Todos los nombres (con permiso de Saramago) por EDITORIAL

Ilustrísimas señorías de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas: Les proponemos un reto. Tomen ustedes con la pulcritud que se les presume la sentencia sobre el caso chalet de su colega don Javier García García-Sotoca, a quien consideramos muy conservador en origen pero honestamente hastiado por lo que tuvo la ocasión de escuchar en este juicio con los Soria y con los Esquivel, o en el caso Faycán, con el PP robando a manos llenas? Bórrenle a dicha resolución judicial del Juzgado de lo Penal número 4 el encabezamiento y cualquier mención a los nombres del querellante y de los imputados. Examinen sus fundamentos jurídicos y sométanlos al juicio de revisión jurídica que constituye el recurso de apelación en este caso.

Respondan ahora a las siguientes cuestiones:

-¿Hay algún error digno de revocación?

- ¿Existe alguna valoración inmotivada o carente del debido fundamento jurídico?

- ¿Les resulta conforme a la libertad de expresión, derecho fundamental donde los haya y pilar del Estado Democrático cuando se trata de periodistas que investigaron y publicaron una información veraz, que deban pagar por defenderse de una acción que hasta el Ministerio Fiscal estimó infundada?

- ¿Desconocen acaso que en la fecha de los hechos, el Juzgado de Instrucción cobraba una productividad no desdeñable (entre 2.000 y 3.000 euros al semestre) por autos de continuación del procedimiento que no computaba en caso de dictar un auto de sobreseimiento motivado, esto es, en razón al número de imputados que acaban en el banquillo?

- ¿Los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre imposición de costas a la acusación particular contienen de algún modo la exigencia de que la temeridad constatada sea “excepcional”, como dicen en su sentencia?

- ¿Siguen la doctrina del Tribunal Constitucional, referida a los derechos fundamentales de los artículos 20 y 24 de la Constitución Española?

Si, como es previsible, en la soledad de sus hogares, les invade un rapto de honestidad y las cinco respuestas, o la mayoría de ellas, son negativas, el reto se convierte en una propuesta de dignidad en el ejercicio de la jurisdicción: Borren, como se hace en algunas pruebas de acceso a la función pública, e incluso en algunos exámenes de secundaria, todos los nombres, y resuelvan conforme a Derecho (con mayúsculas) las apelaciones de que conozcan. ¿Les aliviaría la tensión arterial el hecho de esgrimir como excusa que no tuvieron acceso a los nombres de las partes? Entonces, señores, tenemos un problema. No ustedes, sino nosotros. Los justiciables en general, incluso los cultos e ilustrados, que los hay, y tenemos que someternos a sus dictados. Recuerden que les legitima la ley, no las oposiciones. Piénsenlo aunque sea a posteriori, un ratito. Duerman todo lo mal que se merezcan.

Y perdonen si no firmamos este artículo editorial. Queremos comenzar, modestamente, con el reto. Sin nombres. Y, la verdad, les tenemos miedo. Buenas noches.