Reforma local

El PP, en su concienzuda labor por desmantelar los fundamentos esenciales de nuestro Estado Social, ha decidido incorporar a estas tareas la demolición de un pilar básico para cohesión social y la participación democrática como son los ayuntamientos. Aún cuando los datos nos dicen que el gasto municipal en el PIB español se aproxima en la actualidad al que se generaba en 1981 y que la deuda de los ayuntamientos representa escasamente el 3% de toda la deuda pública, la derecha justifica esta reforma municipal en la falacia de que los servicios locales representan un coste excesivo para el conjunto del Estado. Incluso el informe en el que se basa esta reforma, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, reconoce que, en algunas materias, la insuficiencia de los datos le imposibilita establecer conclusiones definitivas.

Pero al PP le importan poco los datos empíricos y los análisis fiables en esta materia porque su planteamiento, como todas las iniciativas liberalizadoras que está adoptando, parte del principio ideológico de considerar la gestión pública como ineficiente y por eso, también en los servicios públicos locales, promueve reformar las normas para favorecer la privatización de los servicios municipales.

La prudencia con se expresaba el informe del Instituto de Estudios Fiscales y la ausencia de estudios más rigurosos no amilana al PP, que dirige su ataque fundamental a los pequeños municipios, los más ineficientes según dicen, a pesar que bastaría recordarles el gasto que la derecha ha generado en Madrid, el municipio con mayor población del Estado (7.429,6 millones de euros a finales de 2012, 21% de la deuda de los Ayuntamientos) para comprobar cuánto de ideológico y de mentira hay en estas propuestas.

Esta reforma es un ataque directo a la democracia porque supone devaluar la institución pública más cercana al ciudadano, pero esto poco importa en esta cruzada neoliberal, su único propósito es ampliar el volumen de negocios de las multinacionales dedicadas a gestionar los servicios locales y por ello promueven en Canarias la insularización (provincialización en el resto del Estado) de los servicios locales (recogida de residuos, mantenimiento de vías públicas, gestión del agua basura, mantenimiento de parques y jardines, cementerios, etc) porque así, eliminando las competencias municipales, incrementarán sus beneficios las multinacionales que reciban los servicios absorbidos por el Cabildo.