Aunque se retrase hasta febrero, desde luego que el Gobierno parece querer actuar con prisas -sin duda para acallar el cabreo ciudadano y el descrédito de la democracia- con una ley que, afirmo, es puro paripé, puro artificio mediático, y que, en absoluto, pondrá fin a la situación actual, donde pueden campar a sus anchas los depredadores del sistema democrático.Paradójicamente -y vuelvo a insistir en un tema que entiendo es el factor principal de la corrupción en este país- el Proyecto de Ley para reformar la financiación de los partidos se vuelve a estancar, como en casi todas las legislaturas, obviando la necesidad de una financiación transparente de los partidos por el Estado y, desde luego la necesidad también de una limitación rigurosa de sus gastos.Mientras, los ocho partidos más importantes del arco parlamentario han dejado de pagar a los bancos alrededor de doscientos millones de euros en los últimos tres años, algo que el PP y el PSOE ven como una práctica normal y usual. La voracidad es tal que hace que sean insuficientes los ciento sesenta y cinco millones de euros que reciben del Estado para su funcionamiento, más otros cincuenta y un millones en concepto de subvenciones electorales.Asi se constata que un porcentaje muy alto de los presupuestos de los partidos se cubren con donaciones anónimas que en teoría no pueden superar los sesenta mil euros anuales y que provienen en su mayor parte de empresas ligadas al urbanismo y la construcción, que comprometen favores y tratos preferenciales. Sin olvidar las mordidas y los porcentajes exigidos al margen de la ley, también en pago de favores o adjudicaciones de obras.El Tribunal de Cuentas reitera, año tras año, las anomalías en los ingresos de las formaciones políticas sin que se produzcan las sanciones que, según la legislación vigente, obligan a devolver el doble de lo recaudado de manera ilegal.Transparencia Internacional insiste una y otra vez en que las contrataciones de obras públicas, la financiación de los partidos políticos y, cada vez más, el sector de la construcción, son las principales vías para el aumento y perpetuidad de la corrupción.En una encuesta realizada a más de sesenta mil personas, TI demuestra que los ciudadanos consideran a los partidos políticos y las empresas como los elementos esenciales de la corrupción.Según Raúl Del Pozo, “ahora ya estamos seguros de que el método de financiación de los partidos es el palo del gallinero y la contaminación general”.Al tiempo, deambulan a sus anchas los corruptos, los corruptores -no olviden que son inseparables- y los que en un estadio superior, social y económico, manejan el Estado y sus instituciones, desde un palco sacrosanto revestido de honorabilidad y oropeles y al margen de las instituciones públicas y democráticas.Lo mismo sucede con los grandes partidos que a modo de cártel, aceptan el sistema sin apurar la modificación de la Ley de Partidos de 1978 ni la Ley de Financiación de 1987 aunque, eso sí, se apresuran a justificarse acudiendo a poner en marcha una Ley vacua y sin sentido práctico alguno que derive la atención sólo sobre los municipios.Para Joaquín Estefanía, “la corrupción estructural es un delito de lesa democracia, porque aquellos que tienen la obligación y el derecho de hacer las leyes ( los partidos y su entorno) tienen el deber de cumplirlas y hacerlas cumplir; porque quien obtiene financiación irregular arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades, utilizando además dinero público; porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido que la ejerce, no puede estar sujeta al control social ni al control interno de la formación que supuestamente se beneficia de tan atípicos ingresos”.No nos puede extrañar, por tanto, esta desmoralización general de la ciudadanía que palpamos en nuestras calles y plazas, algo que me parece terrible y peligroso a la hora de afianzar un sistema de libertades que tanto nos costó conseguir. Como dice Enrique Gil Calvo, “cuanto más se asqueen los ciudadanos de la política, más desertarán de las urnas, entregando el poder por omisión a las mismas fuerzas que ya controlan la política urbanística.”Nos queda por delante el reto de rearmar de valores esta sociedad en la que vivimos, forjando una auténtica militancia social que denuncie y combata estas aptitudes sin hacer dejación de sus derechos y obligaciones inherentes a un Estado de Derecho como el que estamos construyendo, siquiera para que no prevalezca la tesis del neocon Moisés Naim, director de la revista Foreign Policy que dice que “la guerra contra la corrupción está minando la democracia. Pretender restringir la cultura del soborno y la codicia...es una ilusión paralizante”.P.D. Hablando de corrupción, que tremenda es la de contemplar impasibles la situación de millones de personas que mueren de hambre; que mueren de sida, mientras este primer mundo les impide la llegada de medicamentos; que mueren en las guerras provocadas por intereses geoestratégicos y comerciales. Que mueren en las calles sin coberturas sociales de ningún tipo; que no tienen acceso a la sanidad, a la educación, a la paz...Vaya este artículo en apoyo al manifiesto a favor de la vida, de la paz, de la igualdad, que firman, entre otros, Pérez Esquivel, Mayor Zaragoza y Pere Casaldáliga.* Alcalde de Agüimes Antonio Morales Méndez*