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Antonio Morales Méndez

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El cambio climático en los territorios insulares

El pasado 25 de octubre el Centro UNESCO  Gran Canaria, en colaboración con la ULPGC y el Cabildo de Gran Canaria organizó el Encuentro Archipiélago y Océano: Repercusión del Cambio Climático en los Territorios Insulares con la participación de expertos de distintos lugares del mundo. Si no estoy equivocado es la primera vez que se celebran aquí en Gran Canaria unas jornadas interdisciplinares que congregan a científicos, gestores y políticos de la Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde) para debatir las medidas más adecuadas en la lucha contra el cambio climático y sus efectos en los archipiélagos.

Millones de refugiados del planeta han sufrido, sufren y seguirán sufriendo las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos. Es inhumano y suicida dar la espalda a esta realidad; el primer informe del Banco Mundial analizando los efectos del calentamiento global sobre los flujos migratorios en el mundo establece que más de 140 millones de personas de África, América Latina y Asia tendrán que emigrar de sus países antes de 2050. De ellas, 86 millones migrarán desde la cercana región del África Subsahariana.

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La Liquidación del estado

La privatización del 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) reafirma con nitidez la política de privatizaciones y de jibarización de los estados impuesta por la Troika, siguiendo los dictados de un neoliberalismo desbocado, porque el capitalismo no puede existir si no es desde el crecimiento continuo. Necesita siempre carnaza. Solo con el voto del PP, que utiliza su mayoría absoluta en contra del resto de las fuerzas parlamentarias para saquear el patrimonio de todos, se ha empezado a privatizar un ente estratégico para el país. Se pone en manos de grandes fondos de inversión del planeta, por 8.000 millones lo que vale 33.000, un patrimonio vital para la supervivencia de un Estado, condicionando su movilidad, su comercio, su industria turística… Se entrega al capital privado, que gana el primer día de su salida a Bolsa más de 800 millones de euros, la soberanía y el futuro del país y de territorios especialmente sensibles como Canarias, aislada, dependiente del turismo, frágil en su equilibrio insular… Pero de este hecho gravosamente consumado ya se ha hablado mucho en estos días. Poco puedo añadir a la operación concreta, pero si me gustaría insistir en una reflexión sobre las políticas liquidadoras del Estado que se han ido ejecutando en España desde los años ochenta. Por la derecha y por la socialdemocracia que ha asumido estas prácticas con convencimiento cuando le ha tocado gobernar.

La estrategia es siempre la misma. Se deteriora la empresa -intencionadamente o a través de una pésima gestión- para sanearla a continuación con fondos públicos y ponerla a la venta para hacer caja y para favorecer en la mayoría de las ocasiones a grupos empresariales de amiguetes que después terminan pagando los favores con puestos muy bien remunerados en sus consejos de administración. Es la táctica a la que nos tiene acostumbrado el bipartidismo en este país, que nos toma el pelo haciendo una cosa mientras gobierna y diciendo otra cuando se encuentra en la oposición. En el caso reciente de AENA las hemerotecas son contundentes. Realmente fue al gobierno de Zapatero al primero que se le ocurrió privatizar una parte importante de AENA, Loterías y Apuestas del Estado y la gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Y los populares pusieron el grito en el cielo. Pero cuando llegó Rajoy al poder las posiciones se invirtieron: el PP cambió su discurso y empezó a privatizar lo que había ordenado la Troika -lo mismito que habían anunciado los socialistas- y es ahora el PSOE el que utiliza la demagogia para oponerse garantizando "una Aena pública si llega al gobierno" y afirmando que "solo 12 aeropuertos son rentables y el resto, hasta 48, están condenados al cierre, lo que significa quebrar la movilidad de muchos españoles, principalmente del ámbito insular y de otras zonas geográficas". Y pasan por alto que en Francia en estos días los socialistas están haciendo lo mismo con los aeropuertos de Niza y Lyon. Ver para creer. Puro populismo bipartidista. Fraude descarado a la ciudadanía.

