisión, tomada además sin contar con nadie y con una consideración patrimonial del sistema educativo público que provoca escalofríos. Pero cuando la situación se torna insoportable desde el punto de vista ético y estético, es cuando desde la Consejería se intenta motivar la decisión y explicar a la opinión pública las razones que la justifican.

Aducen como primera justificación, la adaptación al marco europeo de la formación profesional, relacionando la decisión no con sus competencias o incompetencias, o con el afán reductor de lo público que sustenta teóricamente todas las decisiones del gobierno Rivero, sino con la lejanía y esa socorrida incapacidad de los continentales para entendernos. De esta manera, la reducción de ciclos de formación profesional es fruto de otra imposición europea que el gobierno de las ínsulas está obligado a aplicar.

Lo cierto es que la comparación entre el valor social, la prioridad política y la relación entre universidad, bachillerato y formación profesional que tenemos en Canarias, con respecto al territorio continental europeo sólo admite, como mecanismo de adaptación, un esfuerzo en el terreno de la formación profesional que multiplicase por tres los recursos y los alumnos que reciben este tipo de formación. Esta decisión, lejos de acercarnos nos aleja de Europa y con la justificación que se da, no sólo se falsea la realidad hasta límites grotescos, sino lo que es peor, se incide en ese lenguaje victimista y ramplón que es el primer lastre de nuestra competitividad exterior.

Por otro lado, sostienen su decisión en la necesidad de adaptar la oferta a las demandas formativas y ambas con el mercado laboral usando un vocablo enrevesado y perverso como empleabilidad. Este argumento, en principio impecable, esconde dos nuevas incapacidades de nuestras autoridades educativas que justificarían su cese inmediato. De una parte, el sistema reglado de formación profesional no puede hacer sus previsiones sobre oferta, demanda y mercado laboral, sin mirar siquiera a las necesidades de futuro de la economía canaria, como si estos conceptos fuesen conceptos estáticos que no cambian con el tiempo y no guardasen ninguna relación con la capacidad de los poderes públicos y la sociedad civil organizada, para generar nuevos campos de actividad empresarial y laboral.

De igual manera, este tipo de argumentos demuestran que un grupo peligroso de iluminados se considera en condiciones de determinar las necesidades del mercado laboral, presente y futuro sin contar para nada con las aportaciones de trabajadores y empresarios, que somos los agentes de ese mercado, que una especie de ciencia infusa que les llega desde su propia sabiduría, ha sustituido a la sociedad a la hora de determinas sus necesidades y que los administrados deberíamos permanecer callados ante esta muestra de sapiencia excelsa de quienes nos administran.

Por último la tercera razón que presentan para justificar su decisión es que ha sido aprobada en el Plan Formación Profesional votado unanimente en el Consejo General de Formación Profesional con la presencia de sindicatos y patronal.

Naturalmente, no especifican en que parte del mencionado plan se encuentra la justificación de este tipo de medidas, porque el plan no solo no las justifica sino que insiste una y otra vez en el carácter estratégico de las decisiones en formación profesional y en la necesidad de amplios consensos sociales para abordar las medidas concretas. Pero, al refugiarse detrás del consejo general, el gobierno no sólo miente, sino que además, genera dificultades añadidas al propio funcionamiento del Consejo, puesto que sus integrantes tendremos que prestar especial atención al riesgo de que lo que podamos aprobar hoy, sirva de excusa mañana, para presentar un remedo de consenso que nunca existió y que antes y ahora, es imposible que exista en torno al recorte de una oferta formativa escasa.

Para resumir, podemos afirmar que un grupo de cargos de libre designación del gobierno de Canarias, han tomado un paquete de decisiones sobre la impartición de los ciclos de formación profesional de forma unilateral y que sin entrar siquiera en la valoración sobre la oportunidad de estas medidas, les negamos la capacidad unilateral para tomarlas, les recordamos que el sistema educativo es una conquista social irrenunciable, además de una herramienta poderosa de equidad social, igualdad de oportunidades y estimulo económico, que las leyes establecen la necesidad de gestionarlo con la participación social y que en el caso de la formación profesional y su relación con el mercado laboral, la ausencia de empresarios y sindicatos es una garantía de fracaso de las medidas, que ahora impepinablemente deben ser retiradas y sometidas al correspondiente proceso de negociación, para que los llamamientos institucionales del presidente del gobierno en el sentido del consenso y de la necesidad del acuerdo social para afrontar la crisis, tengan al menos el mínimo imprescindible de credibilidad para poder continuar con el proceso de concertación entre gobierno, patronales y sindicatos de Canarias.

(*) Carmelo Jorge Delgado es secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO Canarias Carmelo Jorge Delgado *