La marea naranja

Una marea naranja anega estos días las calles y plazas españolas pretendiendo llamar la atención sobre el ataque frontal del Gobierno central y muchas autonomías a los servicios sociales. Son los trabajadores y trabajadoras sociales, y hombres y mujeres que se han sumado que, vestidos con una camiseta de ese color, convocan manifestaciones, asambleas y debates para informar sobre esta ofensiva al Estado de bienestar. Se trata de una campaña promovida por el Consejo General del Trabajo Social para denunciar la vulneración de los derechos de la ciudadanía, la desaparición progresiva de los servicios sociales básicos y de integración, la importante reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a estos fines y la intención de separarlos de la realidad más cercana quitándoles las competencias a los ayuntamientos. Pretenden luchar por unos servicios sociales públicos y universales, cercanos y descentralizados que garanticen unas prestaciones básicas a la ciudadanía empobrecida y contribuyan a la equidad, garantizando derechos humanos, económicos y sociales esenciales; reivindican una financiación suficiente y sin recortes y que se les dote de los medios necesarios para acabar con las listas de espera y los retrasos en las respuestas.

La socialización de la crisis financiera no deja de producir cada día más paro, pobreza y exclusión en el conjunto del Estado. El informe FOESSA de este año insiste en que estamos ante un proceso de empobrecimiento: “se está dando una especie de invisibilización de la pobreza y de la exclusión severa por saturación y extensión de la pobreza que eclipsa a los más pobres”. Los indicadores de desigualdad en España son los más altos de la UE, junto a los de Portugal, Bulgaria y Letonia. El desempleo, la precariedad laboral, los recortes salariales, la pérdida de poder adquisitivo y las reducciones de prestaciones y servicios públicos ha potenciado la desigualdad hasta extremos inconcebibles. Mientras las rentas bajas se hunden en un pozo sin fondo y las clases medias se ven abocadas poco a poco a la misma situación, las grandes fortunas no dejan de aumentar. Para la Fundación Alternativas la desigualdad ha tocado su punto más alto desde que comenzó la democracia y se ha producido la mayor distancia histórica entre quienes más tienen y quienes más necesitan, según los datos de la OCDE.

Según el Informe, en la época de bonanza económica, el gasto social en España (el 25% del PIB) nunca llegó a alcanzar la media europea (el 30%) por lo que la recesión se instaló en este país ya con un déficit importante en las redes de protección necesarias para hacer frente al creciente aumento de las necesidades básicas; a las demandas de más de ocho millones de usuarios, un 39% más desde que se inició la crisis. Pero lejos de tenerse en cuenta esta realidad, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales no han dejado de aumentar. Desde 2011 a estos días, los presupuestos destinados a sanidad han sufrido un recorte de 27.132 millones de euros, los de educación 7.526, los de igualdad 20.375, los de servicios sociales 374, los de dependencia 327 y los de empleo 7.035. Más de 60.000 millones de euros de recortes que muestran una enorme insensibilidad, pero también una profunda carga ideológica neoliberal que pretende acabar con el Estado de bienestar.

Pero no solo sucede con los PGE. Desgraciadamente, en la mayoría de las comunidades autónomas el escenario es el mismo. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuatro comunidades (Madrid, Valencia, Baleares y Canarias) soportan unos servicios sociales “lamentables” y los sitúa a la cola de Europa. Tras la Comunidad Valenciana, Canarias es la segunda autonomía peor valorada en el documento de la Asociación, con una puntuación de 2,1 frente a un 4,72 de la media del Estado. Desde 2009 a 2012 diez comunidades autónomas han reducido su gasto en servicios sociales, frente a siete que lo han aumentado. Canarias es la cuarta Comunidad que más lo reduce, con un recorte de un 18,51% (61 millones de euros). Y estos son datos de hasta 2012: en 2013 se han vuelto a disminuir en el archipiélago las partidas en 16,6 millones (un 6,3%), lo que afecta especialmente a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y a las transferencias a los ayuntamientos para su tramitación, que disminuyen en un 56,2%. Y para “tranquilizar” a los ciudadanos primero rechazan un Plan contra la Pobreza, que demandaba NC en el Parlamento, para más tarde anunciar un Plan propio sin concreción alguna y con una ficha financiera cuestionable. O se inventan un Plan de Empleo con el dinero de los ayuntamientos. O improvisan una apertura de comedores escolares en verano de dudosa efectividad..

Mientras aumenta la fragilidad y la desigualdad social, el Gobierno de Mariano Rajoy pisa el acelerador y se dispone a rematar la jugada con un Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que no solo elimina de manera indirecta a más del 90% de los ayuntamientos españoles, sino que quita todas las competencias en servicios sociales a los municipios para trasladarlas a las autonomías, incapaces hasta ahora de gestionar estos recursos a los que tendrán, además, que financiar en su totalidad. Se reduce el papel de los municipios a la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención a personas en situación de riesgo de exclusión social”. Es decir, a la caridad y la beneficencia. Se resquebraja un modelo de prevención de riesgos y de atención a los más desprotegidos y se eliminarán muchísimos proyectos que no podrán costear por si solas las autonomías, ya que hasta ahora contaban con una participación de los municipios en su financiación cercana al 50% de media. Se pone fin a los programas que hoy se ejecutan y que están dirigidos a mayores, enfermos mentales, personas con deterioro cognitivo, dependientes, drogodependientes, discapacitados, inmigrantes, violencia de género, integración, intervención comunitaria, respiro familiar, acompañamiento hacia la autonomía, la inclusión, intervención comunitaria, hogares infantiles, juveniles, de mayores?

Se hace desaparecer también el futuro de una propuesta económica sostenible. De un empleo social que genera miles de puestos de trabajo y de una actividad paralela que contribuye a la creación de una economía plural y diversificada. Se somete a los ciudadanos a la desprotección más absoluta y se quiebra el valor de la cercanía como elemento clave para la respuesta inmediata y la complicidad más humana. Se ataca a la proximidad, a la cohesión social y a los valores que no son puramente economicistas; a la equidad y a la igualdad que garantizan el no sometimiento y la libertad; a la solidaridad; al derecho a tener una vida digna; a la democracia, que debe garantizar los derechos sociales de los más vulnerables; a la cercanía de los elegidos con sus electores; a la autonomía de los municipios frente a la recentralización del Estado; a la política -incapaz de defender el interés general- y a las instituciones a las que se pretende desnudar para hacerlas inservibles frente a los ciudadanos y se abre la puerta, finalmente, a la privatización de estos servicios como se redacta textualmente en el preámbulo de la propuesta que reconoce que pretende “favorecer una regulación favorable a la iniciativa económica privada”.

Y es que el Estado de bienestar, para el neoliberalismo, es un obstáculo que resta alicientes a los ricos para la generación de riqueza y vuelve perezosos a las clases medias y a los más empobrecidos. Es un ataque a la libertad por la intromisión del Estado. No es más que una excusa para la ociosidad y el gandulismo. Ya está bien de seguir cumpliendo con el pacto que se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la convivencia, la libertad y la paz social. Van a por el Estado de bienestar, lo están consiguiendo y se lo estamos permitiendo.