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La gran evasión

Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) el 72% del fraude fiscal en España corresponde a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, el 17% a las pymes, el 9% a los autónomos y el 2% al resto de la población, pero las medidas ejemplarizantes y rigurosas se aplican al sector más frágil. Es más, según los mismos funcionarios ?que piden más medios humanos y materiales- el 80% de la plantilla de inspectores (uno por casi dos mil ciudadanos) se dedica al seguimiento de los pequeños fraudes e irregularidades de las pequeñas empresas, autónomos y de trabajadores que se olvidan de alguna partida en su declaración, en vez de perseguir "a los grupos empresariales, empresas transnacionales y grandes fortunas". Es un dato más a la hora de evaluar el por qué las grandes fortunas y las grandes empresas de este país evadieron el año pasado más de 40.000 millones de euros impunemente.

A principios de este año, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una amnistía fiscal ?que castigaba a los cumplidores y premiaba a los delincuentes- con el objetivo de atraer dinero líquido a las arcas del Estado. Visto el poco éxito obtenido, el verano pasado el ministro Montoro anunció mejoras a la amnistía inicial abriéndola al dinero en metálico, eliminando los controles sobre el origen del dinero y permitiendo pagar solo por los intereses de los activos evadidos antes de 2008 y, hace unos días, ha vuelto a insistir en lo mismo exonerando a los evasores de su responsabilidad penal. Pues bien, hasta este momento, el Estado solo ha podido recaudar un 2% de los miles de millones que se preveían recaudar con esta amnistía fiscal. Se calcula que han sido 52 millones de euros los recuperados hasta ahora y que se puede llegar a los 150 millones el 30 de noviembre, fecha en la que expira el plazo de la amnistía.

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Las cigarras y las hormigas

Bien sabía León Felipe que "los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos", pero a veces no somos capaces de intuir hasta cuando nos van a seguir "meciendo con cuentos" como éste que se acaban de inventar para premiar a un continente que abre brechas cada vez más enormes entre sus ciudadanos; que lleva a la exclusión y a la pobreza a millones de personas; que debilita el Estado de bienestar hasta sus últimas consecuencias; que aparta como apestados a los pobres de otros pueblos que tocan a sus puertas; que no tiene ningún pudor en apoyar, en beneficio de su balanza comercial a sátrapas en África y otros continentes; que con el cuento de la defensa de la democracia participa o apoya todas las guerras que se le ponen a tiro, en un cambio de peones interesado, en lugares como Irak, Libia, Siria, etc,; que sigue siendo uno de los mayores exportadores de las armas que serán utilizadas por tiranos para sojuzgar a sus pueblos y que somete hasta la extenuación más humillante a un grupo de países a los que señala como "pigs".

Sería injusto cerrar los ojos y no reconocer los avances democráticos y sociales que se dieron hasta hace muy poco en Europa, pero la realidad hoy es que el deterioro y el retroceso en lo alcanzado y la implantación de una especie de guerra fría ultraliberal que destruye el ideal de equidad, igualdad y solidaridad es patente y notorio. Los rancios tics de los totalitarismos excluyentes, que han expuesto lo peor de si mismos en el pasado siglo, se vuelven a hacer realidad en la escenificación del poderío estructural del norte (los trabajadores) que gira en torno a Alemania, con el apoyo de países como Holanda o Austria, frente a los países del sur (los gandules y ociosos). La vieja fábula de la cigarra y la hormiga caricaturizada hasta la extenuación por los que no han renunciado nunca a imponer un colonialismo interior, muchas veces con terribles consecuencias. Y eso que la OCDE ha dejado expresamente claro que los países del sur de Europa trabajan más que las naciones ricas del norte y que España tiene 227 horas más de jornada laboral que Alemania.

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Un nuevo calambrazo

La reforma energética opta entonces por imponer una nueva tasa del 6% de los ingresos a todas las tecnologías por igual, además de un 2,79 céntimos por metro cúbico para el gas natural; 14,97 euros por tonelada para el carbón; 22% para la energía producida en la hidráulica, y el "céntimo verde" para el fuel y el gasóleo empleados en la generación de energía. A pesar de que el ministro de Industria se apresuró a declarar que este aumento no se trasladaría a los consumidores, al día siguiente las mismas eléctricas se encargaron de desmentirle, afirmando que estos impuestos los trasladarán al recibo de los hogares, lo que no podrán hacer las energías limpias. Pero es más, una parte del 6% a aportar por las eléctricas se verá con toda seguridad compensado alargando las concesiones de las hidráulicas y las nucleares.

