Un logro de las empleadas de hogar

Debate en el Senado y fútbol de ‘champions’ en la tele el mismo día. Muy bien, pero que no pase inadvertida una conquista social. El consejo de ministros aprobó el martes, en efecto,  un real decreto que concede a las empleadas domésticas el subsidio por desempleo y elimina el despido por desestimiento. Todo un logro para un amplio colectivo (hasta seiscientas mil trabajadoras del hogar tendrán derecho a paro), aunque la lucha continúa como la transición hacia el régimen general de la Seguridad Social. 

España es el segundo mayor empleador de trabajo doméstico de Europa y Asia Central, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y aun así, todavía prevalecen en el trabajo del hogar unas condiciones laborales discriminatorias. La situación empieza a ser otra. Tan solo tener derecho a paro ya es un avance sustancial.

La fundadora de la organización Territorio Doméstico, Rafaela Pimentel, reconocía: “Estamos más que contentas y celebramos este gran avance, por fin tendremos derecho a paro y a cotizar a Fogasa [Fondo de Garantía Salarial]”. Pensemos que hasta el año 2012 ni siquiera era obligatorio en España que las trabajadoras domésticas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social si no superaban un número concreto de horas trabajadas, pero una reforma efectuada en el año 2011 obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones desde la primera hora contratada. Fue quizá el primer gran hito para cientos de miles de trabajadoras, pero aquel decreto ley se quedó corto: ignora el subsidio por desempleo, mantiene el contrato verbal e introduce el derecho a desistimiento unilateral sin ninguna justificación. Esta última figura es una de las formas más flagrantes de atentado contra los derechos laborales, pues permite la extinción del contrato sin alegar causas justificadas y con una indemnización mucho más barata que el resto. El desistimiento será cosa del pasado a partir de ayer, gracias al nuevo decreto.

Según infolibre.es, el trabajo doméstico forma parte de un Régimen Especial, que según los últimos datos de afiliación registró una caída del 0,75 %, con dos mil ochocientas once bajas. Pero la estadística es incapaz de proyectar la realidad del sector, colmado de trabajo informal. Se calcula que entre quinientas mil y setecientas mil mujeres se dedican al trabajo doméstico, pero un tercio de ellas lo hace sin contrato, según la propia OIT. Son ellas quienes han peleado los avances para el sector, gracias a su tenacidad y movilización en las calles. Pero en el camino también se han dado pasos, por ejemplo, en el terreno jurídico. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitida en febrero de este año, califica la normativa española en materia de Seguridad Social como discriminatoria al excluir a las trabajadoras del hogar de recibir la prestación por desempleo. El dictamen que llegó de suelo europeo pone negro sobre blanco al afirmar que existe una discriminación indirecta por razón de género en el acceso a las prestaciones.

Estrechamente ligado al nuevo decreto y a la sentencia europea está un movimiento clave: la ratificación del Convenio 189 de la OIT, un acuerdo internacional impulsado en 2011 al que ya nos hemos referido en otras entradas y firmado ya por treinta y cinco países para regular el empleo doméstico. El objetivo con el que nació es sencillo: equiparar el trabajo del hogar al resto de empleos a nivel de derechos. El Gobierno ya ha iniciado los trámites su ratificación y el nuevo decreto que se aprueba este martes es de hecho consecuencia directa de ese compromiso.

Claro que aún quedan peldaños por subir. Las páginas del decreto aprobado por el Gobierno concentran los derechos más básicos para las trabajadoras, pero son solo el motor hacia otras reivindicaciones históricas. En su agenda, dos mandatos: la mejora de las condiciones de las trabajadoras internas y la transición definitiva hacia el Régimen General. En el mundo, según datos de 2020, un total de ciento dos países cuentan con algún tipo de cobertura legal para el trabajo doméstico de al menos una prestación de la Seguridad Social. Sin embargo, solo el 6% de las empleadas a nivel global tiene una protección social completa. Se estima que son 75,6 millones las personas que se dedican en todo el mundo al trabajo doméstico, el 76,2 % de ellas, mujeres.

Un logro importante, sí. Pero la lucha continúa.