Un Gobierno perista

Lejos de activar mecanismos de solidaridad encaminados a corregir la situación -como los impuestos a los que más tienen y ganan-, el ultraliberalismo integrista que domina el mundo no cesa de propiciar el escapismo y el descontrol del dinero a modo y manera de las políticas de Thatcher y Reagan que hicieron descender, en su época y con sus prácticas neoliberales, la fiscalidad sobre los ricos en más de 40 puntos. Mientras no se cesa de poner en marcha ajustes y recortes que cuestionan el Estado de derecho, el Estado de bienestar, la Justicia social, la equidad y la igualdad, un ejército de delincuentes habituales en forma de deportistas de élite, artistas, banqueros y grandes empresarios, que en ocasiones hasta consiguen cual dioses elevarse a los altares, utilizan todas las artimañas posibles para evadir impuestos de infinitas maneras.

Los últimos datos que conocemos de España son auténticamente definitorios. El año pasado el fiscal general del Estado Conde-Pumpido nos advertía que los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se habían incrementado en un 40% y por las mismas fechas Francia nos descubría que más de 3.000 fortunas españolas tenían una cuenta en Suiza. Pero claro, todo eso es pecata minuta. La realidad es que a través de recursos legales, más o menos legales o claramente ilegales en forma de fundaciones, paraísos fiscales, deslocalizaciones, sociedades patrimoniales, sicav, facturas falsas, argucias empresariales?etc, cada año se dejan de ingresar al fisco miles y miles de millones de euros. Según el Sindicato de Técnicos del ministerio de Hacienda, España es el tercer país más defraudador de la UE, con un 23,3% de su PIB. Mientras el 71% de la evasión (44.000 millones de euros) la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas, el ministerio “dedica el 80% de la plantilla (28.000 funcionarios frente a los 140.000 de Francia o los 150.000 de Gran Bretaña) a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pequeñas empresas y de algún trabajador que haya olvidado alguna partida en su declaración”. Según los técnicos de Hacienda el principal problema de la economía española es el profundo descenso de los ingresos tributarios y el fraude fiscal y calculan una reducción de más de 50.000 millones de ingresos por este concepto. Según el investigador en fraude fiscal Friedrich Schneider en un estudio realizado sobre España en 2009, “la erradicación de la economía sumergida supondría un aumento del PIB superior a los 200.000 millones de euros”.

Para el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 82% de las empresas del Ibex (Santander, BBVA, Endesa, Repsol, Iberdrola, Gas Natural, Inditex, etc), acude a paraísos fiscales para reducir sus impuestos y entre todas ellas cuentan, en 27 países, con 272 filiales ocultas a Hacienda. También la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) ha denunciado que los beneficios de las grandes sociedades españolas tributan mucho menos que un mileurista -por la ausencia de límites en la deducciones- y urge ?afirman- abordar la reforma del Impuesto de Sociedades si se quiere garantizar el cumplimiento de los objetivos del déficit.

Y hay casos sintomáticos, claro. Resulta curioso ver en la lista de las empresas que se pasean por los paraísos fiscales a las eléctricas y petroleras españolas que se quejan de que soportan un déficit tarifario que tenemos que pagar todos los españoles con un aumento continuo del recibo de la luz; o a Zara que se ahorra un buen fajo de impuestos al facturar sus ventas en Internet desde Irlanda o al ínclito Emilio Botín, que aplaude a rabiar cada una de las medidas de ajustes y recortes de Rajoy y que pide más y más, (“las reformas son duras pero imprescindibles”) y que tenía como mínimo 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC?Y como Botín, vemos a muchos de ellos pidiendo cada día más reformas, menos impuestos, menos administración, menos servicios públicos?

Un informe de la OCDE de diciembre del año pasado señalaba a España como uno de los países europeos donde más se nota el incremento de las desigualdades sociales debido a la pérdida generalizada del empleo y llamaba a la creación de puestos de trabajo, a la potenciación de la educación, la sanidad y los servicios sociales “gratuitos y de calidad” y aseveraba que, para garantizar todo esto “los gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin de velar porque los individuos más acaudalados satisfagan su parte correspondiente”. Es lo que hizo Obama en Estados Unidos poniendo en marcha la “tasa Buffett” que grava un 20% más a los millonarios para ahorrar tres billones de euros y reducir el déficit al 2,3% en 2020, o lo que puso en marcha Sarkozy en Francia o lo que planteó hace unas semanas Mario Monti: “Los sacrificios tenemos que hacerlos todos. Es justo que no sólo paguen la crisis los jubilados, sino también los ricos”.

Pero eso solo pasa fuera. Aquí nos gusta ser más papistas que el papa. Nos gusta ser más neoliberales que nadie y por eso Mariano Rajoy acaba de poner en marcha una enorme y tremendamente injusta amnistía fiscal que solo favorece a los más ricos y poco aporta a las arcas de un Estado que ya anda anunciando recortes a la sanidad y a la educación. Desde el PP nos dijeron que no se tocarían los impuestos ni se abarataría el despido y fue lo primero que hicieron. Más tarde afirmaron que se podría tocar todo menos la sanidad y la educación y ya andan anunciando otra cosa. Pero lo de ahora no tiene nombre: en el año 2010 se atisbó una amnistía fiscal por parte del PSOE y Rajoy afirmó que esa ocurrencia no la apoyaría su partido en ningún caso y María Dolores de Cospedal puso el grito en cielo porque la consideraba “impresentable”, “injusta” y “antisocial”. “No es de recibo ? decía- que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que defraudan se les perdone”. Y no le falta razón, pero lo han hecho. Han puesto en marcha una amnistía que permite repatriar fondos de paraísos fiscales tributando al 8% previa exoneración de cualquier responsabilidad penal. Como escribió Victoria Prego, el Gobierno se presta a hacer “de perista del dinero negro y lo compra a precio de oro”. Se premia de una tacada a los defraudadores en una medida cuestionada por las asociaciones judiciales y por eminentes juristas que dudan de su constitucionalidad, y se obvia la ejecución de una política fiscal justa y equitativa que haga que pague más quien más tiene para pagar, que ponga en valor la persecución del fraude y del delito fiscal. Y para colmo, el Gobierno popular designa como número dos de la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) a Pilar Valiente, que tuvo que dejar la Comisión Nacional del Mercado de Valores por su implicación en el “caso Gescartera”. Para el profesor de Economía Política Luigino Bruni cuando se produce una amnistía de este tipo los comportamientos civilmente reprobables tienden a aumentar: “hay una parte de los ciudadanos honrados pero decepcionados que cambia de comportamiento, puesto que deja de incluir esos comportamientos ilícitos condonados en el ámbito de la ética pública y los deberes cívicos, para incluirlos en el ámbito del mercado, de los precios y de las mercancías”. En estos días la Agencia Tributaria nos está llamando a todos a consultar y confirmar nuestro borrador de la declaración de la renta 2011 ¿Lo haremos sin chistar? Los inspectores de Hacienda creen que la amnistía “deslegitima al Estado” y temen un derrumbe de la conciencia de los ciudadanos, pero me temo que ya no nos queda conciencia ni para el derrumbe.

Antonio Morales Méndez