Desde luego, lo que está meridianamente claro es que los consumidores y las pymes renovables no tienen quién les defienda. A la vista están los resultados. Sin que se haya frenado un ápice el déficit tarifario, en los últimos seis años la luz ha subido en España más de un 70% (en los últimos cuatro años más del 50%) convirtiéndonos, según el Eurostat, en el tercer país de la Unión Europea con la energía más cara (solo por detrás de Chipre e Irlanda, que ha pasado a ocupar el lugar de Malta). Al tiempo, las eléctricas han obtenido un beneficio neto de 52.300 millones de euros y repartido dividendos en los últimos seis años entre sus accionistas por un total de 28.123 millones, el equivalente al déficit que insisten en cobrar a costa de los usuarios. Claro que todas estas cifras se dan, además, con sus directivos cobrando tajadas como la de los 7,6 millones de Brufau (Repsol) que lo justifica diciendo que es porque paga mucho a Hacienda.

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El sindicato del crimen

Sin ningún tipo de dudas, en la última etapa de Zapatero, ya sin la AEPI en funcionamiento, se produjo un resurgimiento de la maniobra de acoso y derribo que toma como punto de partida el cuestionamiento de la victoria socialista tras el 11-M y arrecia con fuerza en la última etapa en la que terminan vendiéndolo como el peor presidente de la historia de España.

Y no se detienen. Las viejas mañas nunca se pierden y en esas siguen. Y en estos momentos andan instalados en una intensa campaña en defensa del neoliberalismo que pretende, a todas luces, desmantelar el Estado. No hay día en el que no aparezca, en cualquiera de sus medios, un ataque frontal a lo público, cuestionando la política, los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones, los funcionarios? Todo lo público, como editorializaba El Mundo hace unas semanas, es "chapuza y derroche". Y, como se necesitan culpables de lo que está pasando, se lo cree, peligrosamente, una gran mayoría.

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Insisto: peligra lo público

La estrategia está muy clara. Se trata de ir creando un estado de opinión favorable al cuestionamiento de los servicios y los servidores públicos elegidos democráticamente. Para debilitar al Estado. Para hacer claudicar al poder democrático. Para después privatizarlo todo. Y los embates se producen por oleadas, en función de las consignas que se lancen en cada momento para condicionar la opinión pública. Por eso en las últimas semanas desde el Gobierno y opinadores diversos ha arreciado una campaña brutal en contra de los ayuntamientos (ahora parecen centrarse también en las autonomías) y otras facetas de lo público, para convencernos de que quién único sabe gestionar es la iniciativa privada y que por lo tanto hay que ponerlo todo en sus manos. Y no digo que no haya que mejorar la gestión pública y corregir vicios, pero de ahí al exterminio va un trecho considerable.

Para justificarlo todo recurren de manera machacona y torticera a la deuda pública y a los costes que supone mantener el conjunto de los municipios españoles. Y es aquí donde adquiere mayor calado la mentira: la deuda española se cifra en una cantidad que gira en torno a los cuatro billones de euros (cuatro veces el PIB) y aunque las cifras puedan variar algo, la generalidad coincide en confirmar que la deuda pública no llega al 16%, la de las familias está en torno a un 22%, la de las empresas en un 30,5% y la de los bancos por encima del 32% . Es decir, la deuda fundamental del país es privada en más de un 83%, y de ésta, casi dos tercios corresponde a los bancos y a las empresas. Claro que la pública seguirá aumentando y aumentando hasta la extenuación al hacérsenos responsables del saneamiento de la banca y del pago de unos intereses usureros cada vez más altos.

