Razón y razones por Marisol Pérez Domínguez

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto una revolución social. A muchas personas puede parecerles obvio este dato y hasta reiterativo hablar ahora sobre este tema. Pero hay veces que los hechos se tienen que contar varias veces para que la gente los conozca.

Por primera vez, se ha reconocido el derecho universal de las personas mayores y de las personas con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos y para ello el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha dado cumplimiento al compromiso que adquirió con la sociedad y ha demostrado que la política social está situada en el centro de su agenda política. De nuevo un gobierno socialista se enfrentó al reto de impulsar nuevos derechos sociales y lo superó con éxito.

El Gobierno de España, no sólo ha cumplido con sus obligaciones sino que ha realizado un esfuerzo económico sin precedentes. Incluso antes de la aprobación de la Ley, el Gobierno Central destinó durante los años 2004 y 2005 un total de 250 millones de euros para proyectos piloto. Y después de la aprobación de la misma, nuestro Gobierno no sólo ha destinado el compromiso presupuestario reflejado en la Memoria Económica de esta Ley sino que ha realizado importantes incrementos sobre la misma. El más importante hasta el momento se realiza en el año 2009: nada menos que 2050 millones de euros son destinados a la atención a la dependencia, un 109% más que lo fijado en la Memoria Económica y en plena crisis económica. Y para el año 2010, un aumento del 36,5 % respecto a lo presupuestado el año anterior.

Todos sabemos que en la respuesta a la atención a la dependencia deben estar implicadas todas las Administraciones pero también

tenemos que conocer que la aplicación de la Ley de Dependencia es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

Canarias tiene uno de los volúmenes de gestión de la atención a la dependencia más bajo de toda España, según refleja el informe

“Evolución gráfica de la gestión del SAAD por CCAA” de la Asociación Estatal de Directores/as y Gerentes de Servicios Sociales. También en este informe queda registrado que es la comunidad que tiene más valoraciones pendientes y donde los plazos para la aplicación del baremo y dictamen se extienden hasta más de un año. La falta de eficacia en la gestión es patente y, como podemos comprobar, no es una opinión sólo de los socialistas.

Según datos de la información estadística del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, facilitados por las propias

comunidades autónomas, con fecha 1 de febrero de 2010, Canarias no solo está por debajo de la media nacional en solicitudes en relación a la población de las CCAA sino que en dictámenes en relación a la población de las CCAA está la última. Y tiene tres veces menos que la media española en personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población.

Los datos hablan. Y para muestra un botón: Canarias, con una población superior a los 2 millones de habitantes, no llega a los 7.000 beneficiarios mientras que Jaén, con una población menor de 700.000 habitantes, tiene 20.000 beneficiarios. Así que no valen excusas ni mentiras. Los ciudadanos y ciudadanas de Canarias merecen una respuesta eficaz a sus problemas y un Gobierno capaz de ofrecérsela.

Paquita Luengo tiene razón y razones para demandar a la Comunidad Autónoma de Canarias una aplicación más eficaz y eficiente de la Ley para no castigar a los ciudadanos y ciudadanas canarios a un trato desigual y diferente de otras Comunidades Autónomas.

* Secretaria Federal de Bienestar Social del PSOE.

Marisol Pérez Domínguez