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La ‘remodelación’

La remodelación de la empresa Acciona en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Barranco Seco no ha servido para mejorar las instalaciones, no ha servido porque sigue siendo una antigua prisión franquista. El auto que ha emitido el juez de control del CIE ha confirmado que se sigue vulnerando el Real Decreto de regulación y régimen interior de 2014. 

Uno de los principales aspectos que contempla el reglamento es que este tipo de centros no pueden tener carácter penitenciario. Algo que el propio juez señala como un incumplimiento ya que alerta de que, aunque el Ministerio se ha gastado más de un millón y medio de euros en su remodelación. El juez de control señala que encuentra diversos “sinsentidos” e “irregularidades” en la visita que realiza el pasado día 11 al centro. La opacidad y las malas condiciones de estos centros en Canarias se dan desde 2008, en ese momento La Gaceta de Canaria publicaba noticias sobre el derecho a la información en los CIEs, en los que no se deja entrar a periodistas, pero también hablaban de las carencias de estos centros que suplían organizaciones como Cruz Roja. Más de 10 años después son las organizaciones, como Canarias Libre de CIEs, los que lideran la lucha. 

La cuestión de fondo que nos debe preocupar son las razones por las que el Ministerio del Interior se gasta más de un millón euros en centros que no están cumpliendo con su principal objetivo. Se supone que la misión de que existan los CIEs es devolver al país de origen a las personas que vienen de forma ‘irregular’, sin embargo, esta situación se cumple en un porcentaje ínfimo, en 2016 el porcentaje de expulsión era del 0,63%. Aún con estos datos y siendo conscientes de que el centro de Barranco Seco cuenta con un pasado franquista, fue prisión provincial durante la II República y  durante el Franquismo, el Ministerio sigue sin dar una respuesta que cumpla con la Ley. Es difícil no empatizar o imaginar cómo pueden ser las primeras noches de una persona extranjera en situación irregular, que no ha cometido ningún delito, en una antigua cárcel franquista. Es difícil no imaginar el silencio, el frío o la soledad que pueden llegar a vivir. Un ejercicio de empatía que debería hacer más de un responsable político.

Sobre la necesidad de cerrar los CIEs no solo se han pronunciado organizaciones sociales, Joaquín Astor Landete nos recordaba hace unos meses que los CIEs tenían condiciones peores a las que se pueden encontrar en una prisión. Otros colectivos como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) abogan por otro tipo de recursos que sirvan de ayuda y apoyo a las personas extranjeras en situación irregular. El auto del juez de control de Barranco Seco debe servir no solo para que reflexionemos sobre los recursos que gastamos en los CIEs y la forma en que se gestionan dichos recursos, sino que, sobre todo, debe servir para despertar empatía, una cualidad cada vez menos presentes en los responsables políticos.

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