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Alentando al monstruo

"Todos son iguales" es una frase que se repite hasta la saciedad cuando la sociedad civil hace referencia a los políticos y a los partidos políticos: la manifestación espontánea de hace unos días ante las sedes del PSOE y el PP en Madrid es la constatación más palmaria de esta realidad. Desde luego contribuye bastante a ello el que PSOE no supiera plantar cara al neoliberalismo y terminara poniéndose en sus manos, para acabar haciendo después una oposición tímida. Refuerza ese pensamiento la actitud del PP entregado a las órdenes de los mercados e incumpliendo una vez sí, y otra también, el programa electoral con el que ganaron las últimas elecciones. Ya no se cree en el partido que gobierna, pero tampoco se ve una alternativa. Los partidos no son percibidos sino como una maquinaria de poder al servicio de una élite que los controla. En los distintos medios de comunicación no dejamos de escuchar un día tras otro que sobran políticos, cargos públicos y hasta instituciones. Anda por ahí un informe nacido en los aledaños del PP que cifra el número de cargos públicos en más de 450.000, una rotunda mentira ya que éstos no llegan, contando con directores generales, asesores, etc, ni a los 200.000, uno de los porcentajes más bajos de Europa. Se insiste en que hay que reducir el número de concejales, de municipios, de mancomunidades?

El mensaje machacón de atacar lo público para vaciarlo va calando poco a poco en la ciudadanía hasta el punto de que las encuestas señalan que la política y los políticos son la tercera preocupación de los españoles. El alejamiento de los ciudadanos de la política es cada vez mayor. Tras los recortes últimos del Consejo de ministros del viernes 13, los funcionarios se quejan amargamente acusando de manera genérica a los políticos de prebendas y de provocar la ruina del país. Si escuchas a muchos sindicatos los argumentos son los mismos, ¡ay los médicos y los bomberos con sus pancartas reaccionarias el pasado jueves! Ni les digo si leemos los anónimos en internet o las intervenciones de los hombres y mujeres de este país en las radios y televisiones diversas. La sensación de cabreo y hartazgo es cada vez mayor. Mientras, el Gobierno no deja de tomar medidas que atacan a las libertades y a los derechos sociales y laborales, llevando a la exclusión a un sector importante de la población, empobreciendo a las clases medias y enriqueciendo cada vez más a unos pocos, al mismo tiempo que amnistía a los delincuentes financieros. La percepción de que todo lo que se hace se decide fuera (Alemania, FMI, sistema financiero?) es cada vez más patente. No pocas son las voces que claman por un Gobierno de tecnócratas, de expertos al margen de la política. Poco a poco se nos va mostrando, cada vez de una manera más clara, que se están generando dos mundos distintos: el de la política y las instituciones y el de los ciudadanos de a pié.

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La ''cuevita de la izquierda''

El domingo 8 de julio, unos días después de este amago de polémica, El País publicaba una encuesta de Metroscopia en la que se constataba cómo el partido de Rubalcaba está pagando la crisis más que el PP, bajando casi tres puntos en un mes, mientras los populares mantienen el respaldo electoral. Según el análisis del sondeo, la causa de estos resultados está ligada al descrédito político y a la idea instalada de que "todos son iguales", a la desaprobación mayoritaria de la labor de oposición socialista y a que sus potenciales votantes no encuentran motivos para apoyar a este partido, por lo que siguen abandonándole.

En "Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos", un libro coral que ya he citado y que está editado por J.M. Vallés y X. Ballart, en Ariel, el catedrático de ciencia política de la UAB, Joan Botella, analiza en profundidad esta cuestión. En el capítulo "Confusión. ¿Hay todavía diferencias entre los partidos políticos?", el profesor catalán nos asegura que una de las percepciones más molestas para el ciudadano es sospechar que, en el fondo, no hay diferencias esenciales entre los diversos partidos y que la deformación fundamental de la democracia sería que las ofertas de estos "dejaran de ser distintas, coincidieran en las cuestiones esenciales y solo discreparan en los matices". Asegura que en las políticas económicas y fiscales adoptadas por los gobiernos españoles entre 1993 y 2010 -acordémonos del pacto reciente para modificar la constitución con relación al déficit- no ha habido sino semejanzas y que van más allá aún para coincidir en modos de expresión y estilos de actuación hasta conseguir una homogeneización formal y una convergencia política de la que se nos distrae muchas veces con políticas "simbólicas". En términos democráticos, afirma, se insinúa una conclusión demoledora: "inducen a sospechar que medidas parecidas adoptadas por gobiernos diferentes no son realmente decididas por ellos, sino que son dictadas o impuestas por fuerzas externas ante las cuales los gobiernos se manifiestan impotentes".

