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Togas por tricornios
Resulta que nuestra derecha buscaba golpistas en Cataluña cuando en realidad los tenía en el Congreso de los Diputados en sus propios escaños. La jornada del jueves en el Congreso fue vergonzosa y verecunda después de que las tres derechas quisieran boicotear la aprobación de la reforma para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional.
La derecha nacional presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar esa votación democrática en las Cortes. Puro golpismo almibarado. Cuando se habla de separación de poderes del Estado se ha de tener claro que el Poder Legislativo es independiente del judicial y viceversa, y por lo tanto este último no puede hacer política como si estuviese en el Parlamento.
Lo más curioso es que el Tribunal Constitucional iba a dilucidar sobre un asunto capital cuando los mismos miembros del órgano llevan años caducados. Eso es como si un parlamentario quisiese votar en el Parlamento cuatro años después de acabar su mandato. Es absurdo que un jurista que ha terminado su mandato desde hace años pueda decidir sobre el futuro de él mismo en el Tribunal Constitucional.
El ponente de este órgano para este asunto es el polémico Enrique Arnaldo, designado por el PP y hombre cercano a la Fundación Faes de Aznar. Este juez dijo que el reparto en el Tribunal Constitucional era obsceno unos años antes de aceptar ser nombrado. Todo un dechado de virtudes y de coherencia. Llegó a estar imputado por casos de corrupción del PP. Por cierto, que los miembros del Tribunal Constitucional cobran 150.000 euros al año, muchísimo más que el presidente del Gobierno de España e incluso más que Isabel Natividad Díaz Ayuso, que ya es decir.
El socialista Felipe Sicilia se dirigió a la bancada del PP para decirle que el 23 de febrero de 1981 “quisieron parar la democracia con tricornios”, en referencia al golpe de Estado fallido de Tejero, y ayer “quisieron hacerlo con togas pero no lo consiguieron”.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra (títere fue), quiso defender a su partido afirmando que aquel veintitrés de febrero gobernada el centro derecha en España como queriendo hacer ver que Tejero no era de los suyos. Tejero evidentemente no era de izquierdas sino de ultraderecha y eso es algo que debe preocupar mucho al PP ya que el partido ultraderechista Vox no es más que una escisión de antiguos dirigentes y militantes del Partido Popular. Son vasos comunicantes.
El mayor responsable del bloqueo institucional del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es el principal partido de la oposición, que quiere seguir controlando estos órganos de la justicia desde la política. Cuando el PP tuvo mayoría en el Congreso y gobernó en España ya se preocupó de designar a sus magistrados y juristas de confianza en estas dos instituciones para que sirvieran de correa de transmisión de sus actos.
El PP, al que el Tribunal Supremo condenó como organización criminal por un latrocinio continuado en varios casos de corrupción, quiere seguir controlando a la justicia desde la oposición después de hacerlo desde el gobierno. Ahora ha querido parar una votación recurriendo al Tribunal Constitucional. Esto no ha ocurrido en los cuarenta y cuatro años de democracia en España y tampoco en ningún país de nuestro entorno democrático.
Rajoy modificó unilateralmente el delito de malversación y la elección del Consejo General del Poder Judicial, y el PP ha bloqueado en los últimos cuatro años la renovación de este órgano que debe hacerse por mandato constitucional. Debe ser que el PP apela a la Constitución solo cuando le interesa. Lo hace en los días pares porque en los impares la conculca solemnemente.
Los miembros de estos órganos tenían que haber sido renovados hace cuatro años pero el PP lo ha impedido poniendo palos en las ruedas de las carretas. Los conservadores están así muy cómodos ya que los múltiples juicios que les esperan necesitan de jueces afines al frente del Poder Judicial para poder salir de rositas.
Todo lo que está ocurriendo demuestra no solo que el poder político quiere tener controlado al judicial sino que los propios jueces se prestan a estas oscuras intenciones a cambio de un buen cargo y un suculento sueldo. Si los jueces actuasen solo de manera independiente y profesional, hoy no estaríamos hablando del bloqueo del Poder Judicial.
Las tres derechas estuvieron a punto de dar un golpe de estado político judicial pero afortunadamente se pudo votar al final en el Congreso porque el Tribunal Constitucional aplazó al lunes su decisión.
Si hubiese decidido ayer a favor del recurso popular antes del pleno, hoy estaríamos hablando de un verdadero golpe de Estado incruento en España. Algo tan grave que la derecha no ha sabido cuantificar suficientemente porque es capaz de lo que sea con tal de volver al gobierno y al poder. Un día llegará y cuando llegue hasta los ateos dirán: que dios nos coja confesados.
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