Urge una Ley de vagos y maleantes

2. La bondad de la originaria Ley de Vagos y Maleantes no queda menoscabada por el hecho de que el franquismo, concretamente a partir de 1954, aprovechara para incorporar a la Ley la represión de conductas (como la homosexualidad y hasta la disidencia política) que la ley de 1933 no penalizaba. Es al texto de 1933 al que me refiero en lo que sigue.

3. La Ley de Vagos y Maleantes vino a resolver, en defensa de los intereses sociales, dos graves problemas que existían entonces y que existen en nuestra sociedad de 2009, con la diferencia de que las Cortes de nuestra democracia no sólo no los han resuelto sino que lustro a lustro, año a año y hasta mes a mes han ido dejando agravar . Esos dos problemas son, por un lado, la lentitud de la Administración de Justicia y, por otro, la saturación de nuestros centros penitenciarios.

4. En efecto, la Justicia era en 1933, como hoy, lenta; y las cárceles estaban, como hoy, a rebosar. Ambos problemas están íntimamente relacionados toda vez que cuando la Justicia no castiga con ágil ejemplaridad los delitos, la impunidad que se encuentran los adolescentes que inician carreras delictivas les hace convertirse en verdaderas máquinas de cometer delitos. Sus actividades se disparan cuantitativa y cualitativamente: cada vez cometen más delitos y cada vez más graves. Además crean escuela con lo que, paradójicamente, la impunidad inicial termina, a medio plazo, llenando las cárceles de personas que, en su mayoría, si hubieran sido rápida y moderadamente penalizadas desde un primer momento no hubieran reincidido ni habrían sido por tanto necesarios su reiterados y prolongados ingresos en prisión. Inversamente, la inflexibilidad con el delito y con los delincuentes desde sus fases iniciales tiende a vaciar las cárceles.

5. Baste un ejemplo de libro para ilustrar esta obviedad. En principio parecería lo lógico que en una dictadura, la de Franco, hubiera más gente en las cárceles que en un sistema democrático medianamente homologable como lo ha sido la España posfranquista. Sin embargo los números, y los hechos, son tercos: en el momento de morir Franco (1975) había unos 7.000 presos en las cárceles españolas, entre ellos unos 300 presos políticos. Diez años más tarde (1985) la población carcelaria rondaba los 35.000, es decir, se había rápidamente quintuplicado. Hoy, en este momento, nuestras prisiones albergan a unas 80.000 personas, es decir, casi doce veces más que en 1975; y aún así pululan libremente por la calle muchos delincuentes habituales que debieran haber sido sentenciados y estar cumpliendo sus penas en los recintos correspondientes.

6. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933 resultó exitosa porque con su claridad (tipificación inequívoca de delitos y establecimiento de medidas concretas de seguridad distintas al ingreso en prisión) simplificó los procedimientos y permitió una ágil respuesta a las conductas delictivas y antisociales más frecuentes por dos vías expeditivas: unos juicios muy rápidos y el cumplimiento de penas en colonias de trabajo.

7. Nuestra democracia debe adoptar similares métodos sin complejos y apresurarse a aprobar una normativa jurídica que permita un freno inmediato a las conductas delictivas y antisociales. Es urgente acabar con la sensación de impunidad que se respira a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

8. Es por ejemplo, señores lectores, cívicamente intolerable que haya gente que se dedique a realizar pintadas en edificios y mobiliario urbano, se les detenga y no pase nada. Es antidemocrático que un individuo sorprendido quemando contenedores continúe al día siguiente en la calle. Repugna al sentido común, y al derecho a la integridad física consagrado en nuestra Constitución, que viernes tras viernes y sábado tras sábado una serie de pandillas perfectamente localizadas e identificadas por la policía se dediquen a buscar bronca y a propinar palizas a ciudadanos pacíficos que se encuentran en situación de inferioridad física o numérica. Dinamita nuestros núcleos turísticos, y por ende nuestra economía, la permisividad que ha habido con los maleantes, locales y foráneos, que hacen del robo y acoso a los turistas su medio de vida. Irrita comprobar cómo siempre son las mismas personas las que hacen uso de menores para explotarlos en la mendicidad o en los hurtos sistemáticos en comercios. Añada usted, señor lector, los etcéteras que quiera.

9. Todos esos maleantes, como por supuesto quienes provocan incendios, y como los alumnos o padres que agreden a profesores o a otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o como los hijos que maltratan a sus padres sin que estos “puedan con ellos”, deben comparecer, de un día para otro, en juzgados especializados y pasar a cumplir sus penas, sobre la marcha, en colonias de trabajo. Unas colonias, o campamentos, que obviamente serán distintos según el nivel de peligrosidad y la edad y sexo de los internos, o que en todo caso estarán divididos en módulos. En el caso de menores de 16 años, estas colonias de trabajo funcionarán a su vez como escuelas, pero eso sí: con una disciplina acorde a su conflictividad.

10. Una buena y moderna Ley de Vagos y Maleantes, puede lograr, además de su efecto principal de poner coto a la creciente peligrosidad de nuestras calles, dos efectos añadidos altamente benéficos en nuestra situación actual: descongestionar nuestras cárceles y descargar de trabajo a nuestros tribunales ordinarios, que así podrán resolver el resto de asuntos con la celeridad exigible.

11. Yo no sé si los señores Zapatero y Rajoy tienen la intención de impulsar (o consensuar, como se hizo en 1933) una Ley de Vagos y Maleantes intransigente con las conductas perniciosas. Me temo que no. Pero sí sé que Canarias cuenta con 28 representantes en las Cortes (15 diputados y 13 senadores) que deberían instarles a ello sin pérdida de tiempo. Y que, si no les hacen caso, estarán no sólo en su derecho sino “en su deber” de tomar las pertinentes iniciativas parlamentarias en beneficio de los ciudadanos pacíficos y sufridos ciudadanos de nuestro Archipiélago y de toda España. Unos ciudadanos que ya tienen bastante con la crisis económica como para que encima el Estado les arrebate (con su negligencia ejecutiva, legislativa, judicial y penitenciaria) el derecho a vivir tranquilos, en paz, y sin ser agredidos, robados ni humillados por una minoría de maleantes a los que hay que pararles los pies en seco y de forma ejemplar y fulminante. Emilio de Fez Marrero