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Un serrallo como alternativa

Frente a la desesperación de la ciudadanía y a su desapego y desafecto cada vez mayor por la política y las instituciones, no se les ocurre otra cosa a los actuales gobernantes españoles que insistir en la chapuza, la improvisación y el sometimiento más esclavizante. Y lo peor es que nos lo venden como una verdadera opción para la creación de empleo y desarrollo. La batalla por instalar Eurovegas en España de la mano del empresario americano Sheldon Adelson, apostando por el juego, la prostitución y, de nuevo, por la especulación inmobiliaria, es la expresión más nítida de la decadencia, del sometimiento al becerro de oro, a un sistema amoral, donde priman el beneficio y el enriquecimiento sin límites. No dudan para ello en explotar el miedo, la inseguridad y la necesidad de trabajo de millones de españoles y no les produce el menor remordimiento utilizar sus debilidades o enfermedades como la ludopatía: en España hay más de medio millón de personas adictas al juego y en estos momentos es mucho más fácil caer en la adicción porque la desesperación induce a probar suerte, lo que lleva igualmente a la ruina y a la desestructuración a muchas familias.

La lucha encarnizada a la que estamos asistiendo en los últimos meses en los medios de comunicación por quedarse con el lupanar de Adelson, deja a la intemperie lo más mezquino del sistema económico que padecemos y lo más miserable de la política. Y no se libra casi nadie. Resulta terriblemente patético observar la lucha sin cuartel entre Barcelona y Madrid (también lo intentaron Valencia y Tenerife) por hacerse con un proyecto que, como denuncia el escritor Roberto Saviano, experto en el crimen organizado, viene ligado a prostitución, ludopatía, tráfico de drogas y blanqueo de dinero de la mafia. Se trata de montar en un espacio, que habría que recalificar, de casi mil hectáreas, hoteles, campos de golf, casinos con más de ocho mil máquinas tragaperras y de modificar la legislación española para permitir la entrada de menores a las instalaciones, para reformar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería y los mecanismos de prevención de blanqueo y movimiento de capitales. Para consentir que se pueda fumar en el interior de las instalaciones, ampliar la edificabilidad urbanística, construir carreteras de acceso, permitir la exención de impuestos y cuotas a la Seguridad Social y un largo etcétera de despropósitos. Dicen que con todo esto van a crear 16.000 puestos de trabajo. Habría que ver cuantos crearían nuestras pymes y autónomos que ya emplean a cientos de miles de trabajadores, que invierten aquí, que generan riqueza aquí y que no se llevan su dinero a paraísos fiscales, si se les concedieran las mismas prebendas. Es penosamente humillante escuchar a Ana Botella tachar de falsa hipocresía el que se cuestione que se pueda cambiar la Ley del Tabaco para este fin, al ministro Soria que considera que la propuesta es "extraordinaria" y que "ojalá" se hubiese planteado en su tierra, o escuchar a una Esperanza Aguirre desbocada ensalzando las excelencias de su Comunidad y su gente para ponerlas al servicio del juego. Había que verla alabando el dominio del inglés de sus convecinos, y menos mal que se paró ahí y no siguió con el francés, el griego y hasta con alguna expresión del habla cubana? O ver el desfile de políticos y empresarios que acuden, cuando viene a España, a rendir pleitesía a Sheldon Adelson, el fundador de Las Vegas Sands y promotor de este dichoso Eurovegas que, como editorializaba The New York Times hace unos días, es el mayor financiador de los republicanos americanos y del Tea Party, hasta el punto de que es el estadoudinense que está dedicando más dinero a derrotar a Obama, quizás también porque la Justicia de su país está investigando si Adelson violó en Macao la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.

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